La condena en primera instancia contra Dalila Yasmín Pamplona Pacheco no sólo revela las grietas éticas de la política local, sino también los lentos pasos de la justicia y la necesidad de la veeduría ciudadana en los municipios colombianos.
El 17 de febrero de 2025, el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Tunja emitió una sentencia que, por su simbolismo, marca un precedente que trasciende las fronteras del pequeño municipio boyacense. La exalcaldesa de Motavita, Dalila Yasmín Pamplona Pacheco, fue condenada en primera instancia a nueve años y dos meses de prisión por el delito de peculado por apropiación en concurso homogéneo y sucesivo, a título de coautora, tras demostrarse irregularidades en la contratación de eventos culturales y deportivos durante su mandato (2012–2015).
El caso, aunque aparentemente menor en términos económicos, desnuda un patrón común que atormenta a la administración pública local: contratos directos, pagos sin ejecución real, favores políticos o cuotas disfrazadas de gestión cultural. En el expediente se mencionan desembolsos por actividades no realizadas y otras ejecutadas parcialmente —entre ellas, un campeonato relámpago de microfútbol y presentaciones artísticas nunca efectuadas— que fueron pagadas con dineros del erario.
La Fiscalía había seguido la pista desde hace casi una década, con imputaciones que datan de 2018 y con expedientes fiscales parcialmente archivados por prescripción o por falta de pruebas suficientes. Aun así, la reciente sentencia demuestra que el hilo de la investigación no se rompió del todo, y que los procesos judiciales, aunque lentos, pueden llegar a concretarse cuando hay persistencia institucional de los organismos de control y presión ciudadana.
Más allá del veredicto
Pamplona Pacheco no fue la única condenada. En el mismo proceso se incluyeron exfuncionarios de su gabinete y contratistas vinculados a la celebración de las fiestas del municipio en honor a la Virgen de las Aguas, en el año 2012. Los delitos comprobados evidencian la apropiación de recursos públicos y una red de complacencia técnica que permitió la ejecución irregular de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
A propósito, el juez ordenó:
“La privación de la libertad en el presente asunto se torna necesaria desde ya, atendiendo que nos encontramos ante una conducta atentatoria de la administración pública que afectó a toda una colectividad como lo es el municipio de Motavita (BOY), además que, con su comportamiento, los aquí condenados defraudaron las expectativas de la sociedad, frente a la moralidad y la ética que, como servidores públicos, debían observar sin perder de vista que la corrupción en el sector público genera efectos negativos para la sociedad en general, pues promueve la descalificación de las entidades públicas y por lo mismo impide la correcta inversión de los recursos en la población.” Manifestó el juez Manuel Rodríguez Acevedo en la sentencia.
La sentencia, sin embargo, no está en firme. Los abogados defensores interpusieron recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Tunja, lo que abre una nueva fase del proceso. Aunque algunos de los condenados han recurrido a acciones de tutela, estas han sido negadas en las diferentes instancias, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Es importante aclarar que, a la fecha, de los cuatro condenados, solo uno cumple su condena.
En Colombia, la lucha contra la corrupción suele tropezar en ese tramo de recursos y paso del tiempo: cuando en la segunda instancia se diluyen los efectos de la primera y las condenas, en algunos casos, se vuelven simples titulares de noticias.
La ética de lo público
El caso de Motavita obliga a pensar más allá de los nombres propios. ¿Qué dice de nuestro sistema político que un municipio de menos de 7.000 habitantes repita los mismos vicios contractuales de las grandes capitales? La corrupción, en los pueblos, no sólo roba dinero: mina la confianza, destruye el tejido social y deja en ridículo la noción misma de servicio público.
Mientras tanto, los organismos de control —Contraloría, Procuraduría y Fiscalía— continúan actuando con ritmos “tortuosos”, atrapados en la burocracia procesal. Lo preocupante es que, pese a la condena, no hay certeza sobre la reparación económica al municipio ni sobre la posibilidad de que los dineros desviados sean efectivamente restituidos.
Un llamado al seguimiento
Esta sentencia no debe entenderse como el cierre de un caso, sino como el inicio de un proceso que debe involucrar el control ciudadano: vigilar que las penas se cumplan, que las apelaciones no sean excusas para dilatar los términos, y que la justicia local recupere su dignidad.
Si alguna enseñanza nos deja el caso de Dalila Yasmín Pamplona Pacheco, es que la corrupción no es un accidente administrativo, sino un modelo de poder que se sostiene en la impunidad y la indiferencia. Sólo una ciudadanía vigilante, informada y exigente puede romper ese ciclo.
Porque en los municipios pequeños donde casi todos se conocen, la honestidad debería ser más fácil de practicar —y la corrupción, un imposible de ocultar—.
Aprovecho este ejemplo para hacer un llamado, advertir y promover la activación de las veedurías ciudadanas, ahora que en Tunja inician las contrataciones relacionadas con el Aguinaldo Boyacense.
