Por | Miguel Ángel Barreto Castillo / Senador de la República
Al inventario de males que se ciernen sobre el mundo, y en particular sobre Colombia, hay que añadir el de las desigualdades sociales y económicas. El Banco Mundial dijo recientemente que entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) somos después de Brasil el más desigual de América Latina y el Caribe.
Pero como no se trata de llorar sobre la leche derramada, propongo revisar con lupa algunas de las recomendaciones que ese organismo internacional le hace a nuestro país en el informe denominado “Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia”.
El Banco Mundial toma como referente el coeficiente de Gini para medir la desigualdad por ingresos, de modo que Colombia se ubicó en 0,53 en 2019, elevándose a 0,54 en el primer año de la pandemia (2020). No es fácil alcanzar los estándares de un país como Eslovaquia (el más equitativo de la OCDE con un índice de 0,24) pero estamos en la obligación de ensayar medidas para no ser más los coleros del paseo.
Luego de diagnosticada la situación, los expertos sugieren que se lleven a cabo reformas políticas que conduzcan a cambiar el mapa social en el que siguen ganando terreno -por citar apenas dos de los indicadores- la informalidad laboral (que hoy bordea el 60%) y las brechas territoriales, que hacen que tengamos regiones ricas y regiones pobres.
En el primer punto aconsejan, entre otras soluciones, la reducción de trámites burocráticos para la contratación laboral formal y la eliminación de barreras para el acceso equitativo al trabajo, especialmente para las mujeres.
Quiero recordar que desde el Congreso estamos tramitando el proyecto de ley 154 de 2021 con el fin de impulsar la posibilidad de un empleo digno y formal para los jóvenes, lo que se puede lograr si en la misma medida estimulamos a las empresas mediante la reducción de cargas tributarias.
Hemos propuesto, por ejemplo, la definición de tarifas preferenciales en el impuesto de renta: bajarla del 35% al 28%, siempre y cuando los empresarios demuestren que la mitad de su fuerza laboral la conforman jóvenes –hombres y mujeres- entre los 18 y 28 años de edad.
Ahora bien, como defensor del campo y de la industria agropecuaria, creo que allí tenemos mucho por hacer para cerrar las brechas regionales. Téngase en cuenta que, según la Encuesta de Cultura Política del DANE 2019, Colombia es un país orgullosamente rural.
De acuerdo con la autoridad estadística, el 31,8% de la población se identifica como campesina, pero esa cifra es mayor en la región oriental (44.3%) y aumenta aún más en departamentos como el Cauca (48,8%), mientras que en la región central, a la que pertenecen departamentos como Tolima y Boyacá, es del orden del 36,4%. Incluso, como dato curioso, el 10% de quienes viven en Bogotá se asumen como población campesina.
Suena romántico pero no lo es. Si las desigualdades galopan en las grandes capitales, qué decir del campo, donde las brechas se acentúan y hay mayores dificultades para acceder a la educación y a la salud de calidad.
Repito aquí lo que le dije en su momento a la señora ministra de transporte en un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, a la cual pertenezco: Necesitamos mejorar las vías terciarias para que el desarrollo pueda conectar con la ruralidad. Sin carreteras no hay paraíso y eso no resiste ninguna discusión. Por eso insisto –y lo haré hasta el cansancio- para que se mejoren los rubros del presupuesto de infraestructura vial para articular las cabeceras municipales con las veredas y a las zonas veredales entre ellas.
Nos dice el Dane (Censo 2018) que más de 11 millones de colombianos (22,9%) viven en las zonas rurales. Y en esos lugares hay seres humanos: 2.2 millones son niños y jóvenes que merecen oportunidades.
Desde esta tribuna, exhorto a mis colegas para revisar concienzudamente el recetario de posibles salidas que nos ofrece el Banco Mundial y la manera de llevarlas a la práctica: garantizar oportunidades equitativas en educación y salud, mejorar la progresividad del sistema tributario y reorientar las transferencias y los subsidios a los más necesitados, promover mercados laborales más inclusivos, atenuar las desigualdades territoriales y reducir el impacto de los choques climáticos sobre los más vulnerables.
Hay demasiado por hacer, la historia nos llama a legislar en contra de las inequidades y a buscar una posición menos vergonzosa en el escalafón de la OCDE.
