En su pronunciamiento, la Contraloría General de la República conmina a alrededor de 60 entidades a que cumplan con su deber de retener los fondos por concepto de la “Estampilla pro Universidad Nacional de Colombia y otras universidades estatales de Colombia”. El daño patrimonial se estima en más de 44.000 millones de pesos.
Por | Agencia de Noticias UN
Los resultados del “Informe de auditoría de cumplimiento intersectorial. Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y Ministerio de Educación Nacional (MEN)” forman parte de la gestión emprendida desde hace más de cuatro años, cuando se inició el actual periodo rectoral de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).
La profesora Dolly Montoya Castaño, rectora de la Institución, envía “un especial agradecimiento a la Dirección Jurídica Nacional de la Universidad por su arduo trabajo de indagación y elaboración conceptual de orden jurídico. Continuamos trabajando por el fortalecimiento de las universidades públicas”.
Según el comunicado de la Contraloría, “se evidenciaron deficiencias en la supervisión y fiscalización del recaudo de la contribución, así como una inoportuna verificación por parte del Ministerio de Educación Nacional de las tarifas aplicadas por los agentes retenedores y debilidades en los procesos de fiscalización por parte de la DIAN”.
En 2013, mediante la Ley 1697 se creó la “Estampilla pro Universidad Nacional de Colombia y otras universidades estatales de Colombia”, con el objeto de entregar recursos a las universidades tanto para la construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria como para la actualización tecnológica, el apoyo a la investigación y a programas de bienestar estudiantil, incluyendo la disminución de la matrícula para las poblaciones de estudiantes vulnerables.
Particularmente en la UNAL se destinaron recursos para la construir y dotar el Hospital Universitario Nacional (HUN), además de fortalecer sus sedes para hacer presencia en más regiones del país.
Para dirigir, administrar y distribuir estos recursos se creó el Fondo Nacional, a cargo del Ministerio de Educación Nacional (MEN), y a la DIAN le corresponde ser el acreedor de la obligación tributaria.
Según la UNAL, desde 2014 se ha dejado de percibir una alta proporción de los recursos, ya que el cobro del impuesto no se ha ejercido efectivamente a varias empresas del Estado que suscriben contratos de obra pública.
En el caso de la UNAL, la asignación de recursos desde el MEN por concepto de la Estampilla empezó en 2015 con 35.000 millones de pesos y en 2019 pasó a cerca de 60.000 millones de pesos. Sin embargo, los estudios muestran que con un recaudo eficiente las cifras serían mayores.
En agosto de 2020 la Universidad ya había advertido sobre el retraso en el recaudo de recursos de la estampilla por parte de la DIAN.
En ese momento, Diana Patricia Richardson, directora de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (Agencia ITCR), aseguró que gracias a la solicitud de la UNAL se formularon recomendaciones para hacer efectivo el recaudo del impuesto a favor de las instituciones de educación superior públicas.
Cabe anotar que la desfinanciación histórica de las universidades públicas se ha hecho más crítica debido a las circunstancias generadas por la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. Por eso, los recursos que se recaudan por la Estampillan resultan importantes para fortalecer la infraestructura tecnológica, avanzar en investigación estratégica para el país y apoyar programas y proyectos académicos y de bienestar que garanticen la permanencia de los estudiantes dentro del sistema de educación superior.
