El macabro caso registrado el más reciente fin de semana, que todavía es motivo de investigación por parte de las autoridades, revivió el fantasma del problema de salud pública que implica el suicidio, que ronda desde hace años por las calles de la capital boyacense, sin que nada se haya hecho por combatirlo. Tunja es la octava ciudad capital con la tasa más alta de suicidio por cada 100.000 habitantes.
Más allá de las condolencias, más allá de las cifras, y más allá del morbo que esconde la trágica historia de cada persona que ha decidido poner fin a su vida, el suicidio se ha convertido en una problemática de salud pública que requiere la atención que las autoridades se han negado a darle.
Es que Tunja ha sucumbido en el círculo vicioso del olvido y la justificación, que nace justamente con la acción que pone fin a la vida del suicida, seguido del escándalo mediático, y el posterior saludo o pronunciamiento de condolencias. Luego el caso entra en el olvido hasta que se presenta uno nuevo.
La situación al término de 2019 ya era bastante diciente, como para expresar hasta ahora que es necesario idear un plan a seguir para combatir esta problemática.
De acuerdo al reporte de suicidios que realiza la revista Forensis del Instituto Nacional de Medicina Legal, en 2019 Tunja fue la octava ciudad capital con la más alta tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes. En 2019 se suicidaron 16 personas, equivalentes a un 9,73% por cada 100.000 habitantes.
En esa deshonrosa medición Tunja solo fue superada por Mitú con 4 suicidios y una tasa del 14,87%, Pasto con 44 suicidios y una tasa del 11,93%, Mocoa con 6 suicidios y una tasa del 11,31%, Puerto Carreño con 2 suicidios y una tasa del 10,91%, Pereira con 47 suicidios y una tasa del 10,58%, Inírida con 3 suicidios y una tasa del 10,39%; Ibagué con 50 suicidios y una tasa del 9,91%,
Y dado que no es un fenómeno nuevo sino con clara tendencia al alza durante los últimos años, es absurdo que no se cuente con una política pública seria y consolidada para tratar la problemática. Es más, el sistema sanitario en Colombia cuenta con una amplia base de datos sobre el comportamiento de la conducta suicida en el país: Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO, la Encuesta Nacional de Salud Mental – ENSM 2015, el Estudio de Estimación de la Carga de Enfermedad para Colombia, de 2010 y el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública – SIVIGILA, que detallan no solo la situación, sino la necesidad de establecer rutas de atención temprana, así como políticas públicas que apunten a mejorar el estado de salud mental de la población.
El diagnóstico de la conducta suicida es en la mayoría de sus casos algo imprevisible, pero la intervención integral de parte del sector público para establecer condiciones de educación, protección, justicia social, oportunidad laboral, recreación organizada, entre otros factores, juega un papel indispensable para la reducción de la tasa.
En medio de la pandemia se ha buscado culpar a esta como la causante del aumento de los casos de suicidio, por la relación que ha tenido el aislamiento con el cierre de comercios y la consecuente pérdida de puestos de trabajo, o los trastornos que puede causar el encierro a la salud mental, aunque este fenómeno no necesariamente es así. Cabe recordar que antes de llegada del COVID-19 a Colombia, Tunja ya tenía una compleja situación de empleabilidad, situando la tasa por sobre los dos dígitos, y con la angustia de una gran parte de la ciudadanía que no hallaba escapatoria al drama del desempleo.
Fenómeno que se ha visto arraigado en medio de la pandemia, pues mientras la Administración Municipal se ha empeñado en crear algo más de 600 empleos en medio año, pero solo para gente menor de 26 años; son algo más de 3.500 empleos que se están perdiendo mensualmente. De acuerdo al Boletín Conducta Suicida 2018 del Ministerio de Salud, los problemas económicos son la segunda causa o motivación para la conducta suicida.
En Tunja la cifra fue dramática en 2019, pero en 2020 tiende a empeorar, pues los 16 casos registrados el año anterior ya fueron superados y hoy la cifra se sitúa por encima de los 20, faltando el dictamen legal de lo ocurrido a inicios de septiembre en el barrio El Consuelo.
Como respuesta al caso anteriormente mencionado, la Administración Municipal ha buscado acelerar la puesta en marcha de una plataforma web para la prevención del suicidio, que no deja de ser valiosa como herramienta en un momento tan delicado, pero que se queda corta ante la grave problemática que presenta la ciudad en esta materia.