El Sistema Universitario Estatal-SUE, bajo la coordinación académica de la Universidad Industrial de Santander, reunido entre el 29 y 30 de noviembre de 2022 realizó el sexto encuentro nacional de evaluación de la implementación del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP.
La siguiente es la declaración del Sistema Universitario Estatal-SUE, comunicada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia:
Reconocemos que la elección y puesta en marcha del gobierno del presidente Gustavo Petro representan favorables condiciones para el cumplimiento del Acuerdo de Paz, pues el tema no solamente estuvo en el centro del programa de gobierno, sino que ahora atraviesa transversalmente las bases del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, Colombia potencia mundial de la vida.
Valoramos positivamente la nueva configuración política del Congreso de la República y la coalición mayoritariamente proclive que ahora está al frente del Senado y la Cámara de Representantes, donde ahora no solo hace parte, por segundo período la bancada del partido de los Comunes, sino que por primera vez se cuenta con los 16 representantes de las circunscripciones especiales de paz.
Consideramos de particular importancia la presentación del Informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad En cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz destacamos la apertura de tres nuevos casos relacionados primero con crímenes de guerra de miembros de las antiguas FARC-EP no investigados en los casos establecidos previamente; segundo con casos referidos a crímenes de guerra y de lesa humanidad, cometidos por miembros de la fuerza pública y agentes del Estado en relación con paramilitares y terceros; y tercero con crímenes cometidos, presuntamente, por las FARC-EP, la Fuerza Pública, agentes del Estado y terceros, en contra de comunidades y territorios étnicos.
Hacemos notar el trabajo de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en virtud o con ocasión del conflicto armado y sus logros en la recuperación de 511 cuerpos y la devolución de 155 de ellos a sus familias, entre otros luctuosos aspectos.
Estimamos que la aprobación de la Ley Marco para la Paz representa otro paso adelante en la búsqueda de la paz total, dado que ella establece, entre otros.propósitos, la paz como una política de Estado que garantiza la continuidad de los acuerdos firmados y los que se lleguen a pactar, así como los orientados al sometimiento de estructuras armadas organizadas de alto impacto.
Apreciamos el valor de las noticias sobre la Reforma Rural Integral, de manera específica la decisión de compra de tierras a Fedegán, la entrega de tierras que están en manos de la SAE a poblaciones campesinas o grupos étnicos, la formalización de la propiedad o la titulación de baldíos.
En esta dirección también incluimos las recientes sentencias y pronunciamientos de la Corte Constitucional relacionadas con el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Tierras, la creación de la jurisdicción especial agraria y el catastro multipropósito para la distribución de la tierra y la consolidación de las propiedades rurales.
Valoramos positivamente el compromiso gubernamental para ofrecer tratamiento de salud pública al problema de las drogas de uso ilícito y el respaldo a los programas de erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito.
Reconocemos el positivo significado del relanzamiento y fortalecimiento de la institucionalidad prevista en el acuerdo con las Farc. Subrayamos como un logro el proceso de reestructuración de las Fuerzas Armadas y de Policía y el abandono de la teoría del enemigo interno y su sustitución por la teoría de la Seguridad Humana. El anunciado traslado de la Policía a un nuevo Ministerio puede fortalecer la perspectiva de una paz integral. Advertimos que, si bien los progresos señalados son una realidad, en materia de garantías para la protección y seguridad de los firmantes de paz subsisten notables deudas. Según Indepaz, 342 firmantes de paz han sido asesinados desde 2016.
De esos, 38 han ocurrido este año; lo cual confirma la importancia de asegurar el derecho a la vida como eje central de todo lo acordado. Reconocemos, además, que en diferentes regiones del país aún se sufren crisis humanitarias derivadas del enfrentamiento entre organizaciones armadas ilegales y que producen asesinatos, desplazamientos, confinamientos, secuestros, reclutamiento de menores y restricción de derechos de las comunidades y sus dirigentes.
Resaltamos la importancia del apoyo de la comunidad internacional y de la iglesia católica a los esfuerzos gubernamentales y de la sociedad civil para avanzar en la dirección de la paz total a través de negociaciones con actores armados con reconocimiento político y del sometimiento a la justicia con los demás grupos armados. En este sentido, abrazamos con entusiasmo el reinicio de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional desde el pasado 21 de noviembre en Caracas, Venezuela retomando los protocolos y la agenda de negociación que se había acordado en Quito, Ecuador en 2018.
Teniendo en cuenta lo anterior, reafirmamos nuestro compromiso para: Respaldar las nuevas medidas de protección, individual y colectiva, orientadas a garantizar la efectiva protección de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las Farc y a fortalecer las instancias del Estado de Derecho en los territorios más afectados por el conflicto armado, para asegurar las condiciones de participación de las comunidades locales en la construcción de paz; Apoyar el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición, especialmente, el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas; Trabajar desde la academia con el informe final de la Comisión de la Verdad.
Ofrecer la Cátedra Alfredo Molano Bravo;
Fortalecer las ofertas académicas de formación y capacitación para excombatientes de las FARC y para la población víctima del conflicto armado.
Acompañar, desde diferentes áreas del conocimiento, iniciativas y proyectos propios del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz y del Documento Conpes 3932.
Concertar alianzas de cooperación académica para atender los compromisos educativos derivados del Acuerdo de Paz; Incentivar prácticas y pasantías en sectores rurales en las que estudiantes y docentes aporten a la construcción de paz. Apoyar las prácticas profesionales de los estudiantes para la paz;
Expresar nuestra disposición para fortalecer el trabajo del voluntariado como una manera de aportar al cumplimiento de las responsabilidades de la proyección social de nuestras universidades;
Acordar con el Ministerio de Educación estrategias y programas orientados a garantizar que la educación para la paz sea eje de formación transversal en todos los niveles y modalidades del sistema educativo y permita su incorporación en la agenda de los ministerios de Defensa, Interior, Agricultura, Cultura, entre otros.
Acompañar espacios de formación en la construcción de paz de las fuerzas militares y de policía. Implementar la educación para la paz desde un enfoque de regionalización que contribuya a fortalecer la convivencia pacífica en los territorios y se ofrezca de una manera articulada entre las instituciones, los niveles y las modalidades educativas.
Contribuir a la creación de estrategias pedagógicas que permitan no solo ‘abrazar la verdad’ en las diferentes instituciones educativas sino especialmente avanzar en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
Reiterar nuestra disposición para ofrecer el acompañamiento académico que se juzgue pertinente en la Mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional y prestar los apoyos logísticos necesarios para la realización de los diálogos regionales que seguramente se desarrollarán como parte del proceso Insistir en la necesidad de realizar acciones positivas que generen confianza y permitan avanzar en el desescalamiento del conflicto armado y en la concertación de un cese bilateral de fuegos.
Participar activamente de las discusiones del nuevo Plan Nacional de Desarrollo buscando que efectivamente la paz se consolide en el eje articulador. Acompañar los procesos de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y, en particular, de su veeduría para el cumplimiento del Acuerdo de Paz.
Realizar en noviembre de 2023 en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el séptimo Encuentro de Evaluación de la Implementación del Acuerdo de Paz Estamos convencidos de que en un ambiente de reconciliación y de convivencia pacífica la labor misional de nuestras universidades será más fecunda y realizaremos mayores y mejores contribuciones al desarrollo del país. Manifestamos nuestro orgullo si, llegado el caso, la firma del Acuerdo entre el ELN y el gobierno nacional se realiza en la sede principal de la Universidad Industrial de Santander.
Las universidades públicas colombianas continuaremos atendiendo nuestras responsabilidades con la democracia, la reconciliación y la convivencia pacífica de cara al país y a la comunidad internacional.
Bucaramanga, noviembre 30 de 2022
Mesa de Gobernabilidad y Paz del Sistema Universitario Estatal
Fuente | UPTC
