Uff, menos mal se acaba la presidencia de la Asamblea de Jhon Alexander López Mendoza

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Ayer hubo elección de nueva mesa directiva de la Asamblea de Boyacá, en la que Felipe Andrés Puentes, de Cambio Radical, fue elegido como presidente de esa corporación, cargo que asumirá desde el primero de enero de 2026.

Dairo Rubén Herrera Pérez, del partido Liberal, fue elegido como primer vicepresidente y la diputada del Pacto Histórico Maryory Catherín Ortiz Álvarez será la segunda vicepresidente.
“Agradezco a Dios, quien no solo me ha regalado la vida, sino también me bendice todos los días y de su mano ir volviendo realidad mis sueños. A él toda la honra y gloria. Saludo y agradezco a los miles de boyacenses que con su confianza y solidaridad han ayudado a mi propuesta política, basada en la entrega comprometida y permanente al servicio de los que más lo necesitan”, dijo Felipe Andrés Puentes sobre esta distinción que le hicieron sus compañeros de la Asamblea de Boyacá.

Pero la noticia más importante es que con esta elección se acaba la presidencia de John Alexander López Mendoza, quien durante los últimos meses fue noticia por las decisiones antidemocráticas y erradas que tomó.

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La Asamblea de Boyacá, que normalmente es intrascendente, también fue noticia por haber intentado callar la voz de un personero municipal que se quejaba por la falta de ejecución de un contrato firmado por Tierra Sua en su municipio.

De igual manera, hubo quejas y denuncias contra la Presidencia de la Asamblea por violencia política y de género.

Este periodo de la Asamblea terminará con un escándalo mayor, porque antes de terminar la presente vigencia se elegirá al Contralor General de Boyacá y muy seguramente el seleccionado para ese cargo será un integrante de la terna finalista que no solo fue recientemente jefe de contratación de la Gobernación de Boyacá sino que hace pocos meses era contratista de la propia Asamblea como asesor jurídico.

Es posible que los diputados que contrataron a ese abogado tengan que declararse impedidos para esa elección y que el nuevo contralor tenga que declararse impedido para investigar y pronunciarse sobre casos en los que él ya tuvo parte como encargado de la contratación del departamento.

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