Sigue siendo muy alto el número de ciudadanos que no quiere ir a votar

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El Gobierno nacional, con la Registraduría Nacional a la cabeza, hace esfuerzos para que los ciudadanos vayan a las urnas, pero más del 50 por ciento de quienes tienen esa posibilidad se niegan a hacerlo. De nuevo surge el debate sobre si es necesario implantar el voto obligatorio.

Durante el proceso electoral que se realizó el domingo 13 de marzo aumentó el número de ciudadanos que no participó en la decisión para la conformación del nuevo Congreso ni ayudó a determinar los candidatos únicos de tres coaliciones hacia la presidencia de la República.

Si se compara lo ocurrido en domingo con lo que pasó hace cuatro años cuando también se eligió el Congreso, se puede establecer que en Boyacá y en el país aumentó el abstensionismo, lo cual es muy malo para la democracia y para la institucionalidad.

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En Boyacá la participación de los electores se redujo en un 2.84 por ciento en la elección de Cámara de Representantes y en un 3.47 por ciento en la elección hacia el Senado de la República.

En el 2018 votó el 52 por ciento del potencial de sufragantes para el Senado y, en el 2022, apenas fueron a las urnas 489.635 ciudadanos, eso es el 49.16 por ciento de los boyacenses habilitados para hacerlo.

Para la Cámara de Representantes, en el 2018 votaron el 52 por ciento de quienes estaban habilitados y este año fueron a las urnas el 49.16 por ciento de los boyacenses habilitados, eso es 489.635 ciudadanos.

En las elecciones de este año para conformar un nuevo Congreso el abstensionismo fue mayor al 50 por ciento, lo que también se manifestó a nivel nacional.

Este año en todo Colombia para la Cámara de Representantes apenas votaron el 45.14 por ciento de los ciudadanos habilitados, mientras que hace cuatro años esa abstención había sido del 48.97 por ciento. Y para el Senado este año votaron el 46.45 por ciento del potencial electoral; mientras que hace cuatro años esa abstención era del 48.82 por ciento.

El abstencionismo en Colombia ha rondado el 55 por ciento, lo que también ocurre con las elecciones presidenciales, por lo que es de presumir que en las dos vueltas presidenciales de este año, previstas para mayor y junio, ocurra una situación parecida. Esa abstención en Colombia es una de las más altas de América Latina, junto con El Salvador y Guatemala. Esto ha llevado a que, tras cada jornada electoral donde el abstencionismo resulta siendo el gran ganador, surjan todo tipo de propuestas para combatirlo. La propuesta más común es la implementación del voto obligatorio, lo que también podría generar que las campañas fueran menos costosas.

En un artículo del periódico El Siglo, Armando Novoa, constituyente y director del Centro de Estudios Constitucionales Plural, señala que el voto en blanco es una alternativa pues es “la única manera de romper el control del clientelismo sobre el pueblo”. Sin embargo, reconoce las dificultades que se presentarían a la hora de imponer sanciones a quienes no cumplan con el deber de sufragar.

Estos ‘castigos’ corresponden en algunos países a multas o restricciones para acceder a ciertos servicios o bienes públicos, como la expedición de pasaportes. Sin embargo, en la mayoría de los casos tienen más relación con la pérdida de ciertos beneficios, como las facilidades de acceso a la universidad. La propuesta de Sanabria iría conducida en este sentido, además de establecer multas, pues “la democracia tiene unos costos”.

El mismo artículo del Nuevo Siglo señala la posibilidad de que haya otros estímulos para quienes vayan a las urnas. Aunque en Colombia existe una serie de beneficios que el ciudadano adquiere con el certificado electoral, parecen no ser suficientes. Algunos beneficios que se contemplan en el país son: Descuentos del 10 por ciento en las matrículas de instituciones oficiales, y en los costos de trámites como el pasaporte y duplicados de la cédula y la libreta militar; prelación en el ingreso a educación superior, en subsidios y en becas, pero esta solo aplica cuando el aspirante está en ‘empate’ con alguien más. También han propuesto la reducción de por lo menos el 30 por ciento del servicio militar e incluso descuentos en impuestos.

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