La periodista, activista y lideresa social Gina Rojas Hoyos solicitó la realización de un Consejo de Seguridad con enfoque de género por la situación de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres boyacenses y la falta de acción por parte de las comisarías de familia y de las entidades que deberían encargarse de su protección y acompañamiento.
“En Boyacá no se está garantizando la seguridad de las mujeres”.
Así lo señaló la periodista y comunicadora boyacense con enfoque en género y derechos humanos, vinculada a iniciativas sociales y narrativas de memoria Gina Rojas Hoyos.
Según la comunicadora, hay casos como el de María Esmeralda Chivatá Díaz, una mujer tunjana a quien su expareja la atropelló de manera intencional.
“Esmeralda sobrevivió, pero sufrió múltiples fracturas y lesiones que la mantuvieron varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Rafael; espera una cirugía que debe ser autorizada por la Nueva EPS, mientras su agresor sigue en libertad”, contó la periodista.
Pero hay muchos más casos, no solo en Tunja, sino en Duitama, Chitaraque, Santana, San José de Pare y Moniquirá, donde, pese a posibles flagrancias de tentativa de homicidio, no se ha actuado como corresponde, no solo por la negligencia de las comisarías de familia, que no actúan y se demoran en los procesos para garantizar la integridad y la seguridad de las mujeres.
Gina Rojas solicitó la realización de un Consejo de Seguridad con enfoque de género para revisar los casos y las posibles fallas institucionales, que se evalúe cuáles deben ser los procedimientos de protección real (contemplados en la ley) y que se revisen los casos de asesinatos de mujeres en el departamento. Igualmente, solicitó acciones concretas de protección y acompañamiento a las víctimas y concluyó que: “Cuando el Estado falla, la violencia avanza”.
En 2024, Boyacá registró 25 feminicidios, el dato más alto de los últimos años, junto con más de 5.400 denuncias por violencia de género, lo que marcó un incremento significativo frente a 2023.
Pero el panorama no mejoró. Durante 2025, distintos reportes periodísticos y análisis regionales, entre ellos los del columnista Jacinto Pineda, han advertido que los casos de violencia intrafamiliar, agresiones y tentativas de feminicidio continúan en aumento, con especial incidencia en municipios intermedios y rurales, donde la presencia institucional es más débil.
Para 2026, aunque las cifras oficiales consolidadas aún están en construcción, los reportes preliminares de autoridades y medios locales indican que persisten los hechos graves contra mujeres, incluyendo agresiones físicas severas, amenazas y casos en los que existían denuncias previas sin que se adoptaran medidas efectivas de protección.
Los datos históricos muestran que el problema no es nuevo, pero sí estructural. Entre 2020 y 2024 se documentaron miles de casos de violencia intrafamiliar en el departamento, con mujeres como principales víctimas y hombres como principales agresores. Incluso desde años anteriores, más del 80 por ciento de los casos de violencia de género ya recaían sobre mujeres.
Aunque se han creado herramientas como el Observatorio de Asuntos de Género y se han fortalecido algunas rutas de atención, las denuncias coinciden en un punto: el problema no es la falta de normas, sino la falta de respuesta oportuna y efectiva.
Boyacá enfrenta una situación crítica en materia de violencia contra las mujeres, donde cada caso no atendido a tiempo puede convertirse en una tragedia anunciada.
