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Más de 16 mil de víctimas de desplazamiento forzado participan en los programas para construcción de la justicia social que implementa la entidad en Boyacá. En 2024, la atención a nivel nacional recibió una inversión de más de 1,4 billones de pesos. El director, Gustavo Bolívar, recordó que Prosperidad Social participa en la construcción de la Política pública de soluciones duraderas para la población desplazada internamente en el país.
“El rediseño de las políticas y los programas de Prosperidad Social responde al compromiso del Gobierno del Cambio en ofrecer soluciones duraderas que permitan la reconstrucción definitiva de los proyectos de vida de las víctimas del conflicto armado”.
En el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, que se conmemora este miércoles 9 de abril, el director de la entidad, Gustavo Bolívar Moreno, recordó así la deuda que el Estado tiene con esta población y ratificó el compromiso del gobierno con su reparación y con la construcción de la paz total.
La atención vigente cubre a más de 16.540 víctimas de desplazamiento forzado, con programas de transferencias monetarias y de atención integral para el desarrollo productivo y la seguridad alimentaria.
En 2024, la atención nacional recibió una inversión de más de 1,4 billones de pesos ($1.451.733.358.537). A nivel nacional el mayor número de población víctima atendida por la entidad está vinculada a Renta Ciudadana: 1,8 millones de víctimas recibieron el año pasado acompañamiento de este programa, que está en el centro del sistema de transferencias creado por el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida.
Los otros programas de transferencias también tuvieron población víctima priorizada: Colombia Mayor, 382.356 personas; Devolución del IVA, 786.782; y Renta Joven, 83.434. Para garantizar estas transferencias, Prosperidad Social invirtió buena parte de los 1,4 billones de pesos.
En Boyacá, mediante los programas de transferencias monetarias, se atendió a 2.152 adultos mayores a través de Colombia Mayor; Devolución del IVA, 3.824 personas; Renta Ciudadana, 9.142; y Renta Joven, 1.182.
Aunque esa es la mayor parte del volumen de la inversión, otros programas más concentrados en la intervención integral han sido fundamentales para lo que la entidad aporta a la reparación y para el camino de transformación hacia las soluciones duraderas.
Familias en su Tierra es un programa de atención integral, que en 2024 destinó 2.764 millones para acompañar a 240 hogares víctima de desplazamiento en su camino hacia la integración social y comunitaria, el acceso a alimentos para autoconsumo, el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y la generación o fortalecimiento de proyectos productivos en el departamento.
La entidad invirtió otros 35.424 millones de pesos a nivel nacional en apoyo a hogares víctima que participaron en el programa Iraca, que ofrece también atención integral con enfoque diferencial, y tiene en cuenta las características de la población y del territorio para contribuir a la transformación de las condiciones de exclusión y vulnerabilidad de las comunidades étnicas.
El presidente Gustavo Petro y el director de la entidad han insistido en que los programas sociales deben fortalecer a la población y el tejido social que han construido para que dejen que depender de las ayudas al Estado. En esa línea, Prosperidad Social participa en la formulación del CONPES de Soluciones Duraderas, que busca contribuir a la garantía de derechos y transformación de proyectos de vida de la población víctima de desplazamiento forzado.
“Desde el año pasado, estamos trabajando muy de la mano con la Unidad para las Víctimas y el Departamento Nacional de Planeación en la construcción de este CONPES, en tres focos de intervención: articulación y coordinación interinstitucional; aplicación efectiva de los principios de concurrencia y complementariedad para la articulación entre la nación y los territorios; y adecuación institucional y de oferta programática para prestar servicios sociales adecuados que fortalezcan las capacidades de la población y contribuyan a la cohesión social”, informó Bolívar.
El objetivo del CONPES es mejorar los procesos de articulación y coordinación interinstitucional, para avanzar en la estabilización socioeconómica de la población víctima de desplazamiento, y prestar servicios sociales pertinentes, que brinden respuestas sostenibles y que atiendan efectivamente las vulnerabilidades derivadas del desplazamiento.
En 2023, la incidencia de la pobreza monetaria para la población víctima de desplazamiento forzado fue de fue 47,2 %, informó el DANE en la más reciente medición. Son 4 puntos porcentuales menos que en 2022, pero casi 14 p.p. más con respecto a la incidencia nacional (fue de 33 % en 2023).
Son cifras que demuestran que la situación de desigualdad del país es peor para las víctimas del conflicto. La pobreza extrema para la población víctima de desplazamiento fue de 17,8 % en 2023 (6,4 p.p. más que la incidencia nacional).
