Colombia cuenta desde junio con una nueva legislación que redefine la salud mental como un derecho fundamental exigible, marcando un hito en la atención al bienestar emocional de los ciudadanos. Se trata de la Ley 2460 de 2024, que reemplaza la norma de 2013 y establece un enfoque más amplio, intersectorial y garantista.
Según cifras del Ministerio de Salud, más del 66 % de la población ha sufrido algún tipo de afectación mental. No obstante, solo un pequeño porcentaje accede efectivamente a atención especializada. Con esta ley, el Estado adquiere la responsabilidad directa de prevenir, atender y acompañar los casos, integrando esfuerzos desde el sector salud, educación, laboral y comunitario.
Uno de los principales avances es que los usuarios pueden acudir directamente a psicología sin pasar por medicina general, eliminando así barreras administrativas que históricamente han frenado el acceso. Además, se crea el Sistema Nacional de Salud Mental, encargado de coordinar entidades públicas, privadas y comunitarias.
La ley también exige que colegios, universidades y empresas implementen programas de bienestar emocional y prevención del riesgo psicosocial. Y se prioriza la atención a grupos históricamente vulnerables, como personas LGBTIQ+, víctimas del conflicto y población en reclusión.
Ciudadanos y comunidades tendrán un papel clave. La norma reconoce el derecho a la participación en los Consejos Territoriales de Salud Mental, e impulsa la veeduría sobre datos de cobertura y calidad. “La salud mental ya no es un privilegio, es una obligación del Estado”, recuerda Susan Cruz Casas, psicóloga y académica de Areandina.
En definitiva, el éxito de esta transformación legal dependerá no solo del compromiso institucional, sino también de una ciudadanía informada y activa, que exija la aplicación efectiva de sus derechos.
