Mientras las mayorías de la aplanadora petrista que ahora hay en el Congreso celebran las bondades que representa esta iniciativa, las minorías de la oposición votaron en contra y advierten sobre los riesgos por los litigios internacionales que se le pueden venir al país.
“Este CongresodelCambio reporta que estamos trabajando en la ratificación del Acuerdo de Escazú. Por la defensa de la vida, de la madre tierra y de los líderes y lideresas ambientales”, tuiteó ayer el senador Cesar Pachón Achury.
Pues, en efecto, durante la votación de la iniciativa que se hizo en el Senado el Acuerdo fue ratificado con 73 votos a favor y 22 en contra.
Al Acuerdo ahora le faltan dos debates en la Cámara de Representantes para que esa ratificación sea un hecho, lo que es muy probable porque en la esa corporación la mayoría petrista es incluso más notoria.
El acuerdo se votará primero en la Comisión Segunda y luego en la plenaria. Si el acuerdo prospera, lo que es casi seguro, Colombia se montará a un acuerdo internacional que comprometerá al Estado a una serie de medidas para garantizar la protección de los líderes que protegen el medio ambiente.
El Acuerdo de Escazú propone mejorar la participación ciudadana en la conservación ambiental y en la protección de los derechos de sus líderes, pero hay quienes se oponen a la iniciativa.
La clave del Acuerdo de Escazú, un tratado firmado en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, es que los ciudadanos tienen derecho a gozar de un medio ambiente sano. Es el primer gran acuerdo medioambiental para América Latina y el Caribe.
El periódico El Universal recogió un testimonio de Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública (MASP) de la Universidad de los Andes, quien explicó que este es un tratado internacional de alcance regional que busca garantizar los derechos humanos y de medio ambiente: el acceso a la información, la participación y la justicia medioambiental, que permitan implementar adecuadamente las políticas ambientales.
Efectivamente, Escazú promueve la participación de la ciudadanía en asuntos y cuestiones que afectan el medio ambiente, establece condiciones claras para acceder a información relacionada con el sector ambiental y busca garantizar que las personas puedan acceder a la justicia medioambiental cuando sus derechos sean vulnerados.
El Acuerdo es un sistema de estándares o de indicadores jurídicos que contribuyen a la implementación efectiva, diferencial e incluyente de la normatividad ambiental y fortalecen en ese sentido el derecho a un ambiente sano.
Escazú es el primer tratado que cuenta con estándares e indicadores para proteger a los líderes sociales defensores del medio ambiente, un punto clave para un país como Colombia, uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer la defensa del ambiente.
El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, señaló ayer que “es una falacia, es una mentira impúdica también decir que este acuerdo no hay que aprobarlo porque tenemos muchas herramientas a la mano para defender los derechos que están contenidos en el mismo”.
A pesar de que las nuevas mayorías del Senado, incluyendo a los senadores boyacenses Aida Avella y César Pachón, apoyaron el proyecto, hay congresistas de la oposición que consideran que puede resultar contraproducente para el país.
El senador boyacense Ciro Alejandro Ramírez propuso “que el Senado escuche las diferentes versiones de los actores de una sociedad que puedan resultar afectados, tan importante como el sector productivo del país”, pero eso no fue aceptado.
“En iniciativas como Escazú, con la que cederíamos nuestra soberanía a cortes ambientales y organismos judiciales internacionales, haremos oposición a la intención de crear lo que yo he llamado la ‘JEP Agraria’, que obligaría a crear más cargos burocráticos y pondría en peligro el derecho de propiedad y la seguridad jurídica”, dijo la senadora María Fernanda Cabal.
Por su parte la senadora Paloma Valencia lamentó que las mayorías no quisieron escuchar a los gremios de la producción y recordó que ella muchas veces sugirió que se saquen los textos del Acuerdo de Escazú en materia de información, en materia de protección de los líderes ambientales y se incorporen a la legislación nacional.
“El litigio internacional abre un camino muy difícil para Colombia que es un país en vía de desarrollo. Uno necesita las vías terciarias, necesitamos mucha infraestructura, hay mucho que cuidar y deberíamos tener el ordenamiento del territorio que nos permitiera definir qué cosas vamos a defender, qué cosas vamos a proteger y qué cosas vamos a desarrollar; pero el litigio internacional para Colombia y ustedes lo saben muy bien -les dijo a sus colegas senadores- ha salido muy mal”, dijo Paloma Valencia.
Y agregó: “Ustedes se imaginan que nos demande, por ejemplo, Hidrohituango; que nos demanden la carretera Popayán-Cali, que nos demanden cualquier obra de infraestructura de este país. Aquí lo que estamos hablando es que se necesitan unas garantías mínimas en torno a desarrollo de país. Todos queremos que el medio ambiente de este país se proteja; todos queremos que la gente pueda vivir mejor, que podamos preservar la Amazonia, El Darién, ecosistemas estratégicos y con nuestros parques nacionales pero quién puede decir aquí que Colombia está preparada para un litigio internacional contra ONGs internacionales por cualquier cosa”, agregó.
Finalmente dijo: “Si no podemos con las obras públicas hoy, qué va a pasar cuando todas están en juicios internacional y este país quede paralizado”.
“Nosotros no podemos poner la estabilidad del desarrollo de este país, un desarrollo sostenible, en manos de tribunales extranjeros que nada tienen que ver”, sentenció.
