Durante mi época como concejal puse de manifiesto ante la administración municipal y la ciudadanía, la difícil situación de los recicladores o recuperadores de oficio en Chiquinquirá, quienes excluidos y denigrados habían sido invisibilizados durante años y reducidos a una condición cercana a la mendicidad. Hoy, tras algunos años, lamentablemente nada ha cambiado; por el contrario, la precariedad ha aumentado para cientos de personas que viven de la mal llamada “basura”. Hoy quienes deben recurrir a la limosna para cuadrar caja y hacer aunque sea, 20.000 $ al día para alimentar, educar y sacar adelante a sus familias.
Sobre el año 2020 durante un debate de control político, evidencié la existencia de un recurso económico desconocido por el gobierno de aquel entonces. Este recurso proveniente del incentivo al aprovechamiento y tratamiento de residuos solidos creado por el artículo 88 de la ley 1753 de 2015 y reglamentado mediante el decreto 2412 de 2018 a nivel nacional, dicho incentivo obligaba a las prestadoras del servicio de recolección y transporte de residuos, en nuestro caso particular, Colombiana de Aseo y ahora también Servigestar, a pagar mensualmente al municipio por los residuos no aprovechados que llegaban al relleno sanitario de carapacho, depositados en una cuenta del Banco BBVA. A día de hoy, dicha cuenta debe superar los 300 millones de pesos destinados a proyectos que beneficien la separación de la fuente, recolección, transporte, recepción, clasificación y aprovechamiento de los residuos. Pero, ante todo, que beneficie a los recicladores en proceso de formalización.
Sin embargo, desde la creación de este recurso en 2019, la administración municipal no ha logrado ejecutar estos fondos por falta de proyectos y organización del comité, que a través del decreto 802 de 2022 ha simplificado y reglamentado su ejecución ampliando la fecha de presentación de proyectos hasta el 30 de Julio. Por lo tanto, esta administración aún tiene la posibilidad y el desafío de priorizar la ejecución de estos recursos, en beneficio de los recicladores de oficio, pero sobre todo, de dignificar la vida de quienes aún trabajan en condiciones degradantes e insalubres, con una retribución económica miserable y enfrentando constantes ataques de quienes vienen de otras ciudades a tomar los espacios.
La falta de apoyo en la creación de una asociación de recicladores hace imposible que ellos mismos accedan a estos recursos, dejando en las empresas prestadoras de servicios de recolección las únicas con posibilidades de ejecutar este recurso, ante la indiferencia del gobierno municipal que tiene la obligación de priorizar la inversión en los recicladores, su indumentaria, vehículos de transporte, bodegas de almacenamiento y educación.
Invertir en los recicladores es el inicio de la transformación en el esquema de recolección de residuos que requiere la ciudad mariana y será vital que en el plan de desarrollo municipal y la ejecución del PGIRS (Plan de gestión integral de residuos solidos) encontremos las iniciativas para llevarlo a cabo, y en el control político por parte del Concejo Municipal, porque el dinero ya está disponible, y aunque son las empresas recolectoras de residuos las que gestionan estos fondos, somos los usuarios del servicio público de aseo quienes realmente lo pagamos.
Queda la tranquilidad para nosotros, que, si no logran ejecutar ese dinero, continuará creciendo en la cuenta bancaria. Sin embargo, para los recicladores, el panorama se torna aún más preocupante, la incertidumbre, el olvido y la precariedad seguirán siendo las condiciones de quienes día a día trabajan por nuestro planeta.
