Por: Jacinto Pineda Jiménez, coordinador académico ESAP Boyacá Casanare
A la luz de los hechos hay una violencia en el hogar que carcome esperanzas y mata futuros. Por ello toda afectación de derechos que se dé en el ámbito de la intimidad no puede ampararse bajo la privacidad del hogar sino que es un problema público.
En Colombia el 76.06% del total de casos por presunto delito sexual tienen como escenario la vivienda. Frente al presunto agresor, el 88% de los casos es una persona cercana a la víctima, donde los propios familiares ocupan el 43,34% y el resto (44,66%), es decir las parejas o exparejas, conocidos y amigos. La mayor vulnerabilidad la soportan las niñas y niños de 0 a 17 años que representan el 86.06% de las víctimas, de ellas el 34,35% son menores de 10 años. (Datos de medicina legal año 2016)
La violencia en el entorno familiar es un flagelo que vulnera los derechos de sus miembros y la violencia sexual es una de sus peores expresiones. Sumado a lo anterior, niñas y niños adolescentes, sufren el rigor de la violencia física y psicológica, además de los conflictos de pareja que registra el mayor número de casos. En Colombia en el año 2016 se presentaros 74.233 eventos de violencia intrafamiliar, es decir una tasa de 154 casos por cada cien mil habitantes. Resulta paradójico pero es el hogar uno de los sitios más inseguros para muchos colombianos.
El hogar, donde transcurre la vida íntima y privada, debería ser el espacio del afecto, la armonía y el respeto. Sin embargo ante el desborde de la violencia y el menoscabo o anulación de los derechos humanos y los derechos fundamentales de sus miembros, en especial de la mujer, y sus nefastas consecuencias sobre la vida, económica social y política, es necesaria la intervención del Estado. La frontera entre lo privado y lo público se desdibujan ante la amenazadora realidad, nadie puede guarecerse bajo la intimidad del hogar cuando el problema es asunto público. La propia ley -la Ley 1542 de 2012-, fortalece la protección especial, al quitarle el carácter de querellables y desistibles a los delitos de violencia contra la mujer, por ejemplo.
Desde luego, el surgimiento de la violencia familiar como un problema público y, por ende, objeto de políticas públicas, es otro de los debates para una democracia dado que una exagerada intromisión afectaría espacios vivenciales propios de la familia. El derecho a la intimidad tiene límites admisibles y estos “emanan del interés público constitucionalmente legítimo, esta tipología jurisprudencial permite graduar los niveles válidos de intromisión en la intimidad”, tal como lo señala la corte constitucional en su jurisprudencia. Se trata de escucharnos, pues sin lugar a dudas el primer obstáculo para incorporar agendas públicas es la propia concepción que se tiene de familia.
A la luz de los hechos lo cierto es que hay una violencia en el hogar que carcome esperanzas y mata futuros. Por ello requerimos construcción y ejecución de políticas públicas diferenciales que comprendan las lógicas propias de cada territorio. Boyacá enfrenta uno de los mayores retos pues el desbordado aumento de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar solo está eternizando una sociedad injusta. Una cifra basta para reflexionar, dentro de los diez municipios con las tasas por cien mil habitantes más elevadas de violencia contra niñas, niños y adolescentes en el ámbito del hogar en Colombia, cinco son Boyacá: Pachavita, Almeida, Garagoa, Chivor y Sogamoso.
¿Qué Boyacá construimos? ¿Es asunto privado violar derechos de niñas y niños?
