Por |Juan David Escobar Cubides / @JuanDaEscobarC
Durante más de una década hemos escuchado constantes críticas a la política criminal colombiana dado que la misma ha sido una colcha de retazos de los gobiernos de turno, pues hasta tanto no sea implementado como una medida estructurada, encaminada a prevalecer en el tiempo para prevenir el crimen.
A nuestro juicio esto se presenta por innumerables vacíos, pero principalmente por tres deficiencias.
En primer término, existen ambigüedades con los datos sobre los índices de criminalidad y del sistema penitenciario. Se ha visto que en reiteradas ocasiones el Estado no brinda certeza y precisión sobre la información de las cifras de criminalidad y del sistema carcelario. Y ello se traduce en un resultado negativo dado que cuando no hay conocimiento veraz sobre las cifras, se torna imposible implementar una política criminal que funcione correctamente dentro del conglomerado. La precariedad es enorme y esto es precisamente lo que obliga a los organismos competentes a improvisar sobre los índices proporcionados a la comunidad. Cuando la información es difusa e incoherente, no hay seguridad jurídica que pueda garantizar el buen funcionamiento del sistema penal acusatorio.
En segundo término, encontramos que las cifras sobre la criminalidad son diversas no solo por su inexactitud, sino también porque generalmente las entidades que arrojan estos estudios son diferentes. Por tal motivo, tienden a efectuar estudios diversos, incompletos, flojos y amañados según sus posturas personales. Se presenta abrupta subjetividad en una situación que merece todo lo contrario: imparcialidad y objetividad en el análisis. Pues se han conocido múltiples casos de académicos que requieren cifras veraces para realizar investigaciones de campo sobre la criminalidad y el sistema carcelario en Colombia, pero cuando pretenden obtener datos reales, encuentran todo lo contrario, o en el peor de los casos ni obtienen la información requerida. Motivo por el cual les toca interponer derechos de petición o en su defecto acciones de tutela innecesarias.
Esto no debería ser así, porque dicha información debe proporcionársele a cualquier ciudadano de manera sencilla a través de la creación de una plataforma tecnológica basada en la era digital. Hay que evitar los trámites innecesarios según lo dispuesto en el decreto 019 de 2012 conocido como ley anti-trámites. Infortunadamente, en la práctica ocurre lo contrario.
En tercer término, constituyéndose aquel como el más degradante, hemos observado que la política criminal ha sido un foco de improvisación de los gobiernos de turno colombianos, ya que siempre se han tomado medidas repetitivas y represivas, carentes de estructura y argumento jurídico-empírico. Esto se presenta porque las normas son reformadas constantemente sin efectuar estudios previos que determinen indicadores serios sobre los desaciertos y los posibles correctivos frente a estos.
Ahora bien, en dos puntos ¿Qué tratamiento podemos inicialmente brindarle a esta problemática?
Primero: Es indispensable darle fin a las ambigüedades sobre los datos de criminalidad a través de un único organismo que se encargue de regular exclusivamente el asunto. De tal manera que, solo sea este quien se concentre en efectuar dicha labor con el fin de brindar seguridad y certeza sobre los índices de criminalidad en Colombia. Una vez contemos con esto es fácil tomar cartas en el asunto para reducir la criminalidad de manera potencial. De lo contrario, la política criminal seguirá siendo imprecisa, inexacta y, sobre todo, ineficaz.
Si queremos combatir a la criminalidad en su totalidad, no sólo es necesario contar con una fuerza pública organizada sino también con un sistema de datos sólido que nos permita evidenciar empíricamente el número real, y las causas del crimen. Además, a través de dicho sistema podremos proporcionarles a los ciudadanos toda la información requerida sin que deban acudir a otros mecanismos como el derecho de petición o la acción de tutela, para obtener la información.
Segundo: Es prioritario que los gobiernos establezcan un diálogo idóneo entre academia y ciudadanos para identificar los problemas comunes sobre el asunto. No basta con hacer uso de argumentos cantinflescos, tales como “para reducir la criminalidad solo debemos tener determinación para enfrentar a los criminales” pues ello a toda luz se queda corto, según la coyuntura nacional. Debemos buscar soluciones aterrizadas y ello lo logramos con la participación de la academia, quien se encargará de brindarle estructura y argumento jurídico a la situación determinada. De tal manera que, toda reforma que pretenda adelantarse por los gobernantes no sea por consecuencia de su libre arbitrio, sino por la aprobación de los verdaderos conocedores del asunto: los académicos.
Solo así podremos en el transcurso del tiempo, consolidar una efectiva política criminal que sí sea de Estado y no del gobierno del momento. De lo contrario, continuaremos decayendo cada vez más en este aspecto. Teniendo en cuenta que, en nuestra opinión, consideramos relevante lo anteriormente mencionado por cuanto sabemos que existen otras formas de lograr soluciones efectivas.
