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En Colombia, un país con una historia marcada por desigualdades profundas. El Gobierno de Gustavo Petro ha propuesto una ruptura al orden establecido, priorizando políticas que buscan disminuir las brechas sociales.
Desde el inicio de su mandato ha puesto énfasis en la justicia social y las inversiones para los sectores más vulnerables. Sin embargo, muchos de estos logros han sido minimizados o distorsionados por los medios tradicionales, que en su mayoría están controlados por un pequeño grupo de familias que han dominado la información y las narrativas del país durante décadas. A pesar de estos intentos de desinformación, los avances alcanzados hasta ahora son innegables.
Uno de los programas más destacados es la Renta Ciudadana, introducida mediante el Decreto 618 de 2023, que ha beneficiado a más de 3.3 millones de familias en extrema pobreza, entregando hasta $500.000 mensuales. Esta transferencia directa no solo ayuda a garantizar lo más básico, como alimentos y educación, sino que también tiene un impacto significativo en la reducción de la pobreza extrema. Según el DANE, en 2022, la pobreza extrema afectaba al 12.2% de la población, un porcentaje que, con políticas como esta, está en vías de disminuir.
En el ámbito pensional, el gobierno ha aprobado la Ley 2301 de 2023, que establece un sistema más justo para los adultos mayores sin pensión, garantizando un subsidio mensual equivalente a medio salario mínimo. Esta reforma beneficiará a más de 2.5 millones de personas, que hasta ahora han vivido sin un ingreso fijo en su vejez. Este cambio se presenta como una corrección a un sistema pensional históricamente excluyente, que solo ha favorecido a un pequeño sector de la población.
En el campo de la educación, el gobierno de Petro ha destinado una inversión histórica de $54 billones para 2024, el presupuesto más alto en la historia del país. Gracias a esta inversión, más de 720.000 jóvenes colombianos podrán acceder de forma gratuita a la educación superior en universidades públicas.
Además, se ha destinado un monto adicional de $4 billones para mejorar la infraestructura escolar, especialmente en zonas rurales. El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) ha entregado 400 proyectos en las zonas más apartadas del país, beneficiando a más de 114.000 estudiantes, lo que representa un avance crucial para reducir las desigualdades educativas que históricamente han afectado a las regiones más vulnerables.
Si bien la transición hacia energías renovables, apoyada por el Decreto 1347 de 2023, aún está en sus primeras fases, el gobierno ha puesto en marcha políticas para fomentar el uso de energías limpias y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
Aunque los beneficios inmediatos de esta transición no son visibles aún, la apuesta por un futuro más sostenible ya está en marcha, con el objetivo de lograr un desarrollo económico que también respete el medio ambiente.
El gobierno también está llevando a cabo reformas de gran calado en otros aspectos sociales. A través de la Ley 2301, además de ofrecer un subsidio pensional para los adultos mayores, se está trabajando en un sistema más inclusivo y progresivo que busque integrar a los sectores históricamente marginados del sistema pensional. Esta iniciativa, a pesar de los obstáculos y las críticas, busca construir un modelo de bienestar social que atienda las necesidades más urgentes y garantice una vejez digna para millones de colombianos.
Asimismo, el gobierno ha propuesto nuevas reformas al sistema de salud, que buscan hacer de la salud un derecho garantizado para todos, independientemente de su condición económica. Estos esfuerzos se centran en garantizar que los servicios médicos sean accesibles, especialmente en las zonas rurales y para los sectores más vulnerables.
En varias ocasiones, el presidente Petro ha planteado ideas ambiciosas para transformar la infraestructura del país, como la construcción de aeropuertos, vías férreas y hasta conexiones tipo Canal de Panamá. Si bien estos proyectos aún no han comenzado, representan un idealismo que podría materializarse a largo plazo, siempre y cuando se dé continuidad al modelo de cambio que su gobierno plantea. Este tipo de propuestas reflejan una visión de futuro que, aunque parece lejana, sienta las bases para imaginar un país con mejor conectividad y oportunidades. No se trata únicamente de promesas, sino de una hoja de ruta que busca redirigir las prioridades nacionales hacia un desarrollo más integral.
Defender el gobierno de Gustavo Petro implica reconocer que, aunque no todos los proyectos han avanzado al ritmo esperado, su administración ha priorizado políticas sociales inmediatas que buscan atender las necesidades más urgentes de los colombianos.
Aunque los grandes proyectos de infraestructura no se han materializado, su gobierno ha planteado una visión transformadora que, con más tiempo y continuidad, podría generar el cambio estructural que tanto necesita el país. Lo importante es entender que el cambio profundo no ocurre de la noche a la mañana y que, pese a los retos, se han dado pasos importantes para sentar las bases de un modelo más equitativo y justo.
*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan la postura editorial de EL DIARIO.
