El año pasado quise visitar a un buen amigo que recién se había posesionado en un alto cargo jurídico de Boyacá. Fui en compañía de mi hija Ana, de 8 años, quien, además de apreciar y admirar a mi amigo, tenía curiosidad por el trabajo de un abogado. A su vez, mi amigo, para satisfacer la curiosidad de una niña pequeña, le había prometido mostrarle su oficina y explicarle qué hacían allí.
Magíster en Asuntos Internacionales. Universidad Externado de Colombia y Columbia University, New York, EE.UU. Comunicador social y periodista. Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga.
Llegamos por la tarde al Palacio de Justicia de Tunja sobre la Carrera 9, llamé a mi amigo, él bajó a la puerta y cuando nos disponíamos a ingresar, los vigilantes del lugar nos informaron que los niños tenían prohibida la entrada al edificio. De nada valió señalar que Ana sabía comportarse, que iba acompaña de su padre y bajo la responsabilidad de un funcionario… No la dejaron entrar. Entonces, nos despedimos de mi amigo y nos retiramos del lugar, con algo de desilusión Ana, y con sorpresa y molestia, yo, ante lo absurdo de la norma.
Pero mayor fue mi sorpresa, y más absurda me pareció la norma, cuando ayer me enteré por noticias del incidente dentro de un juzgado, del mismo edificio, que resultó en una persona herida por arma blanca.
Entonces… ¿Cómo es el asunto?, no se permite el ingreso de niños de 8 años, acompañados por sus padres y funcionarios, ¿pero sí de adultos armados?, ¿impiden el ingreso de menores, pero no requisan a los adultos?, ¿no debería haber Policía permanente en el ‘edificio de la justicia’?
Yo no sé nada de derecho, pero creo que para algo tenga peso jurídico debe ser razonable, la aplicación de una norma no puede derivar en un resultado absurdo e irracional. La justicia debe ser ciega… pero no arbitraria.
