Esto es lo que se deduce después de analizar a fondo el tema de la actividad mineroenergética en Paipa, donde por ejemplo, aguas termales son un recurso de los colombianos.
Hundida la consulta, ¿vía libre a los proyectos mineroenergéticos en Paipa?
En principio, la respuesta podría ser que sí, que están superados los escollos para que la minería, tal como se ha venido haciendo, continúe y que las plantas de generación térmica, no solo sigan operando, sino que se amplíen a los niveles a los que hoy se podrían llevar si se decidiera optar por el carbón como fuente determinante de la generación eléctrica y los dueños de las actuales generadoras, u otros empresarios, participan y ganan la adjudicación de una expansión que podría ser dos o tres veces la de la actual capacidad existente.
Sin embargo, la discusión apenas comenzaría si se miran con más cuidado los asuntos que están en juego. Es evidente que la controversia entre la minería a cielo abierto y su posible afectación a las zonas de recarga de los acuíferos que producen las aguas termominerales de la región, únicas en Colombia, son un asunto que va más allá del municipio, que interesa a todos los boyacenses y en general a los colombianos; así que decidir sobre este inestimable recurso, correspondería a todos en el país. Y sucede lo mismo con la ampliación de las plantas de generación térmica, cuya construcción, permanencia y resultados también son asuntos del departamento y de la Nación. De hecho, el complejo termoeléctrico de Paipa es estratégico para la seguridad del sistema interconectado nacional, mientras que la construcción y operación de la Cuarta Unidad, fue posible gracias a que se comprometió a todos los colombianos con el pago de su operación en los 20 años que están a punto de cumplirse.
Entonces, que se hubiera hundido la convocatoria a la consulta popular por la decisión de la mayoría en el Concejo que terminó votando en contra del proceso, para nada da por culminada la discusión; al contrario, debe animar aún más el debate sobre las disyuntivas planteadas.
Los concejales no estuvieron convencidos
Es curioso que todos los concejales que votaron por el no, para evitar la convocatoria de comunidad paipana para que fuera ella la que decidiera en las urnas si quiere más minería a cielo abierto y ampliación de las actuales plantas de generación termoeléctrica, hayan presentado disculpas a los presentes en el recinto del Concejo y a sus electores, porque, según dijeron, era posible que estuvieran cometiendo un error; quiere decir que en realidad no estuvieron convencidos de que lo que hacían era bajo la certeza de una actuación correcta y sin tacha.
De los trece concejales que forman la plenaria de la corporación en esta ciudad, uno se declaró impedido por conflicto de intereses, dado que pertenece a una de las empresas mineras que operan en el municipio, mientras que 11 lo hicieron en contra de la convocatoria a la consulta y solo uno manifestó su voto en favor de que fueran los ciudadanos de Paipa los que decidieran en las urnas.
Esto deja claro que la discusión sobre la minería no es un tema agotado y que por el contrario, el asunto seguirá ocupando el interés de muchos paipanos -si no de la mayoría-, que, con seguridad, continuarán discutiendo sobre este asunto, del que hay que decir, además, que no solo corresponde a los habitantes de este municipio, sino que debiera ser de incumbencia de todo el departamento, incluso del país entero, dado lo que está en juego.
Decidir si son más importantes las puzolanas que las aguas termominerales, de las cuales quieren disfrutar todos los colombianos y determinar lo que va a pasar con la generación termoeléctrica a partir del carbón, en los actuales momentos, son asuntos que trascienden las fronteras del municipio y del departamento.
Las posiciones en juego
La primera, la de los promotores de la consulta encabezada por el abogado Francisco Cipagauta, quienes han venido haciendo un juicioso trabajo de defensa del medioambiente en el municipio, el cual parte de la evidencia empírica sobre el agotamiento de las fuentes de agua en la jurisdicción, lo que es comprobable en el tiempo con la desaparición paulatina de quebradas, humedales y la disminución radical de caudales de los otrora ríos internos que, al paso que van las cosas, también desaparecerán.
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Según los argumentos del comité promotor de la consulta, también son evidentes las graves afectaciones a la calidad del aire en el municipio, con las emisiones de las unidades térmicas, cuyo efecto se considera negativo para la salud de los habitantes y el impacto del material particulado que ensucia físicamente los alrededores de las plantas, afectando buena parte del caso urbano.
En cuanto a la minería a cielo abierto de las puzolanas, las cuáles se usan en la producción de cemento y que se han vuelto producto apetecido de exportación, su extracción es defendida a capa y espada por los empresarios del sector, quienes manifiestan que la suspensión de la actividad acarrearía consecuencias muy graves para el empleo y la economía de la región. Sin embargo, esta actividad está alterando de varias maneras el equilibrio ambiental en el municipio; lo primero, la modificación el paisaje, que es considerado uno de los mayores tesoros de este territorio, dando como afectación estética la desaparición de cerros enteros en la zona de explotación; a su vez, la extracción de los materiales se supone que está alterando las zonas de recarga de los acuíferos de las aguas termales, que a su vez son consideradas una de las mayores riquezas de la región.
De acuerdo con las argumentaciones presentadas en el concejo, la explotación de las puzolanas a cielo abierto, está destruyendo los circuitos de recarga del acuífero, lo cual pude llevar a agotarlo o a deteriorar la calidad de las aguas termominerales. Según uno de los expositores en el Concejo, al parecer los caudales de estas aguas han disminuido en su disponibilidad y temperatura en los últimos años, de acuerdo con los registros de los usuarios de las mismas. De paso, con lo que acaba de suceder en torno a la controversia por este tipo de minería y sus afectaciones, ninguna instancia del gobierno o del sector privado, presentaron estudios sobre el estado las aguas termales. Nadie sabe a ciencia cierta, o por lo menos en esta discusión no se dijo, cuál es el nivel de reservas, la precisión de las zonas de recarga, el impacto de la minería en estos procesos y en lo que puede desembocar el agotamiento de las reservas de las aguas termonminerales, lo cual se considera que sería una pérdida mayor que todo lo que puedan producir las puzolanas que se exploten.
Por otra parte, el cuestionamiento es para la posible ampliación de las unidades de Termopaipa. Para el comité promotor de la consulta es evidente que la ampliación de las platas traería más consumo de carbón y por lo mismo mayores emisiones de cenizas que aumentarían de manera grave la contaminación del agua, el suelo y el aire. En cambio, la consulta no iría a afectar la minería tradicional del carbón en socavón, toda vez que se considera una actividad ancestral y que no estaría en el límite de daños irreparables como los de las actividades ya descritas.
Una iniciativa frustrada
Otra característica de esta consulta es que se hizo como iniciativa ciudadana a través de la recolección de firmas, distinto a lo que había sucedido hasta ahora, cuando las anteriores consultas se habían hecho por iniciativa de instancias administrativas.
El haberse optado por la vía de las firmas, sirvió para minar el proceso ya que se cuestionó que si se habían recolectado más de siete mil firmas, la Registraduría había eliminado la mitad, y sin embargo daba para convocar la consulta, pero se extendió el manto de duda sobre quienes hicieron la recolección, diciendo que habían alterado los formatos de las firmas llenándolas por unas pocas personas. Sin embargo, es en este punto donde puede estar la salvación del proceso. Como es la primera consulta que se hace en el país a partir de las firmas de la comunidad, cumpliendo los términos que establece la ley, y ese requisito se cumplió siendo el fundamento de la convocatoria, el Concejo solo tenía que avalar el proceso para hacer oficial la consulta, así que sus promotores estiman que debe haber algún camino en la formalidad jurídica para volver al objetivo inicial que es de permitirle a los ciudadanos decidir libremente con su voto sobre la sustancia del asunto.
A su turno, la contraparte de la convocatoria, es decir los mineros de las puzolanas y los representantes de las empresas generadoras, Gensa y Sochagota S.A., hicieron el lobby correspondiente, en primer lugar con los concejales para lograr las mayorías que votaron por la convocatoria de la consulta, lo cual al final se dio.
El juego de la polarización
Todo esto arranca de una premisa: que las partes son irreconciliables en sus intereses. Los promotores de la consulta, del lado de la defensa del medio ambiente, asunto que en efecto atrae y convence dado lo que sí está sucediendo con el clima, con la destrucción y desaparición de la biodiversidad, la escasez cada vez mayor del agua, lo que se comprueba todos los días. Del otro lado están los empresarios con sus intereses específicos, los cuales también son argumentos para declararse contrarios e intransigentes, frente a las pretensiones de los ambientalistas, como les dicen a los promotores de la consulta. Durante las discusiones en el Concejo se presentaron argumentos de lado y lado, pero no hubo la argumentación técnica y científica de alguna autoridad que dirimiera o conciliara las diferencias. Corpoboyacá asegura que tiene todos los estudios sobre la región, a partir del ordenamiento de la cuenca del Lago Sochagota, pero para los efectos de este proceso no se presentó.
También hay distinguir dos intereses distintos: el de los mineros, tanto del carbón como de las puzolanas y demás materiales de minería que se extraen del suelo en distintas partes del municipio, y el de las dos compañías generadoras. Los mineros tradicionales, que son todos, tal como lo demostraron en las sesiones del concejo donde intervinieron, han explotado sus productos ya por varias generaciones, siendo así pertenecientes a familias de la comunidad, cuyas pugnas y rivalidades, acercamientos y amores han estado todo el tiempo, lo cual hace que sean conflictos casi que familiares, pero que en todo caso pertenecen a la estructura social profunda de la región. Ellos representan intereses económicos que han venido creciendo y que no se quieren sacrificar, pero, de hecho, es más manejable y natural.
El otro lado está con las grandes empresas, que en este caso son las generadoras; como se sabe, hasta hace 14 años, tres de las cuatro unidades de generación, pertenecían a la Empresa de Energía de Boyacá, que también era patrimonio del departamento y de la nación. Estas, al pasar al manejo de agentes foráneos, ahora obedecen a otros propósitos de manejo y rentabilidad. Pero ese no es el asunto de fondo en este caso. El fondo es saber si es tan grave el problema de contaminación que generan. Para los efectos de esta discusión, Gensa y y la Compañía Eléctrica de Sochagota, presentaron sus argumentos con fundamento en lo que han venido haciendo para el control del impacto ambiental, tal como lo demostró Gensa con las inversiones que ha hecho en los últimos años, cambiando equipos, para hacerlos más eficientes y amigables con el medio ambiente, y diseñando y ejecutando sistemas novedosos para el manejo del agua con el fin de economizar más su uso y devolver los caudales servidos debidamente tratados al río.
¿Es posible la conciliación?
Sin duda que sí. El ejercicio que se acaba de hacer es de la mayor importancia y en vez de radicalizar y dividir la ciudadanía, en lo que debería convertirse el proceso es un camino de encuentro para consolidar los distintos intereses, donde todas las partes ganen. Es indispensable e irrenunciable el cuidado y la preservación de las aguas termominerales. Este patrimonio no puede ser afectado y mucho menos, sacrificado. Las aguas termales son el soporte de la industria turística de la ciudad, a donde quieren ir todos los boyacenses y la mayoría de los colombianos.
Si las puzolanas son fuente de riqueza, siendo un recursos que le pertenece a la región, igual debe ser aprovechado, para que su explotación traiga oportunidades y genere riqueza para el municipio y el departamento; pero eso sí, aprovechado con todas las exigencias de manejo para que no dé al traste con el recurso de las aguas termales, a la vez que se corrija en lo posible la alteración del paisaje.
En cuanto a las plantas de generación térmica, no se puede desconocer que estas como están son fuente importante de empleo, de impuestos y compensaciones, que podrían ser mejores, sin duda. Pero hacia el inmediato futuro, las plantas podrían convertirse en auténticas oportunidades para generar más empleo y consolidar una minería del carbón que remunere debidamente cada uno de sus actores y mitigue los impactos ambientales.
Así que se necesita un gran esfuerzo de concertación para lograr la conciliación de los distintos intereses que ojalá terminen beneficiando, en primer lugar al municipio de Paipa y a todo el departamento.
“A los paipanos nos deja un sabor muy amargo lo ocurrido”
Concejo de Paipa. FOTO / Hisrael Garzonroa
– EL DIARIO
Esto es lo que expresaron los miembros del comité que organizó la consulta popular en Paipa, luego de la decisión tomada por el concejo municipal, donde se esperaba que esa corporación diera viabilidad a la consulta. También criticaron de manera fuerte a los partidos que tiene representación en la corporación.
Aseguran en el comunicado que “los partidos Alianza Verde, Partido Conservador, Partido Liberal, Cambio Radical y AICO, (hicieron) un ejercicio profundamente antidemocrático, muestra de una mentalidad retrógrada y, aunque en su mayoría son jóvenes, mostraron el cobre, salvando la postura del concejal Darío Tamayo Tamayo, quien fue el único que votó el Sí para que se hiciera la consulta popular”.
Se lamentan en el comunicado que “ninguno de los once concejales que negaron a cada paipano la viabilidad para realizar la consulta Popular, dieron razones específicas y pertinentes para su voto negativo, lo cual nos niega a la ciudadanía la oportunidad de votar directamente la respuesta a la pregunta sobre la minería a cielo abierto y la instalación de nuevas termoeléctricas; es decir, los concejales que el pueblo eligió, le niegan a ese pueblo ejercer la soberanía en asuntos estratégicos de naturaleza ambiental de nuestra ciudad”. Y agregan: “lo lamentable es que el Concejo, en contravía al mandato constitucional, sin razones específicas y verdaderas, impidieron la participación ciudadana y la realización de la soberanía del pueblo mediante la consulta popular”.
También critican duramente a las grandes empresas de generación: “Se verificó una abusiva intervención de las empresas de generación eléctrica y de los grandes empresarios de la puzolana que manipularon a los trabajadores mineros, a sus empleados y a las comunidades”.
El Comité considera que “los partidos políticos deben asumir su responsabilidad ideológica ética y política; cargar el lastre de haber provocado el hundimiento de una consulta Popular Democrática siendo que ellos llegaron por vía de elección popular”. Precisan: “sentimos que perdimos el concejo Municipal como corporación democrática autónoma u digna, salvo una honrosa excepción; este caso nos mostró que la corporación fue secuestrada por los intereses y los negocios privados, y a ciudadanía de Paipa quedó en orfandad”.
Los partidos Alianza Verde, Partido Conservador, Partido Liberal, Cambio Radical y AICO, (hicieron) un ejercicio profundamente antidemocrático, muestra de una mentalidad retrógrada y, aunque en su mayoría son jóvenes, mostraron el cobre, salvando la postura del concejal Darío Tamayo Tamayo, quien fue el único que votó el Sí para que se hiciera la consulta popular.” Comité Organizador Consulta Popular en Paipa
Y vuelven a la carga contra la conducta del Concejo: “a los paipanos nos deja un sabor muy amargo lo ocurrido con este concejo municipal que impidió deliberadamente y sin razones, rigurosas y específicas la realización de la consulta popular y de paso quedan muy cuestionados en el cumplimiento de los principios de la función pública, especialmente en los relacionados con la moralidad, la igualdad y la imparcialidad”.
Concluye el comité organizador de la consulta que: “de nuestra parte, salimos con la frente en alto… comprometidos a fondo con la historia y el porvenir de Paipa, nuestro pueblo. Aquí no perdimos nosotros, perdió la ciudadanía de Paipa en colectivo”.
