Cuatro personas de 14 que fueron capturadas en Tunja continúan privadas de la libertad e irán a juicio. Se les acusa de concierto para delinquir, falsedad en documento privado e ingreso abusivo a un sistema informático. La empresa de conducción, que también operaba en Duitama, fue cerrada.
Las autoridades judiciales tratan de establecer cuántas personas están involucradas en los hechos delictivos que ocurrieron durante varios años en Tunja y Duitama, en donde una reconocida academia de conducción expedía falsas licencias y tramitaba diferentes documentos públicos falsos.
En la investigación podrían aparecer también los nombres de centenares de personas que consiguieron esos documentos de manera fraudulenta.
Las labores de seguimiento y vigilancia demostrarían como durante noviembre y diciembre de 2019 a la sede de la academia de conducción no asistieron ni instructores ni estudiantes, pero sí aparecían registradas huellas de supuestos asistentes a las clases.
Durante dos años bajo la dirección de un fiscal de la Seccional Boyacá le siguió la pista a ‘Los Asesores’, que es como fue bautizada esta banda. Las indagaciones preliminares se adelantaron luego de que la ciudadanía alertara a las autoridades sobre la existencia de una escuela de automovilismo que entregaba certificaciones para obtener las licencias de conducir de maneras no legales.
Las labores de policía judicial evidenciaron como más de 200 registros de asistencia a las capacitaciones, a las que deben acudir los aspirantes a obtener su licencia de conducción, habrían sido tramitadas de manera fraudulenta.
Las investigaciones permitieron establecer que cuando los aspirantes contrataban el servicio con la escuela de conducción, solo tenían que cancelar el valor de total curso y proporcionar la huella digital para registrarla en las plataformas SIM.
De estas aparentes irregularidades habrían dado cuenta, al menos, 22 personas. Con esta maniobra ilegal los implicados evitaban el pago de gastos fijos como: mantenimiento de vehículos, el impuesto de rodamiento, la gasolina y los docentes.
Las investigaciones por este delito continúan con las personas que obtuvieron ilegalmente sus licencias pues podrían ser investigados como presuntos responsables del delito de obtención de documento público falso.
Estos resultados hacen parte del cumplimiento de los objetivos del Direccionamiento Estratégico de la fiscalía General de la Nación 2020-2024, trazados por el Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa Delgado.
Hace una semana el periódico EL DIARIO dio a conocer la noticia sobre el operativo realizado contra esta banda de delincuentes e informó que entre los capturados estaban María Elsa Vargas y sus hijas, propietarias de la escuela de conducción ESCAD, con sede en la Avenida Maldonado de Tunja.
El mismo día de la publicación de este periódico, se cumplieron las audiencias de legalización de capturas, imputación de cargos y medidas de aseguramiento.
El caso está ante un Juez de Control de Garantías y de los 14 capturados solo cuatro permanecen privados de la libertad en establecimiento carcelario; la propietaria de la escuela de conducción en la cárcel de Sogamoso y sus hijas y una secretaria, en la cárcel de Duitama.
Dice la Fiscalía que los implicados, al parecer, usaban como fachada esa escuela de conducción desde donde expedirían los documentos y certificados necesarios para obtener licencias de conducción de diferentes categorías.
Seis de los capturados fueron cobijados con medida de detención privativa de la libertad en su lugar de residencia y los restantes seguirán vinculados a las investigaciones.
Además de las propietarias de la academia, entre los judicializados están varios instructores quienes se encargaban de ofrecer dos tipos de servicios a quienes acudían a la escuela de manejo, para obtener sus pases de conducción bien fuera por primera vez o para recategorizar el documento.
Entre los ofrecimientos hechos se tenía la posibilidad de asistir presencialmente a realizar las horas teórico práctica, o no tomar las clases. Así, solo debían su huella dactilar, que posteriormente era utilizada reportada en los sistemas de información de los Servicios Integrales para la Movilidad (SIM).
De esta manera, los implicados evadían los requisitos de ley como son las certificaciones médicas y la certificación de un centro estudios automovilísticos autorizados y hacer constar la experticia y pericia del aspirante.
Este documento era expedido por la escuela de automovilismo usada como fachada por los implicados, omitiendo el cumplimiento de los requisitos básicos.
Los encartados podrían ser condenados a penas privativas entre los seis y los ocho años, de acuerdo con lo que señala el Código Penal Colombiano para ese tipo de delitos.
