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El Gobierno Nacional viene implementando las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) y las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) a partir de los establecido en los artículos 32, 51 y 359 de Ley 2294 de 2023 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.
El debate suscitado no da espera alguna, y con mayor impacto, las serias preocupaciones en torno al desconocimiento a la autonomía de las entidades territoriales en materia de ordenamiento territorial, y a las garantías y seguridad jurídica para la industria y actividad minera, no resultan menos alarmantes.
Las ZPPAS y APPAS se adoptaron como instrumentos tendientes a delimitar áreas prioritarias de producción agropecuaria a fin de garantizar la producción de alimentos y el derecho a la alimentación, derechos fundamentales que por supuesto, no admiten objeción alguna y que deben gozar de especial protección del Estado.
Ahora bien, no obstante, las loables intenciones gubernamentales con las ZPPAS y APPAS, no resultan para menos las álgidas y serias alarmas generadas en gremios económicos productores, industriales y mineros ante la incertidumbre y asalto a la seguridad jurídica que ocasionan la delimitación de dichas áreas, así como el palmario desconocimiento a la autonomía de las entidades territoriales en materia de ordenamiento territorial.
En días pasados la Asociación de Profesionales del Sector Minero Colombiano -APMC- publicó un muy sustentado documento que presenta unas observaciones y reflexiones acerca de la inconveniencia y nefastos impactos que la delimitación de las ZPPAS y APPAS causarán a los diferentes sectores productivos.
Con cierta razón, la -APMC- advierte que de manera imperativa los municipio deben modificar sus Instrumentos de Ordenamiento Territorial (EOT, PBOT y POT) incorporando nuevas y restrictivas determinantes: “…los municipios tienen que incorporar estas nuevas determinantes en sus Planes de Ordenamiento Territorial (POTS), imponiendo restricciones que afectan la libertad de empresa sí que haya una verdadera justificación limitando su autonomía en la decisión sobre el uso del suelo, violación flagrante de la Constitución Política en la autonomía territorial y restringiendo la iniciativa privada, desconociendo la iniciativa privada sin demostrar el “bien común” que justifica la Constitución política de Colombia Art. 333”[1].
Y evidencia también la connotada Asociación la no menos preocupante situación para los sectores productivos al verse inmersos en restricciones y prohibiciones para realizar sus actividades ante la inminente delimitación de las polémicas ZPPAS y APPAS: “La aplicación inmediata de las APPA genera incertidumbre y posibles conflictos con sectores productivos previamente establecidos, como también con propietarios de los suelos que puedan ser sujeto de expropiación. Se identificó que algunas actividades económicas, como la minería y la agroindustria, podrían verse afectadas de manera significativa. La delimitación de estas áreas no ha sido el resultado de un consenso amplio y los gobiernos locales deben revisar y modificar normativas y proyectos urbanísticos previamente aprobados, generando incertidumbre sobre la continuidad de inversiones y planes de desarrollo existentes”.
Como puede leerse, el panorama no puede ser más preocupante y desolador para los principales sectores económicos como el minero e industrial. Ante el propósito del Gobierno Nacional de delimitar las ZPPAS y APPAS sin abrir espacios de diálogo, socialización y concertación previos con autoridades locales, gremios y actores sociales de cada territorio, nos lleva a cuestionarnos con gran preocupación: ¿cuál será el futuro de los municipios en que su vocación económica esté determinada por actividades minera e industrial al delimitarte e implementarse ZPPAS y APPAS?, ¿se pasará por la faja el Gobierno Nacional el Principio Constitucional de autonomía de las entidades territoriales?.
La restricción y veto a sectores productivos e industriales solo ocasionará efectos catastróficos como desaceleración económica, desempleo, pérdida de fuentes legales de ingreso a los municipios, para el sector minero, un vergonzante incentivo a la extracción ilícita de minerales sin ningún tipo de seguimiento ambiental y fiscalización por parte de las autoridades competentes.
Se ha vuelto costumbre para el Gobierno Nacional impulsar reformas ideologizadas que devienen en verdaderos golpes blandos para la estabilidad y garantías para los sectores económicos productivos desconociendo los principios de seguridad jurídica, libertad de empresa y de iniciativa privada amparados por la Constitución Política de Colombia.
Como gesto republicano y sensato, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural debe convocar a los gremios, actores institucionales y sociales a un diálogo abierto y transparente para socializar de manera honesta los verdaderos impactos de las medidas que comportan las Zonas y Áreas de Protección para la producción de Alimentos para toda la cadena del sector productivo que sostiene la economía nacional.
«¿Qué tiempos son estos en los que tenemos que defender lo obvio?»
Bertolt Brecht
[1] Zonas y Áreas de Protección para la Producción de Alimentos ZPPA-APPA y sus Graves Impactos en los Territorios -APMC-
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