El exalcalde de Tunja deberá comparecer ante la justicia en audiencia de imputación. La Fiscalía lo investiga por interés indebido en la celebración de contratos y posibles irregularidades que habrían beneficiado a su círculo cercano.
La situación jurídica del exalcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, se complica aún más. A la nulidad de su elección, confirmada por el Consejo de Estado, ahora se suma un proceso penal en su contra que avanza hacia una audiencia de formulación de imputación, en la que la Fiscalía solicitaría medida de aseguramiento.
La diligencia también involucra a la gestora social, María Luisa Pedraza, suegra del exmandatario, quien habría tenido participación en los hechos investigados.
Según se ha conocido, la investigación gira en torno al delito de interés indebido en la celebración de contratos, una conducta que se configura cuando un servidor público interviene en procesos contractuales buscando favorecer intereses propios o de terceros cercanos, vulnerando los principios de transparencia, imparcialidad y selección objetiva.
En este caso, las autoridades indagan si desde la administración municipal se habrían promovido o direccionado contratos con posibles beneficios para el propio exmandatario, lo que podría derivar también en otras conductas conexas contra la administración pública.
La Fiscalía también analiza la posible existencia de acuerdos o coordinaciones para la comisión de estas conductas, lo que explicaría la mención de una eventual asociación para delinquir en el marco del proceso.
De comprobarse los hechos, Krasnov no solo enfrentaría sanciones penales, sino que el caso reforzaría los cuestionamientos sobre su gestión, ya golpeada por la decisión judicial que anuló su elección.
Mientras avanza el proceso, el exalcalde ha intentado mantener respaldo ciudadano. Versiones indican que desde algunos sectores se estarían promoviendo manifestaciones de apoyo, incluso a través de juntas de acción comunal en barrios y veredas de Tunja, donde se habría convocado un cacerolazo en su favor.
Por ahora, el proceso entra en una fase clave que es la imputación de cargos, donde la Fiscalía expondrá formalmente los hechos, la calificación jurídica y las evidencias iniciales, y el juez deberá definir si hay lugar a imponer una medida de aseguramiento.
