Por| Darío Álvarez Morantes
Muchas de las actuaciones de las personas al margen de la ética, la moral, las buenas costumbres y la ley en Colombia, se convierten en hábitos.
Después de la primera vez que se cometen, no hay enseñanza, consejo, reclamo, llamado de atención, sanción, ni castigo ejemplar, según el caso. Es desde La justicia efectiva y el hogar, donde el Estado y cada familia deben imponer disciplina, principios y valores humanos para construir capital humano y no alcahuetear pequeñas faltas, que pueden ir creciendo hasta convertirse en una cultura solapada de malos comportamientos, lesivos para la sociedad, pero muy gratificantes para los actores incursos en estas actividades.
La tendencia de sacar beneficio propio aprovechando el privilegio de su posición o poder, de algunos ciudadanos, ha ocasionado el peor cáncer de la sociedad tanto en la parte pública como en la parte privada, donde a mayor jerarquía, mayor cuantía en la participación económica del ilícito, pero menor posibilidad de castigo dentro de los involucrados, a tal punto que la corrupción, tiene relegado a nuestro país en el más injusto subdesarrollo, donde las inequidades sociales son de inimaginables proporciones y riñe la pobreza de la mayoría de la población, con la opulencia de vulgares ladrones con su posición dominante para humillar y gobernar, sin la menor consideración por el sumiso e indiferente pueblo, que asume los platos rotos, sin que se vea solución aparente a corto plazo, por la inoperancia de la ley que propicia impunidad.
Este mal ejemplo motiva delincuencia en todas sus modalidades, y si no hay castigo desde la primera vez que se comete la falta, el delincuente aprendiz coge confianza, experiencia y habilidades, hasta llegar a los más descarados comportamientos facilitados por los procedimientos que dificultan la aplicación efectiva, contundente, severa y radical de la ley contra el delito.
Nuestra constitución es amplia en mandatos para la protección de los derechos de las personas, pero el Estado con su legislación, legisladores y jueces es incompetente para garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, que muchas veces no denuncian, porque saben que no va a pasar nada, situación que aprovechan los malhechores para reincidir y especializarse sin mayor preocupación, porque los favorece el no haber sido sorprendidos en flagrancia, no tener antecedentes, ser menores de edad; o si son judicializados, igualmente tienen la oportunidad de rebaja de penas por colaborar supuestamente con la justicia, mientras hacen el curso intensivo de perfeccionamiento delictivo en las cárceles, para salir a delinquir, con libertad condicional, casa por cárcel o un brazalete electrónico que le pueden colocar al gato o a la abuela.
Así las cosas, el delito se convirtió en una oportunidad laboral con cubrimiento en diversas profesiones, con escuelas de formación, diferenciación de salarios y exención de impuestos. Existen cantidades de leyes en nuestro país, que no pasan de ser letra muerta, porque al momento de aplicarlas, falta perfeccionamiento, investigación, diligencia, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables, lo que permite que la enfermedad sea cada vez más crónica.
Es tan aberrante la situación, que a un escándalo de corrupción o de cualquier otro delito, solo se le resta importancia y le reduce su protagonismo noticioso, otro delito de mayor cuantía o atrocidad, dejando atrás las consecuencias de cada caso, dentro de un comportamiento amnésico de la ciudadanía y permisivo de la justicia, que ven ya como normal estas situaciones y permanecen a la expectativa de nuevos casos que despierten el momentáneo interés judicial y ciudadano. No se requiere de reformas magistrales a la justicia, sino de su saneamiento y rigurosa aplicación para prevenir y combatir la delincuencia creciente; no es exagerado pensar en cadena perpetua o pena de muerte para los delitos atroces, para los corruptos y violadores.
¡Si existe la pena capital para los ciudadanos de bien relacionados en listados de muertes selectivas o mala suerte al estar donde opera el hampa!, ¿por qué no se establece un verdadero castigo, que haga pensar dos veces al que va a cometer un delito?
En conclusión, la primacía del poder a cualquier precio, la impunidad, el desempleo, la inequidad social, la corrupción, la politiquería, la delincuencia en todas sus manifestaciones, el cambio de protagonistas en los sectores de minería ilegal y narcotráfico en espacios manejados antes por las FARC y aún por el ELN, y los incumplimientos del gobierno en el proceso de paz, para víctimas y victimarios, hacen crecer la incertidumbre y la desconfianza para construir una paz duradera estable y sostenible en este complicado posconflicto.
La justicia no espera ningún premio. Se la acepta por ella misma. Y de igual manera son todas lasvirtudes´.- Cicerón
