La Federación Nacional de Productores de Carbón, para destacar, dice, el papel fundamental que representan los mineros de carbón, principalmente los del interior del país, que proveen a las térmicas del combustible necesario para la generación de energía eléctrica.
Hasta aquí la afirmación es correcta, máxime cuando agrega que esto hoy es más cierto “en momentos como el que vive el país actualmente, donde los embalses tienen niveles bajos y adicionalmente se ha declarado el Estado de Emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19”.
Sin embargo, para el caso de la minería del carbón térmico en Boyacá, el asunto tiene más fondo. No basta con decir que el “sector del carbón del interior del país está comprometido con la generación de energía”. El problema es en qué condiciones está comprometido.
Como se sabe, el sector minero del carbón térmico ha sido sometido en los últimos 15 años a lo que podría llamarse la tiranía de los operadores de las plantas térmicas, que en términos exactos corresponde a la conducta que ha observado la empresa Gensa, a la cual el primer gobierno de Álvaro Uribe le adjudicó la operación de las cuatro unidades de generación de Paipa, quitándole su manejo a la Empresa de Energía de Boyacá, en una clara decisión de arbitrario atropello contra la región, lo cual en realidad no ha sido discutido de fondo, entre otras cosas porque los mecanismos de representación gremial siempre se han doblegado, incluida Fenalcarbón, a las decisiones del gobierno o al arbitrio de una de sus agencias, como ha sido el caso de Gensa en estos tres lustros.
Fenalcarbón jamás ha planteado el asunto como un tema central de defensa del gremio, mientras que los pequeños mineros dispersos y vulnerables han estado sometidos siempre a la actuación caprichosa de los directivos de Gensa que desde Manizales nunca han atendido los reclamos que se han elevado desde esta región.
En el reciente Foro del Carbón que tuvo lugar en Paipa, (9 y 10 de marzo), se volvió a plantear que la fuente de energía más barata para la generación eléctrica, después del agua, era el carbón, que el MBTU aprovechado de este valía menos de dos dólares, mientras que su equivalente obtenido desde el gas natural estaba por encima de 5 dólares y que cuando se acuda al gas natural importado, el cual tiene que pasar por el proceso de regasificación, su costo por MBTU equivalente superará los 11 dólares.
Se podría aceptar que por cuestiones de los compromisos del país ante la necesidad de disminuir el efecto invernadero para mitigar el cambio climático, no se propicie la construcción de nuevas centrales térmicas con base en carbón, pero lo obvio es que si las existentes no se cierran mientras funcionen, se retribuya de manera justa a los productores del carbón térmico, permitiéndoles que su actividad les alcance para tener las minas en condiciones de sostenibilidad ambiental y garantías técnicas y de seguridad adecuadas, pagándoles el precio justo; en cambio, lo que ha pasado en el último año, es la persecución a rajatabla de los pequeños mineros en todo el altiplano cundiboyacense, cuya última acción en contra fue el cierra de unas 70 bocaminas en Paipa, alrededor de las plantas térmicas, apenas en la primera semana de este mes de marzo. Vale observar que el hecho coincidió con la celebración del foro carbonero mencionado y, allí en semejante escenario, con la Viceministra de Minas y la Directora de la Agencia Nacional de Minería presentes, ninguna autoridad local ni regional -ni el alcalde de Paipa, ni el gobierno departamental- se hicieron presentes para tratar el asunto.
Desde luego que tampoco hubo una sola palabra de parte de Fenalcarbón, la organización responsable de la preparación del foro y supuestamente la genuina representante de los productores.
Por eso ahora resulta extraño, por decir lo menos, la declaración del presidente de la Federación, Juan Manuel Sánchez Vergara, cuando afirma que “nuestro compromiso es trabajar por todos los colombianos para que sigamos contando con la energía requerida en esta situación tan difícil”, sin mencionar para nada la dura situación de los productores, en cuyos hombros se supone que reposa la veracidad de tan rimbombante afirmación. O es la indolencia de un dirigente gremial, que atiende intereses distintos (que siempre se pliega al discurso oficial) a los que de verdad preocupan a quienes sufren la dura realidad, que son los mineros del socavón, quienes siempre han sido menospreciados porque se suponen rudos e ignorantes.
Para rematar, Sánchez Vergara, se baja por las orejas, preocupado por la punta del Iceberg: “La salud de nuestros trabajadores, sus familias y la comunidad son nuestra prioridad. Por eso, hemos tomado todas las medidas (es lo mínimo que se puede y debe hacer) para evitar posibles contagios, acatando las indicaciones de las autoridades y reforzando los protocolos de higiene y salubridad, con el fin de preservar la seguridad de nuestros mineros. Seguiremos trabajando porque muchos colombianos dependen de nosotros para garantizarles el servicio de energía, no solo en sus casas, sino en los hospitales, centros de abastecimiento, entre otros”.
Estas no son más que posturas de pretendido humanitarismo, cuando lo que se necesita es la defensa a fondo y valiente de la economía de quienes trabajan y que de verdad son los que garantizan, en este caso, que haya el combustible necesario para operar las plantas de generación que eviten o mitiguen peores males, dado que el país, como están las cosas, con los embalses en sus mínimos históricos, sin gas natural suficiente proveniente de nuestros yacimientos, sin la entrada en operación de Hidroituango, puede estar ad portas del apagón, lo cual completaría ahí sí la catástrofe junto al coronavirus.
Aunque el mismo Sánchez Vergara es consciente de la realidad, pero deja para el final su consideración: “El carbón, como base de la cadena de generación de energía, es esencial para garantizar la prestación del servicio y brindar confiabilidad al sistema eléctrico nacional”. Bajo esta premisa es que Fenalcarbón debiera estar defendiendo el uso y aprovechamiento del mineral para garantizar la seguridad eléctrica del país; y, en el caso particular de Boyacá, estar liderando un proceso de revisión y renegociación de las condiciones de producción y precio del carbón térmico para las cuatro unidades de Termopaipa, ahora que han sucedido dos cosas importantes en la administración de tales plantas. En el caso de Gensa con el cambio en la gerencia de esa empresa, donde hay que llamar al nuevo gerente y discutir a fondo el asunto, no sin reclamar, una vez más, que es una afrenta con el departamento que el control de esta planta esté en manos de una empresa ajena a nuestra región. Y del otro lado, con la Cuarta Unidad, ver otra manera de relación dado que esta ahora es administrada directamente por sus dueños, luego del fin del contrato de construcción y operación que duró por 20 años y que terminó en enero de 2019.
Así que el presidente de Fenalcarbón debe honrar sus palabras: “nuestro compromiso es trabajar por todos los colombianos para que sigamos contando con la energía requerida en esta situación tan difícil”. Claro que sí, trabajar por todos los colombianos, pero hay que empezar por defender a los que hay que defender, que son nuestros productores de carbón térmico.
