Alejandro Fúneme remplazará en el cargo a Pablo Cepeda con la responsabilidad de tomar importantes decisiones en materia de administración de servicios públicos. El caso de los residuos sólidos es el que implica mayor detenimiento y análisis de parte del nuevo Alcalde y del nuevo Concejo.
El periodo de gobierno de Pablo Cepeda está a punto de terminar. Quedan dos meses apenas para que termine su mandato, y como es habitual en cada cierre de gobierno hay un listado de tareas completas y otro de las que quedan por terminar.
Un capítulo que requiere especial atención es el manejo o administración de los servicios públicos, que durante la Administración Cepeda hicieron ruido entre la ciudadanía por la falta de claridad para entender los modelos bajo los cuales fueron concesionados y el tiempo que resta a dichas concesiones.
A empaparse del tema
El primer caso es de acueducto y alcantarillado, servicios que fueron concesionados a Veolia Aguas de Tunja en 1996 por espacio de 30 años. Hoy, cuando se habla de una posible crisis por falta de agua, de unas utilidades cercana as a los cuatro mil millones anuales, que no son reinvertidas en la infraestructura de acueducto de la ciudad, y de una de las tarifas del servicio más altas en todo el país; son varios los partidarios de no extender la concesión que desde la empresa buscan alargar por un periodo de 30 años. Claro está que no todo ha sido negativo, pues Veolia y la Administración Municipal han juntado esfuerzos para llevar el servicio a sectores apartados y rurales, prueba de ello es la construcción y puesta en funcionamiento del acueducto de occidente. También puso a funcionar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), aunque aún no termina la polémica por la no entrada en funcionamiento y daños estructurales del primer módulo de dicha PTAR.
“Para el caso de Veolia, está presentada la solicitud de prórroga por parte de la empresa, en atención a la construcción de la fuente alterna. Es una propuesta inicial que se recibió y sobre la cual la Alcaldía hizo unas observaciones frente a la posibilidad de profundizar un poco más, conocer mejor el modelo financiero que permita establecer la duración que ellos plantean, y la inclusión y revisión de algunas cosas técnicas que sería prudente conocer. El afán de poder tratar este tema involucra la definición de las inversiones, pensando en que una nueva fuente no se va a construir en uno o dos años. Esta propuesta entonces está en revisión para seguir siendo debatida con Veolia desde el punto de vista técnico, financiero y jurídico”, señaló Guillermo Jiménez, secretario de desarrollo de Tunja.
Se hizo la luz
Durante unos cuantos meses, en lo referente al alumbrado público, reinó la confusión entre los tunjanos por el fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá que ordenó la suspensión del contrato con la empresa Unión Temporal Ciudad de Tunja S.A, dado que esta última había heredado dicha concesión de la Unión Temporal Ciudad de Tunja A.P, con la cual se hizo la negociación durante el periodo de gobierno de Jairo Aníbal Díaz. Sin embargo, aclaran desde la Alcaldía que lo que determinó el Tribunal Administrativo de Boyacá fue la nulidad absoluta de la cesión realizada en el año 2000, no del contrato de concesión.
Por eso, días después de conocido y analizado el fallo, lo que buscó determinarse fue la existencia de la primera unión temporal, esa a la que se le había adjudicado la operación del servicio. Miembros de la unión temporal que se creía extinta aparecieron días después para hacerse cargo del contrato y para sacar del apuro al Alcalde que pensó en declarar la calamidad pública o la urgencia manifiesta para evitar un mayor caos en la ciudad.
“Inicialmente la Alcaldía había determinado que el concesionario no estaba vigente, no existía; pero la manifestación jurídica de algunos de sus miembros, diciendo que sí existían, que estaban y que estaban interesados en seguir; llevó a que hace muy poco fuera legalizada ante la Alcaldía esta unión temporal, que manifiesta que está vigente y en capacidad de prestar el servicio, cumpliendo así con el contrato inicial”, indicó Jiménez.
Así las cosas basta advertir que la discusión por el contrato para la operación del servicio de alumbrado público se aleja del escenario del nuevo Concejo y del nuevo Alcalde, pues el contrato está vigente hasta 2029.
¿Sociedad que se recicla?
Para el caso del manejo de residuos sólidos, Alcaldía de Tunja y Servigenerales conformaron una sociedad en la que la Administración Municipal representa un 30% y Servigenerales el 70%. De allí nació ServiTunja, sociedad que contractualmente llegó a su fin hace un poco más de tres meses.
La empresa de aseo se tomó el atrevimiento de extender la existencia de forma unilateral e indefinida, a lo que la Administración Municipal se negó, estableciendo un plazo de 18 meses a partir del nuevo mandato para definir el nuevo tiempo de vigencia de la sociedad.
“Hay pendiente una acción judicial de una acción popular que interpuso la Alcaldía de Tunja, que inicialmente se aceptó, y que tuvo un auto inicial del juzgado, pero que está sin fallar, haciendo alusión a la ya conocida acta de asamblea del 28 de diciembre de 2015, en la cual se habla de la prórroga indefinida de la duración de la sociedad. Eso fue lo que se objetó y está en discusión en el juzgado. Se pidió inicialmente una prórroga de cuatro meses pues hay que recordar que los 12 años, que establecieron como permanencia del municipio en la sociedad, vencieron en el pasado mes de junio. Posterior a esto el honorable Concejo adicionó este tiempo, para un total de 22 meses, que incluyen estos cuatro que ya estaban. Es decir que quedan 18 por cursar, 18 meses que establecimos con el objeto de que la próxima administración pueda analizar el modelo de recolección de servicios, verificar sí le parece conveniente el manejo técnico. Que tenga también el tiempo de revisar la parte contractual y jurídica, de modo que tenga una herramienta de más a la hora de definir si continúa o no en esta sociedad”, agregó Jiménez. Según explica el Secretario, el fallo que tome el juzgado será determinante para establecer el proceso a seguir.
En esa ptar los ciudadanos Tunja os hemos pagado a la empresa de servicios una tasa de contaminación desde el 2012. Con el decreto 2667 del 2012 y ley 1450del 2011. Dentro de cada metro cúbico de agua que se paga. Denominada tasa retributiva hasta 2019, y además se paga costo medio de inversión dentro del mismo metro cúbico del alcantarillado que nos cobran. Y no se les olvide que la relación de los gastos administrativos no va relacionado al consumo sino al total de los usuarios.
No se les olvide que dentro del metro cúbico de acueficto también se paga una tasa por uso que según la ley 1450del 2011 debe ser utilizada para protección de las acuíferos. Pero si no se protegen los humedales y los chircales obvio que va a existir desabastecimiento. El usuario con el pago de su fra paga desde el 2012 para cuidar los acuíferos así sean subterráneos; construcción de la planta ptar. Que hasta hoy día corpoboyaca debería implementar y efectuar controles. O es que desde el 2012 nos vienen saqueando. Y ese aumento de la tarifa del alcantarillado es arbitraria dado a que no botamos la basura en las alcantarillas para que nos aumenten de esa forma.