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Sobre la colaboración con la justicia de la excongresista, el ente investigador dijo en las últimas horas que las declaraciones y testimonios que ella ha entregado se basan en información confusa, contradictoria y que no se sustenta en evidencias que corroboren sus afirmaciones.
Una solicitud de acceder a ‘inmunidad penal total’ a cambio de contar la verdad sobre su participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, UNGRD, hecha por la exconsejera para las Regiones Sandra Liliana Ortiz Nova fue rechazada por la Fiscalía.
“La defensa de la procesada ha solicitado inmunidad penal total a través de la celebración de un principio de oportunidad, pretensión que ha rechazado el equipo de fiscales, debido a la gravedad de los delitos por los que está imputada y, además, privada de la libertad: lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público”.
Desde que Sandra Ortiz fue salpicada en el escándalo ha buscado un acercamiento con la justicia. Su pretensión es cambiar su testimonio y entregar material probatorio a cambio del recibir el beneficio judicial.
Pero la Fiscalía le respondió que no es posible entregarle la ‘inmunidad total’ debido a la gravedad de los delitos. También señaló que el testimonio que ha entregado Ortiz hasta ahora se basa en información confusa, contradictoria y que no se sustenta en evidencias que corroboren sus afirmaciones.
“Sandra Ortiz había manifestado que revelaría públicamente los términos de los acercamientos y los detalles que dice conocer sobre el entramado de corrupción, lo cual hace bajo su responsabilidad y sin que ello comprometa a la Fiscalía en el marco de la justicia premial”, puntualizó la Fiscalía.
Sin embargo, hay muchas pruebas testimoniales, documentales, chats, videos y fotografías en contra de la exfuncionaria que comprometen a Sandra Ortiz como pieza clave en el entramado de corrupción en el que se desviaran los fondos destinados a la atención de desastres en departamentos como La Guajira y que esos recursos se utilizaron al pago de coimas para dar trámite a reformas del Gobierno Petro que debían ser aprobadas por el Congreso de la República.
La Fiscalía ha señalado a Ortiz de entregar 3.000 millones de pesos al senador Iván Name (expresidente del Senado) por aparente orden del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González. Las entregas se habrían realizado en dos partes en un lujoso apartamento del edificio Basell I de Bogotá.
Los testimonios de Ortiz es clave en la medida que puede testificar contra los demás implicados en este entramado de corrupción y de desvío de recursos públicos.
La exconsejera Sandra Ortiz le responde a la fiscalía
