Por | Manuel Humberto Restrepo Domínguez
Las Universidades tienen ética y socialmente el compromiso incuestionable de comprometerse con la construcción de paz total. La creación de la universidad intercultural indígena, anuncia prácticas, concepción y modos de acción distintos sobre la formación profesional, infraestructuras, compromisos y saberes en integración de comunidad y territorio desde adentro de la misma vida cotidiana; al mismo tiempo aparece en el panorama la universidad del trópico Unitropico con enorme responsabilidad en el amplio entorno de la Orinoquia colombiana, con puertas de entrada y salida hacia la inmensa llanura y la valiosa biodiversidad de la selva amazónica. Se amplía de 32 a 34 el número de universidades del sistema universitario estatal SUE, con presencia en todos los territorios.
La capacidad del SUE se dimensiona con la oportunidad que tiene para proyectarse hacia el mejoramiento de las oportunidades educativas para todos los jóvenes y no solo para quienes pueden vivir el sueño del estudio en las ciudades, pero además, para ahondar en la comprensión de territorios y saberes aún inexplorados, aportar para desarrollarlos conforme a identidades, culturas, patrimonios y demandas propias de bienestar de poblaciones y gentes marginadas u olvidadas y ratificar su compromiso de incorporar a su visión la construcción de la paz total estable y duradera que libere de violencias y empuje al país a su consolidación como sociedad basada en derechos.
Las universidades públicas en su naturaleza son una mezcla de ciencia, cultura y libertades, se deben a la nación. Su esencia del hacer se determina en la docencia para emancipar, la investigación para promover el bienestar y la convivencia, y la extensión para sostener vínculos de solidaridad con la sociedad. En su misión todas anuncian la formación integral y creación de conciencia crítica, que remite a conductas éticas en profesiones, ciudadanías y sentido de humanidad, para reconocer el todo y sus partes, respetar a los otros y atender diferencias en todos sus géneros y maneras de representación, para que nadie pueda pretenderse juez moral de otro, ni verdad única a seguir.
La condición de territorios de paz de las universidades, desarmadas en sus espíritus, verbo y acciones, la conmina a asumir responsabilidades efectivas, a asegurar la calidad e impacto de sus intervenciones en las transformaciones sociales y humanas y defender la vida y el bien público. Es hora de cambiar su actual modelo de gestión de resultados basados en indicadores formales y de tomar distancia de filosofías empresariales y de negocios, que reportan recursos a un lado y detrimentos en la calidad del otro. Resignificar su naturaleza y misión será el camino necesario para liberarse de las funestas ataduras del modelo neoliberal incrustado con la ley 30 de 1992 que cambió la morfología de las universidades, atrajo a muchas a asumir la autonomía como una libertad de mercado, enviando al margen la concepción de la educación como derecho. El desafío inmediato, que ojalá se traduzca en una declaración pública, está en la reconstrucción de su visión que el mercado como sistema abierto alteró y permitió que el capital destituyera la esencia política del hacer académico.
Volver a reconocer la naturaleza universitaria científica y cultural, es un paso obligado para avanzar en sistemas de garantías a la educación superior como derecho humano. El estado sabe que llegó el momento para formular la política pública de la educación superior y que la universidad pública espera ser totalmente financiada con el presupuesto de la nación, y en reciprocidad asumir un compromiso esencial para dirigir sus esfuerzos a la construcción material de la paz total, volcando sus capacidades colectivas de estudiantes y docentes a acompañar de inmediato a la sociedad en la formación integral, en territorios, campos y ciudades, barrio a barrio otra vez en extensión solidaria.
Si las universidades asumen el compromiso por la paz, serán cerca de un millón de universitarios/as, interactuando con la población, en busca de superar rápidamente las anomalías e ir hacia la tranquilidad que tienen los países pares de la OCDE, en los que la paz es la condición esencial del estado de derecho y fuente principal del respeto a derechos humanos y garantías para la convivencia libre de temores. En los planteamientos de paz total, colocados en el centro de la brújula del gobierno, las universidades están convocadas a cumplir un papel protagónico movilizando su ciencia, cultura, rebeldía y solidaridad humana hacia los sectores de población más vulnerable. Paz total es más que la suma de conflictos resueltos y para las universidades llega un momento oportuno para liberarse de rezagos todavía medievales y dejar atrás sus actuaciones de instituciones-maquina conducidas por estímulos políticos y de mercado a veces, jurídicos otras, que las limitan para actuar y resolver sus asuntos y conflictos con base en la dialéctica y argumentos o permanecen extraviadas entre marañas de indicadores, metas y clasificaciones que violentan la condición del ser del docente, estudiante o funcionario y como instituciones responden acríticamente a impulsos del mercado y poder, condenando al silencio el argumento y la palabra. El gobierno popular abre sus puertas para construir país, de abajo hacia arriba, del territorio y la institución hacia el centro y el ministerio ofrece escuchar sin las presiones a las que estaban sometidas. Es momento para volver a hablar con autonomía, no para vender y extenderse de manera ilimitada, pero sí para volver a hacer parte vital de la vida social, recuperar el afecto y la confianza de la gente, autoconvocarse a volver sin demora a la plenitud de las ideas, al debate abierto, al diálogo franco y al rechazo unánime de toda violencia, amenaza, chantaje, temeridad e intereses personales o privados disfrazados de interés colectivo.
Las universidades pueden ser parte inevitable para atajar la desigualdad e impedir los fascismos, y sobre todo para participar como actor relevante en la tarea hasta ahora no explorada de promover el desarme total de la sociedad civil, sus grupos y manifestaciones y reducir hasta erradicar las violencias cotidianas. Pueden aportar en las negociaciones políticas con las insurgencias, al amparo de las reglas de la guerra y contribuir con el acogimiento y desarticulación de grupos criminales. Las universidades en particular las públicas, tienen la responsabilidad y oportunidad real de desmontar sus egos (sostenidos a veces con solas formalidades) y sus miradas hacia sí mismas y reconducir agendas de movilización de sus acumulados y experiencias de resistencia hacia la construcción de paz total, mirando hacia la sociedad otra vez, extendiendo hacia ella su visión y prácticas de formación integral de seres humanos y comprometer sus esfuerzos institucionales desde su papel activo en el plan de desarrollo en construcción de abajo hacia arriba, hasta en la creación de culturas hoy inexistentes de legalidad, democracia y ciudadanía necesarias en la formación de la sociedad de derechos.
