El general Moreno, la mano dura de un alcalde conciliador

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Por | Ricardo Rodríguez Puerto, director de EL DIARIO

Lo ocurrido ayer durante las manifestaciones en Tunja, con gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y un profesor herido, merece explicaciones de las autoridades. También obliga a examinar el manejo político de la protesta y el papel del secretario del Interior y Seguridad Territorial, brigadier general (r) Óscar Antonio Moreno Miranda, quien ha estado al frente de la Alcaldía durante la ausencia del titular.

No se trata de atribuirle, sin pruebas, cada decisión operativa de la Policía. Se trata de exigirle la responsabilidad política que corresponde a su cargo: explicar qué se hizo para prevenir los enfrentamientos, qué posibilidades de diálogo se agotaron y bajo qué criterios se produjo la intervención.

Hoy, en nuestro #ForoaDIARIO, les preguntamos a los lectores cómo califican la actuación policial. Habrá quienes la consideren necesaria y quienes vean excesos o represión. En un país tan polarizado, difícilmente habrá acuerdo. Pero las autoridades tienen que ofrecer algo más que argumentos para alimentar a uno u otro bando: deben entregar información que permita establecer qué ocurrió.

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La coyuntura también sirve para evaluar el estilo del general Moreno dentro de una administración cuyo alcalde, Rafael Guillermo Acevedo Pedroza, ha mostrado disposición a escuchar y concertar. El contraste empieza a hacerse visible. Mientras el mandatario procura acercamientos, algunas decisiones y actuaciones de su secretario están produciendo fricciones con sectores que necesitan interlocución, no nuevos motivos de distanciamiento.

Uno de ellos es el de los bares y establecimientos nocturnos. El general ha defendido las restricciones de horarios como instrumento de seguridad. La preocupación por el orden es legítima, pero reducir el tiempo de funcionamiento del comercio tiene consecuencias que la administración debe considerar con la misma seriedad.

De esa actividad viven propietarios, empleados, taxistas, proveedores, jóvenes que combinan el estudio con el trabajo y mujeres que sostienen sus hogares. En una ciudad con dificultades para generar empleo, recortar la jornada comercial no puede convertirse en la respuesta habitual a los problemas de convivencia.

Los controles son necesarios. También lo son las sanciones a quienes incumplen. Pero la administración debe demostrar, con resultados, que las restricciones generales mejoran la seguridad y que su costo no termina recayendo sobre quienes trabajan y cumplen las reglas.

Gobernar la noche exige presencia institucional, vigilancia y acuerdos verificables con los comerciantes. Cerrar más temprano puede reducir algunas exigencias del servicio policial; eso, por sí solo, no demuestra que resuelva los problemas de la ciudad.
Las tensiones tampoco se limitan al comercio nocturno. Ayer, durante una reunión sobre presupuestos participativos, dirigentes comunales reclamaron espacios de diálogo. Ese llamado merece atención, especialmente porque se trata de una política pública en la que la participación ciudadana es esencial.

La Secretaría del Interior debe facilitar esa relación. Las juntas de acción comunal necesitan respuestas claras, oportunidades para intervenir y respeto por su representación. Cuando una reunión termina concentrada en reclamar que se escuche a los asistentes, algo en la interlocución está fallando.

El general Moreno tiene experiencia en seguridad. Precisamente por eso debería comprender que la autoridad de un secretario también se construye con la capacidad de tramitar desacuerdos. Una comunidad que reclama no es, por ese solo hecho, un problema de orden público.

Volvamos a la protesta de ayer. Las autoridades conocían la convocatoria y tenían la oportunidad de preparar su respuesta. Por eso deben explicar qué mecanismos de interlocución dispusieron, qué evaluación hicieron de los riesgos y qué hechos concretos determinaron el uso de gases y artefactos aturdidores.

También hace falta conocer qué se discutió y qué quedó registrado en las instancias de coordinación. Si hubo un Puesto de Mando Unificado, sus conclusiones deben contribuir a esclarecer las decisiones. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se buscó proteger a manifestantes, policías y demás personas presentes.

Los insultos contra los uniformados son reprochables. Las agresiones, cuando se presentan, deben investigarse. Pero la actuación de la fuerza pública exige distinguir conductas y responsabilidades. No basta con invocar la alteración del orden para dar por explicada cualquier intervención.

El profesor herido merece atención y esclarecimiento de lo sucedido. La ciudad merece una explicación completa, que no dependa únicamente de los fragmentos de video y las versiones enfrentadas que circulan en redes.

Acevedo ha procurado construir una relación de cercanía con distintos sectores. Le corresponde cuidar esa forma de gobernar y asegurarse de que sus funcionarios la acompañen. Las dificultades que produzca un secretario terminan comprometiendo a toda la administración, y el costo político lo asume también el alcalde.

El general Moreno puede aportar su experiencia sin convertir cada diferencia en un pulso de autoridad. Escuchar a los comerciantes, responder a los comunales y facilitar garantías para la protesta son obligaciones del cargo, tan importantes como atender los problemas de seguridad.

Ojalá revise el tono y los métodos. Tunja necesita firmeza frente a la violencia y capacidad de diálogo frente al desacuerdo. El general ya no ejerce como comandante de la Policía Metropolitana: hoy es un funcionario de un gobierno civil y debe responder como tal.

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