El 6 y 7 de noviembre próximos, como Nación colombiana conmemoramos 40 años de la horripilante y fatídica toma del Palacio justicia. Un Holocausto sin precedentes en la historia de Colombia con capítulos y episodios aun sin resolver. Un agravio horroroso de dolor contra la Majestad de la Justicia Colombiana que causó la muerte de 11 insignes Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 65 funcionarios y la desaparición de 11 compatriotas.
El miércoles 6 de noviembre de 1985 sesionaba la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia para debatir sobre la constitucionalidad de la ley aprobatoria del Tratado de Extradición entre Colombia y los Estados Unidos. Fungían como Magistrados de la Sala Constitucional los insignes juristas: Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín Forero, Ricardo Medina Moyano y Alfonso Patiño Rosselli. La guerrilla del M-19 irrumpió las instalaciones del Palacio Justicia disparando sin distinción, el saldo trágico: el repudiable asesinato de 11 Magistrados: Alfonso Reyes Echandía (Chaparral, Tolima), Alfonso Patiño Rosselli (Sogamoso, Boyacá), Luis Horacio Montoya Gil (San Vicente, Antioquia), Manuel Gaona Cruz (Tunja, Boyacá), Carlos Medellín Forero (Pacho, Cundinamarca), Darío Velásquez Gaviria (Fredonia, Antioquia), Pedro Elías Serrano Abadía (Buenaventura, Valle del Cauca), Ricardo Medina Moyano (Bogotá D.C.), José Eduardo Gnecco Correa (Santa Marta, Magdalena, 1923–Bogotá, 1985), Fanny González Franco (Pensilvania, Caldas), Fabio Calderón Botero (Manizales, Caldas) y adicionalmente, 65 funcionarios miserablemente asesinados y 11 personas desaparecidas.
Existe diversa literatura entre libros publicados e informes de investigación sobre el Holocausto del Palacio de Justicia, un hecho contundente y constante en las investigaciones y publicaciones gira en torno a la incuestionable relación directa y orden emanada del temible y más poderoso criminal de la época: Pablo Escobar, quien junto al cartel de Medellín buscaba crear una estrategia para detener la extradición en Colombia, orquestando así, con la cruel alianza y el funesto apoyo de la guerrilla del M-19, tomarse con las armas y el terror el Palacio de Justicia para quemar los expedientes de extradición y asesinar a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Las páginas de la historia y literatura lo han venido reafirmando: “Nos encontramos en la obligación de hacer algo para salvarnos. Existen unos procesos jurídicos muy fuertes contra nosotros en el Palacio de Justicia. Es necesario borrarlos y no dejar huella ante la ley. Tendrán que comenzar de cero y al obtener nosotros poder, nadie se atreverá a denunciarnos” [1] “En la reunión se pactó la financiación de la toma por parte de Pablo Escobar y el suministro de armas (incluyendo armas cortas) por parte de Escobar y los hermanos Castaño”[2]
Además de los actos terroristas y brutales perpetrados por la guerrilla del M-19, se cuestiona también los excesos y arbitrariedades de la fuerza pública constatadas en el Informe Final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia establecida por la Corte Suprema de Justicia: “la operación de retoma a la que se referirá la Comisión de la Verdad en el presente aparte incluye, no sólo las acciones militares desarrolladas al interior del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre, sino aquellas que simultáneas o posteriores a la salida del Palacio, relacionadas con la suerte de las personas que fueron retenidas y llevadas a las instalaciones militares o de quienes su destino sigue siendo hoy desconocido…”[3].
Las palabras agónicas del “cese el fuego” que clamaba el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, fueron silenciados por los cañonazos de los tanques ejecutados por órdenes ministeriales. El pretendido “juicio político” que no pudieron hacer en ese entonces contra el presidente de la Republica Belisario Betancur quedará en manos de las páginas que se sigan escribiendo en los libros de historia.
Tras 40 años, las familias de las víctimas y la Nación siguen clamando por la verdad histórica y justicia sobre el Holocausto cometido, en este interregno han devenido diversas y tergiversadas versiones, sus protagonistas directos no han dicho toda la verdad y como suele suceder, una mentira repetida muchas veces termina convertida en una “verdad histórica”.
Debe honrarse por siempre la memoria de los Magistrados inmolados, de los funcionarios y demás víctimas del Holocausto del Palacio de Justicia. Ante la insensatez, la Democracia siempre debe imperar. Ante el terrorismo y el narcotráfico, la fuerza y firmeza del Estado de Derecho debe combatir con todas sus armas.
“La justicia es la gran cúpula invisible y poderosa que recubre todo el territorio de Colombia, y es ella la que nos salvaguarda de la arbitrariedad y la que custodia todos nuestros derechos. Cuando se fractura o se rompe, quedamos a merced del desgobierno y del salvajismo, esos que penetran por una grieta para imponer el despotismo o la tiranía de la violencia y de las armas”.
Octavio Augusto Tejeiro Duque, Presidente Corte Suprema de Justicia de Colombia.
[1] Declaración de Carlos Castaño sobre Pablo Escobar y la reunión con el M-19 en Mauricio Aranguren Molina, Mi Confesión, Ed. Oveja Negra 2002, páginas 24 y 41.
[2] Testimonio del lugarteniente de Pablo Escobar, John Jairo Velásquez Vásquez, ante la Comisión de la Verdad en Informe Final: Comisión de la Verdad, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA, Ed. Universidad del Rosario 2010, página 313
[3] https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/28-anos-palacio-justicia/comision-verdad-palacio-justicia.pdf
