Que se haya echado atrás el proceso de sísmica, contratado con una empresa polaca, para la exploración sobre posibles yacimientos de hidrocarburos, convencionales y no convencionales, en 14 municipios de Boyacá y Cundinamarca, sin duda es una muy buena noticia para quienes están convencidos de que la preservación de los bienes ambientales está por encima de cualquier otro asunto, tratándose del manejo responsable, sostenible y sustentable del territorio. Sin embargo, cerrar las puertas al fracking no significa igual negación para la misma búsqueda y explotación de hidrocarburos bajo métodos convencionales y menos para el resto de la minería.
No solo en materia de exploración y explotación de hidrocarburos se debe discutir y fijar posiciones, también es ineludible que se discutan a profundidad temas cono la expansión de las plantas de generación en Paipa, con base a carbón: si se construyen nuevas unidades, ´como debe ser su propiedad, cuáles las nuevas reglas para el suministro de carbón y qué pasa con su rentabilidad, contando, desde luego con la aplicación de las más estrictas regulaciones ambientales; sobre la explotación de puzolanas a cielo abierto, también en Paipa y otros municipios de la región; que se analice a fondo la decisión del grupo Argos de suspender o cancelar la ampliación de la planta de Sogamoso y lo que ha venido sucediendo con la industria cementera encavada en el departamento; sobre la proyectada explotación de calizas en Gachantivá para la producción de cemento; que el departamento sepa y evalúe también el frente esmeraldífero, actividad donde han sucedido transformaciones muy importantes, pero que necesitan claridad frente a la opinión pública en muchos aspectos: ambientales, técnicos, sociales, fiscales.
Que hoy se analice a la luz pública lo que está pasando con la explotación y transformación de los carbones siderúrgicos para la exportación, dadas las realidades actuales del mercado internacional de este producto, cuyos precios están disparados y que se podrían mantener por un largo tiempo. Si esta perspectiva se cumple, que en principio es deseable y muy positiva, entonces es igualmente necesario que se discuta sobre el destino del producto de esta bonanza. No es posible que volvamos sobre la misma experiencia de las bonanzas anteriores cuyos beneficios no se reflejaron ni en lo fiscal ni en transformaciones de la economía regional. Lo mismo hay que hacer sobre la intensificación de la extracción petrolera en Puerto Boyacá, la región del departamento donde se va a cumplir un siglo de actividad y que sigue generando producción, la cual ha convertido al municipio en el más rico del departamento, pero a su vez en uno de los más desiguales, y al que peor le ha ido con las múltiples violencias de los últimos 50 años en Boyacá.
Sin duda, estos son los temas más gruesos que hay que abordar desde una mirada integral y profunda en todas sus implicaciones, ya que todo no es tan malo como dicen los opositores ni tan magnífico como lo defienden los promotores. Por eso, que el gobernador Carlos Amaya se haya puesto al frente de la campaña en contra del uso de las tecnologías no convencionales para la explotación petrolera, lo que es igual a decir que en contra del ‘fracking’, merece todo el respaldo con el rechazo colectivo que debe darse a esta práctica. Sin embargo, con los demás asuntos habría que ir con cuidado, ya que puede resultar que se esté pasando la delgada línea de la validez de una postura plausible, en todo caso, a un escenario populista, que termina desdibujando y debilitando lo que se quiere defender.
Se hace imperativo que a la vez que se rechaza seguir un camino, debe ponerse sobre la mesa la vía alterna que corresponda. Así por ejemplo, en el caso de las energías y su uso, en el momento que se rechace un método, como la explotación no convencional de hidrocarburos, o se diga que no se puede expandir más el sistema de generación termoeléctrica, o que no se pueden construir más hidroeléctricas, como ya se ha empezado a predicar para el caso colombiano, necesariamente deben aflorar las alternativas correspondientes ya que la obtención de la energía que requiere la vida moderna habrá que sacarla de alguna parte.
No basta con el efectismo momentáneo de una campaña de oposición a unos procesos. Hay que plantear de inmediato la alternativa. Así, en el caso de los hidrocarburos, el rechazo al ‘fracking’ debe ser absoluto, no negociable; pero la explotación convencional, con seguridad, debe seguir su curso; otra cosa es cómo se renegocian sus beneficios y cómo se mantiene la oferta, como es indispensable con el suministro de gas natural, que ha sido hasta ahora el único combustible favorable en su precio para la mayoría de la población. Lo mismo pasa con la generación de energía, no hay manera de proscribir la generación con carbón si no hay una fuente alternativa que sería las energías renovables, para lo cual hay que saberse qué nivel de desarrollo tienen hoy en el país y en cuanto tiempo se hacen solución real. Además, los carbones térmicos de Boyacá podrían ser la gran alternativa de generación para reemplazar el colapso definitivo de Hidroituango, de llegar a sucederse.
Los recursos mineros como las calizas, el carbón, el mineral de hierro y materiales de cantera, seguirán siendo necesarios; el problema es decidir y ejecutar los mejores y más amigables procesos de explotación y que sus beneficios económicos en realidad beneficien al departamento con el menor impacto ambiental y la mayor rentabilidad social posible.
