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Pedro Miguel Manrique Pinzón, coordinador del Directorio Municipal Partido Centro Democrático en Duitama, dice que ha sido objeto de ataques personales, calumnias, hostigamiento y publicaciones indebidas. Aclara que la denuncia contra la Alcaldesa es legal, está sustentada en derecho y no debe interpretarse como un acto de odio o persecución.
El demandante de la elección de Ingrith Rocío Bernal, alcaldesa electa de Duitama, acaba de expedir un extenso comunicado en el que explica las razones que lo llevaron a presentar ese recurso.
Se trata de Pedro Miguel Manrique Pinzón, coordinador del Partido Centro Democrático en Duitama, quien asegura que lo hace en derecho y que este no es un conflicto entre personas, sino una discusión jurídica que debe resolverse en el marco institucional que nos ofrece el Estado de Derecho.
Este es su comunicado:
Como ciudadano, demócrata comprometido con la legalidad, y en mi calidad de Coordinador del Directorio Municipal del Partido Centro Democrático, me permito compartir con la opinión pública, con los medios de comunicación y, especialmente, con la comunidad de Duitama, mi posición frente a los recientes acontecimientos derivados de las elecciones atípicas celebradas el pasado 4 de mayo de 2025.
1. En primer lugar, quiero expresar mi profundo respeto por los principios democráticos que rigen la elección popular, y de antemano ofrezco disculpas a los electores de Duitama por la difícil situación política y administrativa en la cual se encuentra nuestra ciudad actualmente, así como presento mi sincero reconocimiento a todos los ciudadanos que, en ejercicio libre de su derecho al voto y que participaron en las elecciones atípicas para la Alcaldía de Duitama. Según los datos oficiales, 22.755 votos fueron obtenidos por la candidata del Partido Progresista, Ingrith Rocío Bernal, en un proceso que registró 38.882 votos válidos sobre un total de 96.926 personas habilitadas para votar, lo cual indica una preocupante abstención del 59.88% (equivalente a 58.044 ciudadanos que no ejercieron su derecho).
2. A pesar de la apatía de una parte del electorado, celebro la voluntad de quienes salimos a las urnas a expresar nuestra voz, cualquiera que haya sido la opción elegida. Esto evidencia que la democracia sigue viva en Duitama, a pesar de las dificultades.
3. Mi compromiso con la democracia no solo se manifiesta en el respeto por el voto, sino también en la exigencia de legalidad en todas las etapas del proceso electoral. Por eso, he elevado ante las autoridades competentes una denuncia sobre una presunta inhabilidad de la señora Ingrith Rocío Bernal, la cual considero debe ser revisada en derecho por los órganos judiciales y administrativos. Los hechos son claros y verificables:
4. El exalcalde José Luis Bohórquez fue declarado con nulidad electoral mediante sentencia judicial y resolución departamental el día 04 de marzo de 2025. Al día siguiente de esta decisión, el 05 de marzo de 2025, la señora Ingrith Roció Bernal y José Luis Bohórquez oficiaron ante notaría pública la disolución de su unión marital de hecho.
5. Solo 15 días después, la señora Bernal fue inscrita como candidata a la Alcaldía en elecciones atípicas resultado de la decisión legal de anular el proceso electoral por doble militancia en el cual José Luis Bohórquez fue designado alcalde de Duitama. Aunque se argumenta que la disolución formal de la unión elimina la causal de inhabilidad, la ley colombiana y la jurisprudencia del Consejo de Estado han sido enfáticas al señalar que: “La existencia de la inhabilidad no se suprime por el simple acto notarial de cesar una unión marital, si subsisten elementos que prueben la permanencia del vínculo afectivo, político o económico con quien ejerció autoridad civil en el año previo.” Consejo de Estado, Sección Quinta – Sentencia del 10 de septiembre de 2020 – Radicado 11001-03-28-000-2019-00006-00.} Y más aún, ha dicho el alto tribunal: “El acto notarial que disuelve la unión puede resultar ineficaz frente a la realidad material si se acredita que fue usado para eludir la aplicación del régimen de inhabilidades.” Esto no es una afirmación personal, es doctrina reiterada de la jurisdicción contencioso administrativa colombiana.
6. En consecuencia, la inscripción de la candidatura de la señora Bernal podría haber vulnerado el numeral 4 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, que establece claramente: “No podrá ser inscrito como candidato a alcalde quien tenga vínculo por matrimonio, unión permanente o parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad con quien haya ejercido autoridad política o civil en los 12 meses anteriores a la elección.”} Por ello, el proceso legal que hemos emprendido no es una persecución, ni un ataque personal, sino una defensa legítima del ordenamiento jurídico colombiano.
7. Desde el momento en que se conocieron estos hechos, se decidió actuar de forma respetuosa y legal, radicando ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) las denuncias correspondientes —junto a otros siete ciudadanos— con pruebas documentales verificables. Lamentablemente, el CNE no resolvió las denuncias en tiempo oportuno, a pesar de nuestras múltiples gestiones y peticiones formales. Incluso, se interpuso una acción de tutela ante el Tribunal de Santa Rosa de Viterbo, la cual fue admitida y ordenó al CNE emitir respuesta en un término perentorio de 48 horas. Esta orden judicial fue ignorada por el Consejo Nacional Electoral. Frente a este silencio institucional, no quedó más camino que acudir a las instancias judiciales competentes: el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Consejo de Estado, donde actualmente cursan las demandas para que se estudie de fondo la validez de la inscripción de la alcaldesa electa.
8. Reitero de forma categórica que no tengo, ni he tenido, relación alguna con los demás candidatos que participaron en las elecciones del 4 de mayo, ni con los abogados y personajes que denunciaron la Elección del Ex alcalde José Luis Bohórquez. No represento intereses de ningún aspirante, salvo los del Partido Centro Democrático y la ciudadanía de Duitama. No busco un cargo público, ni beneficios personales, ni protagonismo político. Mi única intención ha sido velar porque las normas se respeten y se preserve la equidad en los procesos democráticos.
La situación actual debe llevarnos a una reflexión profunda como sociedad: si permitimos que un funcionario público inhabilitado transfiera el poder a su pareja simplemente disolviendo una unión formal días antes de la inscripción, abrimos la puerta al fraude institucionalizado. Esto puede permitir que cualquier funcionario sancionado alcalde, gobernador, o funcionario público elegido por voto popular perpetúe su influencia política y administrativa a través de familiares, esposos o parejas, usando la legalidad para eludir la moralidad pública. ¿Es eso lo que queremos para nuestras instituciones? ¿Un sistema vulnerable al poder hereditario, disfrazado de legalidad?
Desde el momento en que los medios de comunicación hicieron pública esta denuncia, he sido objeto de ataques personales, calumnias, hostigamiento y publicaciones indebidas y con información errada en medios de comunicación y redes sociales, donde se han difundido mi nombre, fotografía y datos personales sin mi consentimiento.
Estas acciones constituyen una grave violación a mis derechos fundamentales a la honra, al buen nombre, a la integridad moral y a la protección de datos personales, protegidos por la Ley 1581 de 2012 y el Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.
Por tanto, a través de este comunicado a la prensa y a la opinión pública, hago responsables jurídica, civil y administrativamente de cualquier atentado u acción violenta que se presente en contra de mi integridad física, moral, psicología y la de mi familia a los periodistas y medios de comunicación que realizaron las publicaciones en redes sociales y a quienes continúen promoviendo acciones violentas en mi contra.
Rechazo todo tipo de violencia física, verbal, económica o mediática y solicito garantías para el ejercicio pleno de mis derechos ciudadanos y políticos.
Con respeto y firmeza, hago un llamado a la ciudadanía de Duitama, a los medios de comunicación y a los líderes políticos a que cesen los ataques y se respete la diferencia de criterios. La denuncia que he presentado es legal, está sustentada en derecho, y no debe interpretarse como un acto de odio o persecución. Este no es un conflicto entre personas, sino una discusión jurídica que debe resolverse en el marco institucional que nos ofrece el Estado de Derecho. Cierro este comunicado reafirmando mi compromiso con Duitama Seguiré actuando como lo he hecho hasta hoy: con respeto por la democracia, por la ley, y por los ciudadanos.
Tengo la conciencia tranquila, la voluntad firme, y el corazón puesto en el bienestar de esta hermosa ciudad que no merece tanto maltrato y descuido a nivel político y administrativo. Que sea la justicia, y no la manipulación política, quien defina el rumbo de este proceso. Y que nunca dejemos de defender los principios democráticos que nos unen como sociedad. Con respeto, firmeza y compromiso por Duitama,
PEDRO MIGUEL MANRIQUE PINZÓN Ciudadano y Coordinador del Directorio Municipal Partido Centro Democrático – Duitama.
