Hoy es el día internacional del perro, aunque ese es un homenaje que en Boyacá no pasa más allá del formalismo en el calendario, pues a lo largo y ancho del departamento se encuentran perros en situación de abandono. Las políticas públicas promovidas y promulgadas hace unos años, se quedaron en el papel, y hoy es más que evidente la necesidad de prestar atención a una problemática que va más allá del simple abandono de uno de estos fieles animales.
Los tiempos cambian y las expresiones también. De la coloquial y muy conocida “como a perro en misa” solo queda el recuerdo, pues hoy no hace falta que estén en medio de un templo para recibir el desprecio de la gente, basta con que estén en situación de abandono y que residan en alguno de los 123 municipios de Boyacá.
El departamento hoy se raja en materia de políticas públicas de protección animal. A comienzos de 2018 se promovió, tramitó y firmó una ordenanza que tuvo a los por entonces disputados Jaime Raúl Salamanca, Guillermo Sánchez, Donald Ferney González, entre tantos otros, posando para la foto; pero luego la tan aclamada política se quedó en el papel
Hoy el único de los municipios boyacenses que cuentan con un censo de animales en situación de calle es Tunja, pero dicho censo ha perdido vigencia con el paso de los años, y más todavía con algo tan cambiante como es la población animal abandonada.
Para Karen Molano, directora de la Fundación Salva, “es una situación fuera de control. Es un tema muy difícil el de los animalitos en situación de calle, pero lo más difícil está en las zonas rurales, porque en las ciudades por lo menos encuentran gente que se preocupa por ellos y les dan de comer”.
Molano ha dedicado su vida al rescate, recuperación y cuidado de animales abandonados, y hoy ve con desilusión el manejo que se le da a nivel público a esta problemática, que no es ajena a la ciudadanía, pues los animales en abandono tienden a convertirse en problema de salud pública. Molano no se explica el alcance o el uso que se le ha dado a la unidad móvil quirúrgica que opera menos de lo que debería a falta de recursos o por dificultades técnicas.
De acuerdo al censo realizado hace unos años por la UPTC, en Tunja podría haber alrededor de 2.000 perros en situación de calle, aunque esa es una cifra que ha podido variar significativamente, puesto que actualmente no se cuenta con un sistema que permita hacer control sobre nuevos perros en dicha condición, y tampoco de aquellos que, por una u otra razón, hayan dejado de hacer parte de la población en cuestión.
De lo que sí se tiene conocimiento es del número de esterilizaciones hechas en Tunja a lo largo de 2020: 392. Para los conocedores es una cifra significativamente baja, más si se tiene en cuenta el dato oficial entregado por el censo, en el que se establece la existencia de por lo menos 2.000 perros en abandono. “Eso es lo que esterilizan en una semana en una localidad en Bogotá. Necesitamos que estas campañas de esterilización sean masivas y se sotengan a lo largo del año”, agrega Molano.
Pero eso no es lo único alarmante en este sentido, pues a la capital boyacense le hacen falta cosas como el establecimiento de un hogar de paso, el centro de bienestar animal, una unidad móvil veterinaria propia del municipio, la realización de bases de datos para el establecimiento de un registro único de propietarios.
Valga aclarar que recientemente se firmó un convenio, por valor de $303 millones, con el que se pretende brindar atención médica veterinaria, realizar procedimientos quirúrgicos, esterilizaciones por vía quirúrgica, atención de emergencias, hospitalización, exámenes o pruebas de laboratorio, baños medicados tratamiento TVT (Tumor Venéreo Transmisible) alimentación, guardería servicio de coso municipal, realización de talleres de tenencia responsable de mascotas, y la elaboración de un diagnóstico para el control y manejo de palomas. Convenio, que por ese valor parece quedarse corto para alcanzar todas las metas que se han propuesto.
Y eso que Tunja parece ser el municipio con mayor avance en lo que refiere a políticas públicas de protección animal, pues en los demás municipios, más allá de un acuerdo para el establecimiento de una supuesta política de protección animal, no existe ni siquiera un censo, que sería el primer paso para definir las acciones a seguir y hacer frente a esta problemática.
Con el censo en mano es posible definir acciones a seguir para la implementación de programas o políticas destinadas a la atención de urgencias veterinarias, brigadas médicas, programas de adopción, programas de educación y programas de esterilización.
“Nos hace falta un liderazgo en temas animalistas, pero uno que no solo se meta en política utilizando esta bandera, sino que realmente trabaje y gestione políticas y recursos para la atención de los animales”, comenta Molano.
