Durante los últimos días, Colombia y el mundo han sido testigos de un hecho diplomático sin precedentes: el gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha impuesto sanciones directas contra el presidente Gustavo Petro y algunos miembros de su círculo cercano, alegando supuestos vínculos con el narcotráfico y una supuesta permisividad frente a la expansión del negocio de las drogas ilícitas.
Más allá del impacto inmediato —financiero, político y simbólico—, este episodio reabre una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto un país soberano debe permitir que otro Estado pretenda juzgar, certificar o sancionar a su gobierno electo por voto popular?
Una defensa crítica de la soberanía nacional
La posición del presidente Petro, aunque incómoda para ciertos sectores históricamente beneficiados por el narcotráfico, responde a una convicción profunda: la política antidrogas impuesta por Estados Unidos ha fracasado y ha servido más como instrumento de control geopolítico que como solución a un problema común.
Petro lo expresó con claridad: “Soy un presidente descertificado por un gobierno extranjero. ¿Con qué derecho internacional puede un presidente de otro país desconocer a un mandatario elegido por su pueblo?”
Durante décadas, Colombia ha soportado una relación con Washington, marcada por la dependencia económica, la subordinación militar y la imposición de un modelo que ha multiplicado la violencia y el desplazamiento, mientras el consumo de drogas en el Norte continúa intocado. Rechazar esa lógica no es un gesto de rebeldía, sino un acto de dignidad nacional.
Las sanciones estadounidenses —por más que vengan adornadas con el lenguaje de la “lucha contra el narcotráfico”— constituyen una intromisión directa en los asuntos internos de Colombia. Y frente a la injerencia extranjera, la única respuesta legítima es la de un pueblo unido en la defensa de su soberanía.
La unión nacional ante el asedio estadounidense
Este no es un debate exclusivo del presidente de la República. Es un momento histórico que interpela a todos los colombianos. Las sanciones no solo afectan a Gustavo Petro, sino al Estado colombiano y a la estabilidad institucional que debemos defender.
Por eso, hoy más que nunca, es necesario rodear al presidente —no como figura partidista, sino como símbolo del Estado soberano—. Defender a Petro en esta coyuntura es defender la independencia de Colombia frente a un poder extranjero que pretende decidir quién es “aceptable” y quién no en el escenario internacional.
El pueblo colombiano debe rechazar la narrativa de la sumisión. Rodear al presidente significa:
- Exigir respeto a nuestra autodeterminación.
- Participar activamente en la defensa del proyecto nacional de paz, justicia social y equidad.
- Impedir que la presión externa se convierta en excusa para fracturar aún más el tejido social o para justificar una nueva forma de tutela extranjera sobre nuestro país.
Esta es una hora de definiciones. Y el valor de un pueblo se mide, precisamente, en las horas difíciles.
La responsabilidad de los medios de comunicación
En medio de esta tormenta diplomática, los medios colombianos no pueden limitarse a replicar, sin contraste, las versiones que llegan desde los portavoces extranjeros o desde los sectores opositores que conspiran y celebran las sanciones contra el país como una victoria política.
La libertad de prensa no puede confundirse con la licencia para atentar contra la verdad o para servir de vehículo a intereses foráneos. En tiempos de crisis nacional, la responsabilidad informativa es un deber patriótico.
Por eso, resulta necesario exhortar a los medios a:
- Evitar la difusión de acusaciones sin pruebas que puedan dañar la estabilidad del país.
- No contribuir al linchamiento mediático de un presidente democráticamente elegido.
- Abstenerse de participar en campañas coordinadas de desinformación que favorezcan a potencias extranjeras o a intereses contrarios a la soberanía nacional.
- Practicar el periodismo con rigor, verificación y sentido de Estado, entendiendo que la crítica legítima no debe convertirse en un arma para desestabilizar la institucionalidad.
En tiempos de presión internacional, cuando los intereses estadounidenses buscan desdibujar la voz del Sur americano, el periodismo patriótico no es censura; es conciencia de nación. Quien siembra el caos informativo en medio de una ofensiva diplomática, comete un acto de irresponsabilidad histórica y política que puede llegar a ser considerado una traición al país.
Contra el doble rasero y la hipocresía internacional
Las sanciones contra Colombia revelan una vieja hipocresía. Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de cocaína, se permite señalar a los países productores como los únicos culpables del problema, mientras su propio sistema financiero lava miles de millones de dólares provenientes del narcotráfico sin mayores consecuencias.
Como bien ha advertido Petro: “La excusa de la lucha contra las drogas es un programa de control colonial sobre América Latina.” Y tiene razón. Desde el Plan Colombia hasta la actual “certificación antidrogas”, la historia demuestra que los intereses estratégicos de Washington poco tienen que ver con la justicia, la democracia o la paz, y mucho con el dominio político y económico.
Aceptar estas sanciones sin protesta sería renunciar a la dignidad nacional. No se trata de cerrar los ojos ante los desafíos internos, sino de reconocer que su solución no vendrá de quienes los han promovido mediante políticas intervencionistas y de sometimiento.
Dignidad para la defensa nacional
Rodear al presidente Gustavo Petro no significa avalar ciegamente cada una de sus decisiones. Significa entender que, en este momento, la institucionalidad que él encarna como jefe de Estado está siendo atacada desde afuera, y defenderlo a él es defender al país.
Por eso, este llamado no es solo al Gobierno, sino a todos los sectores sociales, políticos y económicos: al campesinado, a los trabajadores, a los estudiantes, a las comunidades afro e indígenas, incluso a la oposición responsable.
Colombia enfrenta hoy a un desafío mayúsculo: un golpe diplomático de los Estados Unidos que busca debilitar al gobierno que se atrevió a cuestionar el orden establecido. Y ante semejante atropello, la dignidad nacional no es negociable.
Invito, entonces, a todos los colombianos a mantenernos firmes: rodeemos al presidente Petro en la defensa de la patria, exijamos a los medios rigor y responsabilidad, y demostremos que Colombia no se arrodilla ante ninguna potencia extranjera.
