Así lo determinó el Tribunal Administrativo de Boyacá quien considera que el Estado tendrá que indemnizar a siete municipios del Valle de Tenza y a uno de Cundinamarca por caso Isagen.
Como un acto de traición con el Valle de Tenza se consideró la venta de la Hidroeléctrica de Chivor en 1996 por 644 mil millones de pesos, en donde la Nación sacó provecho en el Caso Isagen, y no le dio a la región lo que le correspondía. Hoy luego de 22 años, el Tribunal Administrativo de Boyacá ordena al Estado indemnizar a siete municipios boyacenses y uno cundinamarqués, ya que considera que “al no invertir el 10% del producto de la venta de la central hidroeléctrica de Chivor en la ejecución de proyectos de desarrollo regional, el Ministerio de Hacienda e Isagen vulneraron los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público”.
“El 10% del producto neto de la enajenación de las acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones, (…) se invertirá, por parte del Gobierno, en la ejecución de proyectos de desarrollo regional en la misma entidad territorial, departamental o distrital en la cual esté ubicada la actividad principal de la empresa cuyas acciones se enajenen”, expresó el Tribunal.
Además, Tribunal Administrativo de Boyacá expresó que lo anterior nunca se dio debido a que “Chivor S.A E.S.P le compró la hidroeléctrica a Isagen, por un valor de 644 mil millones de pesos. En ese entonces, el Estado tenía una participación del 76.88 por ciento de las acciones de la sociedad”.
Tras un proceso investigativo, el Tribunal determina que el Ministerio de Hacienda deberá destinar el 10% de la venta a los municipios cercanos a la represa. Si bien, la venta fue por 644 mil millones, a la Nación le tocaron 495 mil millones de pesos debido a que poseía el 76.88% de las acciones, es decir el 10% al que se hace mención sería de 49 mil millones de pesos, pero, el Gobierno ya había designado 18 mil millones de pesos para proyectos en Boyacá, lo cual hace que le correspondan a las jurisdicciones 31 mil millones de pesos que se ajustarán con base en el IPC.
El pago de dichos recursos tiene un plazo de dos meses, sin embargo, MinHacienda podrá apelar la decisión.
Los municipios que se verían beneficiados con los dineros son Garagoa, Santa María, Macanal, Sutatenza, Somondoco, Almeida, Chivor y Ubalá (Cundinamarca).
