¿Basta con un comunicado del empresario Rafael Cortés negando corrupción, apropiación indebida o detrimento patrimonial para que Tunja y Boyacá crean que el contrato del Pozo de Donato no lo ha enriquecido durante décadas en detrimento de recursos públicos? ¿Puede la Cámara de Comercio de Tunja y la UPTC cerrar este capítulo cambiando a su presidente ejecutivo sin tocar las redes de poder que sostienen este negocio?
La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Tunja decidió ayer relevar de su cargo al presidente ejecutivo, Jhon Jairo Martínez Álvarez, y nombrar en su reemplazo a Sergio Armando Tolosa. El movimiento se produjo en medio de la tormenta desatada por el hallazgo de la Contraloría General de la República, que determinó un presunto detrimento patrimonial superior a los mil millones de pesos en el manejo del inmueble histórico conocido como el Pozo de Donato.
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Ese relevo, sin embargo, no resuelve el fondo del problema. Por el contrario, parece una salida administrativa para contener un escándalo que tiene implicaciones mucho más profundas y compromete tanto a la Cámara de Comercio como a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).
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El Pozo de Donato es propiedad de la UPTC y desde 1988 fue entregado en comodato a la Cámara de Comercio de Tunja para su administración, mantenimiento y conservación. El convenio tenía una duración inicial de diez años, pero fue modificado en 1997 y 2007 y prorrogado sucesivamente hasta hoy. El contrato vigente vence en agosto de 2027. A su vez, la Cámara de Comercio arrendó el inmueble a un tercero, el empresario Rafael Cortés, propietario del restaurante La Pizza Nostra, cuyo contrato termina en mayo de este año y todo indica que será nuevamente prorrogado.
Según los términos del convenio, los recursos obtenidos por concepto de arrendamiento debían destinarse al mantenimiento del bien y los excedentes a la construcción del Museo Arqueológico Hunzahúa o quedar a disposición de la universidad. Eso, según la Contraloría, nunca ocurrió de manera clara ni verificable.
La auditoría es contundente: la Cámara de Comercio no determinó el justo precio del canon de arrendamiento ni entregó los excedentes generados, y la UPTC no ejerció control ni exigió la fijación del canon ni la transferencia de esos recursos. Entre 1988 y 2025 no existen registros contables de ingresos por este concepto en la universidad. Cero pagos, cero controles, cero explicaciones.
El detrimento patrimonial estimado asciende a $1.006.417.459, calculado sobre las últimas cinco vigencias y ajustado con el Índice de Precios al Consumidor. Son recursos que dejaron de ingresar a la universidad pública y que pudieron destinarse a sus fines misionales.
Conviene recordar que el Pozo de Donato no es un predio menor. Se trata de uno de los terrenos públicos más amplios y valiosos del norte de Tunja, con zonas de parqueo, construcciones de varios cientos de metros cuadrados y áreas aledañas que conforman un complejo patrimonial y turístico estratégico para la ciudad. No es un simple local comercial.
En ese contexto, resulta imposible ignorar el papel del principal beneficiario del arrendamiento: Rafael Cortés. Durante años, Cortés ha sido mucho más que el propietario de una pizzería. Ha ejercido una influencia sostenida en escenarios clave de decisión, tanto en la Cámara de Comercio como en el Consejo Superior de la UPTC, muchas veces a través de terceros.
Esa red de influencia no es un secreto en Tunja. Su hijo, Rafael Humberto Cortés Páez, integra la Junta Directiva de la Cámara de Comercio en representación de los comerciantes. A ello se suman relaciones con otros miembros de la Junta que, según diversas fuentes, han preferido el silencio o la ambigüedad antes que asumir posiciones firmes frente al caso del Pozo de Donato.
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La Junta Directiva de la Cámara de Comercio debería ser un órgano de control y defensa del interés institucional. Sin embargo, en este caso ha quedado la sensación de que algunos de sus integrantes han optado por proteger equilibrios internos antes que revisar con rigor un contrato que hoy está bajo la lupa de los organismos de control.
La pregunta es inevitable: ¿cómo puede una Junta actuar con independencia cuando uno de los principales beneficiarios del contrato tiene influencia directa sobre varios de sus miembros? No se trata de señalar ilegalidades probadas, pero sí de advertir conflictos de interés no resueltos y relaciones de poder que erosionan la credibilidad institucional.
El nombramiento de Sergio Armando Tolosa, más allá de su trayectoria y capacidad, no despeja estas dudas. El problema del Pozo de Donato no se resuelve cambiando al presidente ejecutivo si las decisiones de fondo siguen tomándose en otros espacios. Aquí no está en juego un asunto técnico, sino un problema ético y político.
La Cámara de Comercio de Tunja tiene dos caminos: o demuestra que no está capturada por redes de poder informal, o confirma que ciertos apellidos pesan más que la transparencia. El silencio, en este punto, también es una forma de tomar partido.
La UPTC, por su parte, no puede eludir su responsabilidad. Fue la universidad la que entregó el predio en comodato, confiando en que sería administrado con criterios de interés público, cuidado patrimonial y proyección cultural. La experiencia demuestra que ese modelo fracasó.
Por eso la pregunta es tan simple como incómoda: ¿por qué la UPTC no administra directamente el Pozo de Donato? Resulta difícil creer que una universidad pública con programas de Administración, Economía, Contaduría y una Escuela de Administración Turística y Hotelera no tenga la capacidad para gestionar un restaurante patrimonial en su propio predio histórico.
Administrarlo desde la universidad permitiría convertir el Pozo de Donato en un espacio de formación práctica para los estudiantes, un proyecto autosostenible, con control público, rendición de cuentas y preservación del valor simbólico del lugar. No un negocio entregado a un particular con poder de lobby, sino un bien público al servicio de la ciudad.
El Pozo de Donato no tiene fondo. Y mientras no se revisen de manera seria las redes de poder, los conflictos de interés y la falta de control que rodean este contrato, seguirá siendo un símbolo del deterioro institucional que Tunja y Boyacá no pueden seguir normalizando.
