Por: Servilio Peña Ponte, especial para EL DIARIO
En días pasados, fue denunciado el desalojo de cientos de guaqueros en el sector de la quebrada “Las Ánimas” del Municipio de Quípama, impidiendo el desarrollo de su actividad de minería de subsistencia, por parte de una empresa privada que aduce la aplicación de un “amparo administrativo”, decretado por la Agencia Nacional Minera sobre el titulo minero ED4-151.
Aunque la empresa Puerto Arturo SAS, responsable de este título, explica que acude a este “amparo” para proteger el bienestar, la salud y seguridad de sus trabajadores y de la comunidad y para evitar desastres, contaminación y el deterioro de la única carretera que comunica a la zona minera con los municipios de Muzo y Quípama, es claro que este hecho abre un debate regional, sobre las implicaciones que trae la nueva normatividad para el manejo y administración de las concesiones mineras frente a las necesidades de cientos de familias, que han vivido históricamente del oficio de “la guaquería”.
Y en este propósito, de alguna manera, han sido más efectivos los dueños de las concesiones privadas para la explotación de esmeraldas. No sólo para aplicar nuevos modelos laborales de explotación de las esmeraldas, sino para garantizar que el Estado, a través de sus agencias y mismo Ministerio de Minas, les permitan blindar su actividad y alejar definitivamente de sus territorios a las personas que desarrollan “actividades informales de barequeo en condiciones altamente peligrosas”.
Sin embargo, el tema no es tan fácil. La situación que atraviesan miles de guaqueros o barequeros de Muzo, Quipama, Maripí y San Pablo de Borbur, ha venido agudizándose en los últimos años. Afrontan la seria amenaza de que su saber ancestral desaparezca, por cuenta de un decreto gubernamental. Y por ello, han acudido a acciones como la organización de asociaciones de pequeños mineros y el llamado a varias mesas de trabajo a nivel de municipios para discutir con los alcaldes su futuro.
“Nunca se valoró la mirada y percepción de miles de familias, que en algún momento dependieron única y exclusivamente del oficio de pequeña minería de subsistencia. Recordemos que parte de las narraciones espontaneas sobre la crudeza de las guerras vividas en Occidente, por el dominio de las esmeraldas, tiene relación a hallazgos, disputas, venganzas y contradicciones, originadas en la búsqueda tradicional de esmeraldas”.
Debe leer: ¡Conmemoremos juntos 30 años de la firma del acuerdo regional de paz!
Para muchos observadores, este fenómeno es una de las deudas que nunca resolvió el llamado: “Acuerdo regional de paz de Occidente de Boyacá” que está próximo a cumplir 30 años. Argumentan que nunca se definió la suerte de los guaqueros, porque quedó en el ambiente la idea de que dicho acuerdo de paz, sería firmado por quienes ejercían los dominios de los territorios con riqueza de esmeraldas. Es decir, nunca se valoró la mirada y percepción de miles de familias, que en algún momento dependieron única y exclusivamente del oficio de pequeña minería de subsistencia. Recordemos que parte de las narraciones espontaneas sobre la crudeza de las guerras vividas en Occidente, por el dominio de las esmeraldas, tiene relación a hallazgos, disputas, venganzas y contradicciones, originadas en la búsqueda tradicional de esmeraldas.
Otros analistas afirman que este es el verdadero termómetro que tendrá el “acuerdo regional de paz”. Porque se trata del debate por el dominio, posesión y aprovechamiento de un territorio que desde épocas prehispánicas, ha mantenido riqueza en piedras preciosas. Ese acumulado de conocimientos, los pequeños mineros y sus familias los reclaman como parte de su sustento diario. Son pobladores que hoy ven amenazado realmente su saber, sus herencias y su ancestralidad. Por ello, reclaman una mayor consideración del Estado, para mantener vigente su economía, a partir de la búsqueda de esmeraldas mediante métodos artesanales, actividad que se remonta desde siglos atrás. Sin embargo, este debate ha sido aplazado por años. Afirman algunos observadores, que ni siquiera la presencia de un congresista como Héctor Ángel Ortiz Nuñez, que llegó a esta alta dignidad con los votos de esta región de influencia esmeraldífera, ha servido para facilitar la apertura de un gran acuerdo regional sobre el futuro de la minería tradicional.
La otra mirada de este fenómeno regional, toca aspectos desde lo antropológico y cultural. En particular, crecen las voces que reclaman un estudio riguroso que defina a “La Guaquería” como un saber tradicional con marcada influencia en la región de la cuenca baja del río minero en el Occidente de Boyacá. Y por tanto, un saber que merece tener tratamiento de “patrimonio cultural inmaterial”. En dicho sentido, el primer municipio en incluir esta práctica en un registro de “inventario de patrimonio cultural inmaterial”, fue San Pablo de Borbur (2017). En este inventario, apoyado por la Secretaría de Cultura de Boyacá, se estableció un capítulo especial, que definió a “La Guaquería” como una de las cinco expresiones de la cultura inmaterial más importantes. Hoy existe la intención de la ONG “Boyapaz”, la UPTC y la Universidad del Rosario, de dar paso significativo para realizar los estudios y consultas para declarar a “La Guaquería” como un oficio tradicional, que reúne los méritos para su declaratoria como patrimonio. De llegarse a este punto, el oficio tradicional de “La Guaquería” pasaría a ser objeto de protección del Estado, con posibilidades de acceder a financiación para su conservación, su divulgación y su apropiación entre las comunidades.
En todo caso, lo ocurrido la semana pasada en la quebrada “Las Ánimas” del Municipio de Quípama advierte, de paso, que éste será el gran “reto social” que tendrá que afrontar el gobierno de Ramiro Barragán, a través del asesor para el diálogo social, Pedro Pablo Salas. No sólo porque está en juego la vida y la subsistencia de miles de familias que han ocupado estos territorios, bajo la premisa de conservar este saber y que hoy están llamadas a desalojar los territorios. Sino porque siempre existe la amenaza latente de volver a brotes de hostilidad, movilizaciones masivas y bloqueos en las zonas de explotación de esmeraldas. En la mitad de este juego, permanecen las alcaldías municipales. Algunas de ellas, con las manos muy amarradas y con herramientas casi nulas, porque, precisamente, las nuevas normas de las agencias y del Ministerio, le brindan garantías y protección a las acciones y procedimientos de los propietarios de las concesiones. Por eso, el tamaño del reto para el Gobierno Departamental y para los parlamentarios de Boyacá no es cualquier cosa. Precisamente, en el marco de la celebración de los 30 años del “Acuerdo regional de paz” de Occidente de Boyacá, éste debate merece toda la atención y todo el cuidado. Según algunos, para evitar que la inequidad, la pobreza y la miseria, que siempre han sido las variables que acompañan la explotación de esmeraldas, llegue a sus puntos más críticos e irreversibles.
