Hoy, 7 de enero de 2019, terminan 20 años, tiempo durante el cual se cumplió el contrato de disponibilidad de potencia, PPA, de Paipa IV, por un valor anual de USD$ 40,32, más de 800 millones de dólares durante el tiempo del compromiso, para remunerar una obra que costó en su momento unos USD$ 200, obligación contraída por la Nación, y que se constituye en uno de los contratos más leoninos llevados a cabo en el país, como consecuencia de la normatividad surgida luego del apagón de 1992.
Cumplidos los 20 años del contrato, los operadores aseguraron todo el tiempo el enorme negocio, cobraron sin problemas, obtuvieron lo proyectado como utilidades y al final se quedan con la propiedad definitiva de la Planta que debió revertir como patrimonio a la nación.
Terminan 20 años de este contrato, durante los cuales los productores de carbón térmico del departamento fueron tratados como actores de segunda, a quienes se les trató de la peor manera, se les pagó el carbón como les pareció a los responsables de turno; el gobierno nacional usó el contrato para manipular el manejo de la empresa de Energía de Boyacá, hasta su venta definitiva y el departamento vio durante este tiempo cómo sus recursos naturales y su ventaja geoestratégica solo sirvió a las empresas asociadas al usufructo de la IV Unidad.
Y los 20 años del PPA no terminan de cualquier manera. Los dueños del negocio de Termopaipa IV, no contentos con los extraordinarios resultados al final del ejercicio, en los últimos años demandan a la nación y logran, en un tribunal de arbitramento, una indemnización por casi cien mil millones de pesos que, desde luego, saldrán del bolsillo de todos los colombianos.
Por supuesto, nadie en este país responderá por todo esto; empezando por el presidente Gaviria, los ministros de minas y energía de entonces, Juan Camilo Restrepo y Guido Nule, y personajes regionales como Jorge Perico Cárdenas,, Alfonso Salamanca, José Benigno Perilla, Eduardo Vega, y gerentes de la empresa de energía como Adolfo Figueroa.
Boyacá podría ser uno de los jugadores más importantes del sector minero-energético en Colombia, pero eso no ha sido posible, dado que durante los últimos 50 años hemos carecido de una clase empresarial y política que sea capaz de entender, proyectar, ejecutar y consolidar procesos de gran escala. Y lo peor, en el horizonte inmediato, todo parece indicar que nada cambiará.
