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Desde el sindicato de trabajadores de cajas de compensación en el país hacen un llamado para no asistir a la asamblea general de empresas afiliadas del próximo 26 de abril, pues avalaría una presunta serie de irregularidades de parte de la actual administración.
El manejo de los recursos de la Caja de Compesanción Familiar de Boyacá no está muy caro, y la asamblea general de empresas afiliadas, citada para el próximo 26 de abril no parece ser el escenario ideal para resolver esos cuestionamientos, pues un manto de dudas ha caído sobre el actual manejo de la caja.
“Para el próximo 26 de abril, de la presente vigencia, se ha convocado asamblea general de empresas afiliadas. Allí se tomarán interesantes determinaciones como son la aprobación de los estados financieros, los cuales reflejan los hechos económicos y las actuaciones administrativas en la aplicación de los recursos. Para este certamen, el director ha tendido una estrategia de recoger los poderes y obligar a los trabajadores contratados a término fijo para que lleven como mínimo 20 poderes en contraprestación de extenderles su estabilidad laboral”, comenta Carlos Ochoa, presidente del sindicato nacional de trabajadores al servicio de las cajas de compensación familiar.
Aprobar dichos estados sería fatal para los intereses de los boyacenses, pues son multimillonarias las pérdidas que se generaron durante esta gestión.
Tan dañinos han sido los manejos que para el año 2016 la Caja de Compensación EPS contrató en el programa de promoción y prevención más de 4.700 millones sobre los cuales no puede demostrar los servicios contratados ni la población beneficiada. También evidencia la Superintendencia de Salud, unos sobrecostos por valor de 1545 millones de pesos para la adquisición de medicamentos, contratación sobre la cual no se puede comprobar para qué se hizo y a quiénes beneficio.
“Durante esta administración se obtuvo pérdidas operacionales que superaron los 114.000 millones de pesos”.
“La EPS promedió 105.000 afiliados. Para hacerle seguimiento a enfermos de cáncer contratan un estudio de seguimiento sobre 70.000 afiliados. La superintendencia evidencia que tan solo se diagnostican 803 afiliados”, señala Ochoa como otra de las irregularidades de la actual administración.
A los prestadores de servicios se les debe una cifra superior a los 47.800 millones de pesos. Hoy la EPS no tiene recurso alguno para responder por dicha deuda, por lo que las obligaciones financieras tendrían que ser asumidas por los trabajadores boyacenses, por los destinatarios del subsidio familiar.
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