Tunja se ha convertido en ejemplo nacional de cómo no se deben impulsar proyectos de vivienda de interés social.
Hoy la ciudad sufre una verdadera calamidad por la situación en la que se encuentran los beneficiarios de los proyectos Torres del Parque y Estancia El Roble, sobre los cuales existe una gran incertidumbre por su terminación, por la forma como se le va a responder a las personas afectadas, y por la inmensa cantidad de recursos que necesita el municipio para no defraudar a los centenares de familias afectadas. A esto habría que agregarle lo ocurrido con urbanizaciones como Pinos de Oriente y Ciudad Jardín, que son impresentables para la habitabilidad de cualquier ser humano.
El drama de los beneficiarios de los proyectos de vivienda Torres del Parque y Estancia el Roble parece no tener fin. Está muy cerca de cumplirse una década desde que los proyectos fueron concebidos y hoy una gran mayoría de sus beneficiarios no sabe cuál será el destino de las edificaciones y del apartamento que con tanto esmero han venido pagando durante años.
Son cerca de 90 mil millones de pesos los que se necesitarían para responderle a las personas afectadas por estos evidentes casos de corrupción. Así lo dio a conocer el alcalde Pablo Emilio Cepeda durante la jornada de socialización de los resultados de los estudios de vulnerabilidad, en los que se aclaró que entre lo que se necesita para reconstruir, reparar, readecuar; y los subsidios que tendrán que entregarse a las familias que tienen que ser evacuadas, la cifra podría llegar a los 90 mil millones, recursos con los que Tunja no cuenta de ninguna manera.
El alcalde ha aclarado que ya se han destinado 2.900 millones de pesos para esta causa, que existe una iniciativa para solicitar un empréstito por valor de cinco mil millones de pesos, y que el dinero restante tendría que gestionarse ante instituciones del orden nacional, como lo es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
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Pero las esperanzas son pocas. Por lo menos por lo señalado por el entonces vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, quien señaló que al no ser proyectos del orden nacional, el ministerio no tiene por qué responder por esta calamidad que sufren cientos de familias en la capital boyacense.
El panorama podría cambiar con la llegada del nuevo gobierno, en cabeza de Iván Duque y su ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, ante quien ya se están haciendo gestiones para conseguir recursos para estos proyectos, según comenta el alcalde Cepeda.
> El anuncio del alcalde Cepeda de solicitar un nuevo empréstito no puede terminar siendo una carga más para la ya asfixiada economía de los tunjanos, que hasta ahora, y como van las cosas, parecen ser quienes van a pagar los platos rotos de este enorme desfalco creado con los proyectos de vivienda Torres del Parque y Estancia El Roble.
Pero aun así resulta inconcebible que el costo de estos proyectos termine siendo de 90 mil millones, que superaría por lejos el valor de cualquier otro proyecto de vivienda, incluidos los de estrato seis; por lo que no bastará con conseguir los recursos y responderle a los ciudadanos afectados, sino que debe ser el municipio, en cabeza del alcalde Cepeda, el encargado de llevar ante la justicia a los responsables de esta estafa en la que han caído cientos de familias tunjanas.
Y si se quiere ser sensato, habrá que hacer lo mismo con los responsables de la construcción de urbanizaciones como Pinos de Oriente y Ciudad Jardín, que están en el completo abandono, y que han sido un lastre para las administraciones municipales desde hace 14 años.
En estas vemos las tradicionales cajas de bocadillos vendidas como soluciones de vivienda, siendo que son un atentado contra la dignidad de cualquier ser humano al que le toque habitarlas.
Se ven en estas urbanizaciones, calles sin pavimentar, estructuras de tres metros cuadrados que, para brindar un supuesto confort a sus habitantes, las han hecho hacia arriba, siendo verdaderos adefesios, inhabitables para cualquier persona.
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Responsables de estas construcciones son el exalcalde Benigno Hernán Díaz, su entonces secretario de infraestructura Alexander Mesa, y su entonces secretario de desarrollo, William Sierra; también quienes hicieron parte de la administración de Jairo Aníbal Niño, y posteriormente Arturo Montejo y Fernando Flórez, que no le dieron la relevancia necesaria a esta problemática y la dejaron crecer hasta convertirse en el monstruo fuera de control que es hoy.
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