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La reventa de la Empresa de Energía de Boyacá, que se dio por una cifra que dobla la inversión realizada hecha por el fondo Brookfield hace ocho años, solo terminó por confirmar el detrimento al que fueron sometidos los boyacenses, que vieron como el gobierno Santos regaló el mayor activo público de la sociedad boyacense al rifar una empresa que al momento de su primera venta lograba utilidades superiores a los 200 mil millones de pesos.
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