Por: Jacinto Pineda, Coordinador Académico territorial, ESAP, Boyacá y Casanare.
La mercantilización de lo público, obnubilada por la ganancia, terminó colonizando el espacio de lo público que por antonomasia es el de la solidaridad y la comprensión. La eficiencia de la privatización, dentro de ella la educación, es otra falacia que hoy debe replantearse.
Eficiencia y mercado se fueron desplegando en la vida del Estado a partir de la lógica neoliberal de los años 90 del siglo pasado. El discurso impulsado por entes multilaterales y replicado por los gobiernos latinoamericanos, pregona el triunfo del mercado ante el fracaso del Estado. Sencillo, el mercado eficiente debe asumir los bienes públicos ante la desidia del Estado, por lo tanto, la estrategia válida es la privatización. La salud, la educación, los servicios públicos domiciliarios, la seguridad social etc., ingresan a la competencia del mercado y al eficientismo que marca la gestión pública en general. Fuimos fieles a los postulados impulsados por los organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional; es así como Colombia inicia el desmonte del Estado y la privatización de lo público, en una venta de bienes, patrimonio del país; feria de la cual la sociedad no ha repensado sus alcances.
Someter los bienes públicos al mercado implica, además, la estrategia de entregar los subsidios a las empresas privadas que se encargan de convertirlos en beneficios para la población objeto. Este mecanismo es el fundamento de políticas públicas como el de “ser pilo paga”, que hoy está en el centro del debate. De igual manera se ha aplicado a la salud, servicios públicos, seguridad social, etc. De manera contraria, se sostiene que el subsidio debe ser a la oferta, es decir los recursos se giran a las empresas públicas, llámense universidad pública, hospital, sistemas públicos de pensiones.
A la luz de los resultados la eficiencia de lo privado en la provisión de bienes públicos terminó siendo otra falacia. La mercantilización de lo público, obnubilada por la ganancia, invadió el espacio de lo público que por antonomasia es el de la solidaridad y la comprensión. El dolor del paciente, la esperanza del estudiante, la seguridad del adulto mayor, el agua potable del ciudadano, terminan, en ocasiones, en las manos de la codicia, la avaricia y la corrupción.
Falacia porque, por ejemplo, la educación superior brindada por entidades del Estado es eficiente, eficaz, de servicio social y genera valor público que transforma el país. De las diez instituciones con mayores grupos de investigación, siete son del Estado. Si es por la lógica de los indicadores las universidades oficiales ocupan los primeros lugares en los diversos rankings. Si detrás del discurso de la ineficiencia se parapetan para restringir los recursos financieros a las universidades Estatales, es necesario, con toda la fuerza, decir y en una sola voz que invertir en la universidad pública es hacerlo por la eficiencia, por el derecho a la educación; y, lo fundamental, por la generación de valor público. El servidor público no debe temerle a una gestión pública instrumentalizada y orientada al resultado, terreno en el cual muchas entidades Estatales han demostrado superioridad al sector privado.
No se trata de generar barreras entre lo Estatal y lo privado, es necesario que en lo público converjan el Estado, el mercado y la sociedad. El camino es la gobernanza, entendida como el proceso de interacción entre actores estatales y no estatales, para formular y aplicar políticas; el problema es cuando ciertas personas o grupos de poder (estatal y no estatal), como lo señala el Banco Mundial, en su informe sobre el desarrollo mundial, 2017, buscan con la provisión de bienes públicos la captura del Estado, el clientelismo y la exclusión.
