El sacrificio de 19 reses en una finca de Sogamoso la semana pasada, dado que allí se volvió a identificar la reaparición de la fiebre aftosa, es una señal inequívoca de lo poco que hemos avanzamos a la hora de profundizar y sacar adelante procesos que permitan objetivos de largo alcance como es el de erradicar de manera definitiva una enfermedad que afecta las economías locales y nacional en un sector tan importante como el ganadero.
Lo que acaba de pasar, no solo debe servir para revisar a fondo lo que ha sucedido con las campañas específicas de vacunación para el control de la enfermedad bovina, sino que puede ser tomado como referente para evitar situaciones de crisis en otros frentes de la realidad social y económica, y también medir los niveles del compromiso colectivo de lograr objetivos concretos que beneficien a todos.
Con motivo de la reaparición de la enfermedad en la finca de Sogamoso, Colombia perdió enseguida el estatus de país libre de aftosa por vacunación, lo cual le hizo decir al expresidente Uribe que eso era el reflejo de lo que no había hecho el pasado gobierno para evitar el rebrote del mal. Por supuesto alguna responsabilidad le cabe al gobierno de Santos, pero en realidad el problema se remonta a las últimas tres décadas de equivocados manejos de la política agropecuaria y, en particular, de la forma como se manejó el hato nacional. Hace ya 24 años se hicieron transformaciones radicales en objeto misional del ICA institución que quedo prácticamente desmantelada y sin presupuesto, mientras se impulsó la creación del Fondo Nacional del Ganado con la cuota parafiscal que recayó sobre la venta de los animales y la comercialización de la leche. Con la reducción del Ica, como instancia estatal para el control fitosanitario del país y el surgimiento de Corpoica como la proyección comercial de lo que se pensaba debía ser el resultado de la investigación técnica y científica para el sector agropecuario, lo que en realidad pasó fue que el país quedó desprotegido en el frente de la seguridad fitosanitaria y el campo de la investigación y la tecnología desapareció para dar paso a la apertura indiscriminada del comercio de bienes y servicios en manos de las grandes transnacionales de los insumos: agroquímicos, semillas y maquinaria; así que Corpoica jamás produjo los resultados esperados, mientras que los gremios del sector, cada uno en su perspectiva y a su manera, terminaron creando circuitos excluyentes de negocios para defender y consolidar intereses, tal como sucedió con los ganaderos en Fedegán y el Fondo Nacional del Ganado.
La cuota parafiscal que pagaron todos los colombianos que tenían de una vaca en adelante, terminó sosteniendo un aparato burocrático altamente costoso que defendía una visión económica, política y territorial, parcializada, cuyos resultados están a la vista: los escándalos de corrupción alrededor de los dos últimos presidente de Fedegán, uno de ellos, preso por su participación en la parapolítica y el otro que no pudo acceder finalmente a la Contraloría General de la República, por los cuestionados manejos del gremio y de los recursos del Fondo Nacional del Ganado que se dedicaron a las nóminas costosísimas de sus administradores y a cuidar los intereses de los grandes ganaderos y terratenientes, de un lado; y, del otro, en el impulso de proyectos como la cadena de frigoríficos regionales de carácter privado que pretendieron imponerse durante los dos periodos del expresidente Uribe, con el poco claro objetivo de quedarse con el monopolio del sacrificio de animales para el abastecimiento de carne en todo el territorio nacional.
De modo que ahora el rebrote de la fiebre aftosa, que pone en riesgo la producción de carne para exportación y aprieta más las dificultades de los productores de leche, en especial de los pequeños y mediaos, que son la mayoría en el caso nuestro, deja al descubierto estos graves errores en la forma como se ha llevado la política agropecuaria del país y lo que sucede cuando la cúpula de los gremios sesga su acción para lograr exclusivos beneficios; así que en el caso de Boyacá, los ganaderos que han pagado las contribuciones parafiscales, han visto cómo esos recursos jamás los han retribuido con algún proyecto de importancia, y en cuanto a las campañas de vacunación, ni el ICA como la entidad estatal que debiera garantizar su cumplimiento y cobertura total, ni Fabegan, que es la representación gremial, ha cumplido a cabalidad su misión. El resultado es lo que acaba de pasar. Es hora de que el gobierno ponga los ojos en la redefinición del papel del ICA, así como los ganaderos replanteen muchas cosas en el orden gremial.
