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La Sala de Primera de la Corte Suprema de Justicia confirmó la fase de juicio contra el representante a la Cámara de Boyacá y decretó distintas pruebas, dentro del proceso de juzgamiento que se le sigue por la presunta comisión del delito de prevaricato agravado.
Cuando era juez de ejecución de penas de Tunja, Pedro José Suárez Vacca, ahora representante a la Cámara por Boyacá, habría participado en una red de sobornos, en los que cobraba por otorgar beneficios a delincuentes.
En esencia, en eso consiste la investigación que en su contra adelanta la Corte Suprema de Justicia, instancia que es la encargada de juzgar a los aforados; es decir a las personas que tienen un fuero por su cargo o papel en la sociedad.
Entre los aforados están los congresistas, senadores y representantes a la Cámara, los ministros, el Procurador General, el Contralor General, el Defensor del Pueblo, los embajadores, los gobernadores, magistrados de tribunales y generales y almirantes de la Fuerza Pública.
La investigación contra Suárez Vacca data de hace varios años (2008), pero el columnista Yohir Akerman es quien no ha dejado dormir el proceso, pues de manera insistente ha estado realizando publicaciones sobre lo que él ha denominado el entramado de corrupción que existió en el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja.
En una de esas columnas Ákerman reveló la presunta participación del Representante a la Cámara por Boyacá en la manipulación de sentencias a cambio de sobornos.
En contra de Suárez hay testimonios de un exescolta suyo, que denunció que fue víctima de amenazas de muerte por su colaboración con la justicia.
Suárez Vacca enfrenta acusaciones graves por corrupción, durante su tiempo como juez. Se le investiga por presunto prevaricato y concierto para delinquir.
De igual manera, se investiga si el congresista habría recibido sobornos para otorgar beneficios irregulares, como la prisión domiciliaria, a condenados, entre ellos un narcotraficante. Este último, aprovechando la casa por cárcel, habría continuado delinquiendo, siendo capturado nuevamente por tráfico de drogas.
Los testimonios obtenidos revelan un modus operandi corrupto que incluía la manipulación de repartos judiciales y la obtención de beneficios judiciales a cambio de sobornos. Suárez Vacca habría coordinado este esquema con la complicidad de otros funcionarios judiciales, incluyendo a Lesly Rocío Cruz Chacón.
Además, se ha revelado que el congresista mantenía contactos en Medicina Legal para obtener beneficios por enfermedad terminal no compatible con la cárcel. Todo esto evidencia un entramado de corrupción que ha afectado la integridad del sistema judicial en el departamento.
Desde el 2024 la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al representante del Pacto Histórico.
“Conrertamente, en 2008 el entonces juez le concedió prisión domiciliaria a una persona privada de la libertad y ratificó su decisión en septiembre de 2009 cuando ya tenía conocimiento de que el detenido había sido condenado por secuestro simple”, señaló la Corte Suprema.
Precisó además la corporación que Suárez Vacca sustentó la decisión “en que el hombre era padre cabeza de familia “y que supuestamente “sus hijos estaban en abandono, lo que se habría evidenciado en una inspección judicial”.
Sin embargo, esa inspección no se habría realizado y lo que habría existido era un acta levantada en la oficina del juez.
Ahora, la Sala rechazó una solicitud de cierre del proceso, que alegaba que la acción penal por la que es investigado el congresista había prescrito y confirmó la fase de juicio contra el Representante decretando distintas pruebas dentro del proceso de juzgamiento que se le sigue.
La Corte rechazó una solicitud de cierre del proceso (cesación del procedimiento) elevada por la defensa del congresista, quien señalaba que el supuesto delito de prevaricato por acción agravado había prescrito en la etapa de investigación porque su presunta ejecución no fue continuada en el tiempo.
Tales argumentos fueron rechazados por la Sala de Primera Instancia, la cual consideró que los términos de prescripción no estaban acreditados, puesto que, según los cálculos, debería superar en el tiempo los 18 años (que sería la pena máxima a imponer) de la presunta comisión de la conducta y hasta el momento solo han pasado 14.
Además de rechazar la solicitud de cierre del proceso y determinar al contrario la continuidad del mismo (donde fijará en los próximos días la fecha de la audiencia de juzgamiento), la Sala decretó, por solicitud de la defensa, los testimonios de varios excolaboradores del representante a la Cámara en el juzgado en 2008-2009, el testigo estrella en su contra Jhon Carlos Mancipe, y un miembro de la Policía.
Suárez Vacca ha dicho que la investigación y el juicio serán una oportunidad de ser escuchado y mostrar las pruebas de su inocencia.
Ha dicho, igualmente, que está tranquilo frente a la investigación y que confía en la imparcialidad y objetividad de la alta corte.
