Durante la audiencia de imputación de cargos contra el alcalde de Tunja Mikhail Krasnov; la exgestora social, Sara Catalina Pedraza Canaría; y la directora de la Unidad Especial de Contratación del municipio, Luz Mila Acevedo Galán —realizada entre el 24 y el 26 de septiembre de 2025—, se expusieron varios elementos que no deben pasar desapercibidos, tanto para la administración de justicia como para la opinión pública.
Entre ellos, destacan los siguientes:
- Delitos imputados y medidas judiciales adoptadas
Durante la exposición de pruebas por parte de la Fiscalía General de la Nación, se sustentaron los cargos por la presunta participación de los imputados en delitos como interés indebido en la celebración de contratos y, en el caso exclusivo del alcalde Mikhail Krasnov, adicionalmente, amenazas a testigos.
Según las declaraciones del exgerente de Ecovivienda, Eduardo Ernesto Camargo Rodríguez —quien se acogió al principio de oportunidad—, recibió presiones y amenazas del alcalde para firmar, contra su voluntad, el contrato de prestación de servicios No. ECO-CD-001-2024 a favor del abogado Juan Sebastián Ramírez García. Según el ente acusador, a cambio del retiro de la demanda de nulidad electoral que este había interpuesto ante el tribunal administrativo de Boyacá, lo cual habría beneficiado directamente al alcalde, permitiéndole mantenerse en el cargo, circunstancias que dieron origen al proceso penal.
Camargo aseguró, entre otras cosas, que el 27 de marzo de 2025 fue citado al despacho del alcalde, donde se encontraban presentes el propio mandatario local, César Carreño (jefe de Control Interno Disciplinario), David Suárez Acevedo (director administrativo de la alcaldía) y Ricardo Caro (gerente del IRDET y esposo de Luz Mila). Según su testimonio, también asistió Manuel Alejandro González Martínez, asesor del despacho, quien le solicitó firmar una declaración juramentada junto con su carta de renuncia. En dicho documento, Camargo afirmaba haber contratado a Sebastián de manera libre y sin ningún tipo de coacción. Sin embargo, señaló que lo declarado en ese escrito contradice su versión actual de los hechos.
“Ese documento lo tuvo que firmar bajo la amenaza de enviarle a su hija, que reside en Alemania, unos presuntos videos de acoso sexual, así como de realizar unas denuncias de ese tipo, y le exhiben unos pantallazos del celular que previamente había sido robado a Camargo Rodríguez, aunado a que el mismo alcalde le ordena que se vaya de la ciudad de Tunja.” Explicó el fiscal Oscar Fernando Díaz Rodríguez.
Otros nombres mencionados en la audiencia fueron los de Deicy Liliana Melo Serrato (directora del Departamento Administrativo de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública), Érika Julieth Soler Rocha (jefe de Gabinete y la Unidad Asesora Institucional) y Miguel Ángel Ruíz Suárez (supernumerario y persona de confianza del alcalde), entre otros.
El juez Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Tunja, Martín Hernán Martínez, acogió la solicitud de la fiscalía e impuso a los procesados, Krasnov y Sara Catalina, medidas no privativas de la libertad, consistentes en:
- La obligación de asistir a las audiencias que convoquen las autoridades.
- La prohibición de salir del país.
- La prohibición de comunicarse con el exgerente de Ecovivienda, quien solicitó ser reconocido como víctima dentro del proceso y actúa como principal testigo de la fiscalía.
Desde la perspectiva de este columnista —con experiencia como catedrático de Constitución Política—, Cabe señalar que, de los delitos imputados, podrían desprenderse otros aún más graves, como:
- Concierto para delinquir (art. 340)
- Peculado por apropiación (art. 397)
- Cohecho propio (art. 405)
- Cohecho por dar y ofrecer (art. 407)
- Fraude procesal (art. 453), entre otros. Contemplados en el Código Penal.
Además, como fue demostrado en la imputación, se han extraviado documentos y proferido amenazas a testigos. Razones suficientes por las que la fiscalía debió solicitar la separación inmediata del alcalde del cargo y la imposición de medida de aseguramiento intramural o, al menos, prisión domiciliaria. Permitir que continue ejerciendo funciones puede comprometer el desarrollo del proceso judicial, mediante posibles interferencias, desaparición de pruebas o presión a testigos. Esta situación representa un alto riesgo para la sociedad y puede llegar a vulnerar derechos fundamentales como el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral, base esencial de nuestro sistema de justicia.
Se recomienda, respetuosamente a los denunciantes del proceso solicitar el reconocimiento como víctimas y considerar la ampliación de la demanda, para que sean resueltas en la próxima audiencia de acusación, conforme al Código General del Proceso o al Código de Procedimiento Penal.
- El arraigo de Krasnov y su amor por Tunja
En el marco de una disertación poco clara, el alcalde Mikhail Krasnov se refirió al tema del arraigo —alegado en relación con la prohibición de salir del país— en los siguientes términos:
“… Si yo no salgo del país, pues sufre es el municipio. Más hablando del arraigo: hace poco me otorgaron la visa americana, confirmando el arraigo mío y cero interés de quedarme en Estados Unidos, por ejemplo, pues porque yo tengo arraigo y yo soy alcalde. ¿Yo que voy a quedarme allá, en otro país, y para qué?… yo estoy feliz en Colombia.”
Estas afirmaciones contrastan con las declaraciones dadas por el mismo Krasnov al periodista ruso Alexey Pivovarov el 26 de enero de 2024. A continuación, transcribo los apartes relacionados:
Pivovarov: ¿Bajo qué circunstancias usted imagina que pueda desear regresar a Rusia a residir de manera permanente?
Krasnov: Bueno, si las cosas empeoran completamente con la política aquí.
Pivovarov: ¿Estaría dispuesto a renunciar a su ciudadanía rusa?
Krasnov: Sí, (…) porque cuando estoy en Rusia yo solo soy un ruso, en cualquier caso, al final de mi vida política yo siempre puedo volver, existen programas de compatriotas, de reasentamiento, por ejemplo. No pienso morirme en Colombia.
Pivovarov: ¡Ah! ¿no?
Krasnov: No, claro que no, yo quiero volver cuando sea viejo a Rusia, a mi aldea.
Estos fragmentos reflejan una figura política inusual, profundamente contradictoria y pragmática hasta el cinismo. Krasnov parece moverse entre un idealismo populista y una ética instrumental del poder. Sus declaraciones generan inquietud no solo por lo que dicen explícitamente, sino por las tensiones éticas y estructurales que revelan sobre la política local y sobre sí mismo como actor político.
Me asalta la duda: si el alcalde ama tanto a Tunja, ¿por qué compró su apartamento en otra ciudad?
- La polémica sobre el idioma y las implicaciones administrativas
El alcalde Mikhail Krasnov insistió en su solicitud de contar con un traductor de español a ruso. Sin embargo, el juez desestimó esta petición, calificándola como una maniobra dilatoria destinada a obstruir la acción de la justicia.
No obstante, las declaraciones del alcalde merecen un análisis más detenido:
“… No entiendo que es coautor y que es cómplice, para mí son sinónimos (…) El español lo aprendí acá en la calle y así me comunico y, por eso también me eligieron. Yo, por ejemplo —y tengo miles de testigos en la Alcaldía— nunca firmo ningún papel sin que un jurídico lo revise porque yo no entiendo. Yo nunca leo ningunos comunicados de órdenes allá porque yo igual no los entiendo, los leen los abogados…”
Estas afirmaciones, de ser ciertas, podrían interpretarse como una confesión expresa de su incapacidad para ejercer el cargo. El alcalde, como máxima autoridad del Ejecutivo en la jurisdicción, tiene funciones que incluyen la representación legal del municipio, la adopción de políticas públicas, la ordenación del gasto y la firma de actos administrativos —decretos, resoluciones, etcétera—. Reconocer públicamente que no comprende el contenido de los documentos que firma es, a todas luces, gravísimo.
Así mismo, resulta contradictorio que, habiendo actuado como contratista de la UPTC en labores de traducción de ruso y alemán, afirme ahora tener dificultades significativas para comprender el idioma español. Esto podría, eventualmente, abrir la puerta a una actuación judicial por parte de dicha institución, en caso de verificarse elementos que configuren un posible delito de estafa. (Se aclara que esta es una opinión basada en los hechos conocidos, sobre un caso de evidente interés público).
Como lo señaló el juez Martínez:
“Nos encontramos frente a un fenómeno que ha impactado el país, un cáncer actual: la corrupción administrativa. La modalidad utilizada fue la de vulnerar la confianza depositada en la autoridad pública, abusando de su condición y en concurso con varias personas.”
Finalmente, los imputados gozan de presunción de inocencia hasta que se logre comprobar su culpabilidad mediante sentencia judicial en firme. Fueron calificados de la siguiente manera: Mikhail Krasnov, como coautor a título de dolo; Luz Mila Acevedo Galán, como coautora; y Sara Catalina Pedraza Canaría, como cómplice. Se espera, también, que en el desarrollo del proceso —que apenas comienza—, se vinculen otros posibles implicados.
