Por | Edilberto Rodríguez Araújo- Profesor investigador, integrante del grupo OIKOS de la UPTC
Los orígenes
Durante las últimas dos décadas se ha insistido en que la educación superior es un vehículo de movilidad social, siendo parte del demagógico discurso de “empoderamiento”, que las agencias multilaterales han propagado, y que confluye en una presunta consolidación de la atribulada clase media.
El Banco Mundial, reconocía, hace un par de años (María Marta Ferreyra et al. (2017). Momento decisivo. La educación superior en América Latina y el Caribe, Washington, Banco Mundial), que, pese a que se ha expandido la oferta universitaria, permitiendo un mayor acceso a las instituciones de educación superior, sin embargo, la laxitud gubernamental en la década del 90, propició una explosión de instituciones, que transformaron la educación en un lucrativo negocio.
El panorama educativo
Según las estadísticas del Ministerio de Educación, en 2018 funcionaban 300 instituciones de educación superior (IES), de las cuales 86 eran universidades, entre ellas 33 oficiales y 53 privadas. Las universidades públicas albergan un poco más de 600.000 estudiantes y los programas de pregrado copan el 92,8 por ciento. Sin embargo, no obstante que la educación universitaria roza el 65 por ciento, la deserción promedia acumulada (todas las cohortes) en pregrado bordeaba, el año pasado el 56 por ciento, -siendo más elevada en las universidades públicas que en las privadas-, a lo que se añaden los problemas de permanencia, retención y oportunidades laborales.
Indicadores de la educación superior en Colombia
Ahora bien, antes de la aparición de la pandemia, nadie anticiparía que las previsiones de aumento inercial de la población estudiantil no seguirían, así como los ingresos recaudados por las instituciones educativas, tanto privadas como públicas. Hoy ese panorama ha cambiado. Si en 2018 se produjo una caída en la matrícula del 2,0 por ciento (45.365), en el segundo semestre de este año las proyecciones desbordan cualquier cálculo.
En Boyacá, también se registró un descenso de 3,9 por ciento en la matrícula de este nivel de formación educativa (2.609 estudiantes), a pesar del aumento en la cobertura, atendiendo la UPTC la mitad de esta oferta educativa. La deserción anual en la UPTC se redujo de 21 por ciento en 2000 a 7,1 por ciento, el año pasado. En contraste, la deserción promedia acumulada es de 46,7 por ciento.
Estudiantes matriculados en las IES de Boyacá
¿Qué nos espera?
El deterioro de la situación económica, y por añadidura, social, -tal como lo evidencia, parcialmente, el modesto crecimiento de la economía en el primer trimestre de 1,1 por ciento-, es dramático. A ello se le añade un accidentado desarrollo académico, con clases mediadas por herramientas virtuales, pero con profundas carencias de conectividad y equipos, lo que ha acentuado el malestar universitario.
El desistimiento y abandono de los estudiantes de las aulas universitarias era previsible. Si antes la deserción era provocada por factores académicos, ahora los determinantes económicos se tornan prevalentes. Según el Sistema de Universidades Estatales (SUE), el 87 por ciento de los estudiantes de pregrado de las universidades públicas son de estrato 1,2 y 3.
Las universidades privadas, a través de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y las públicas, utilizando la vocería del SUE, han prendido las alarmas, exhortando al gobierno a proporcionar, en un caso, alivios y créditos para cubrir sus acreencias, en el otro caso, a contribuir financieramente para disminuir las afugias presupuestales, mediante programas, como el propuesto por el gobernador del Magdalena, de subsidiar el ciento por ciento la matricula a los estudiantes de los estratos 1,2,3 y 4 (de matrícula cero). La reacción de los rectores que integran el SUE, fue una disimulada, pero rotunda negativa
Para sortear esta malhadada situación, los rectores de las universidades privadas de élite, han anunciado todo un paquete de descuentos, que van del 10 a 80% del valor de la matrícula, además de subsidios temporales a los estudiantes más vulnerables, incluyendo al estrato 4. La Universidad de los Andes ofreció un descuento del 10 por ciento en todos los programas de pregrado, así como bonos solidarios y créditos condonables para posgrados.
Promesas, tan solo promesas…
La respuesta dada por el Ministerio de Educación ante las peticiones de las universidades, fue un paquete crediticio: $1,5 billones para el pago de la nómina, con amortización diferida de 12 a 60 meses, como cualquier línea empresarial convencional.
Asimismo, ofreció otra línea de crédito por $200.000 millones a estudiantes de pregrado en condiciones vulnerables, además de reducción de intereses y ampliación de los plazos de amortización a los más de 500.000 estudiantes, no beneficiarios, sino morosos deudores del Icetex.
En fin, inocuos paliativos, meros placebos, que ni siquiera mitigan las sombrías expectativas educativas.
Al final de cuentas, la desigualdad de oportunidades y la exclusión social seguirán campeando, ante un indolente gobierno narcisista y autocomplaciente.
