El jurista, que a hoy ocupa el cargo de Procurador Judicial Delegado ante el Tribunal de Tunja, había sido acusado de supuestas actuaciones para favorecer al esmeraldero Pedro Nel Rincón “Testigos que presentó la Fiscalía eran mentirosos y proclives a delinquir”, dice.
La Corte Suprema de Justicia en última instancia denegó las peticiones de nulidad y confirmó la sentencia de primera instancia que absolvió a Simón Eduardo Martínez Escandón por los delitos de soborno, falso testimonio y fraude procesal.
Esa es la conclusión final del falló que se acaba de producir en la más alta instancia judicial de la jurisdicción ordinaria en la República de Colombia.
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De esa manera la Corte resolvió de manera definitiva el recurso de apelación interpuesto por el fiscal, el procurador judicial y los apoderados de las víctimas, en contra de la sentencia proferida por la Sala Especial de Primera Instancia el 23 de agosto de 2021, que absolvió a Martínez Escandón.
Martínez Escandón ocupa hoy el cargo de Procurador Judicial Delegado ante el Tribunal de Tunja, pero fue suspendido cuando era procurador judicial II por un escándalo que se desató por hechos ocurridos en el 2008 y 2010, en los que también estuvieron involucrados varios funcionarios de la rama judicial de Boyacá.
Durante varios meses afrontó ante la Sala Especial de Primera Instancia un juicio por la supuesta comisión de delitos en que habría incurrido para favorecer a Pedro Nel Rincón, alias ‘Pedro Orejas’, quien se encuentra extraditado en los Estados Unidos.
La Fiscalía General había acusado a Martínez porque, presuntamente, mientras era abogado de Rincón habría intentado manipular un testimonio extrajuicio que señalaba al empresario esmeraldero como responsable de un homicidio. La tesis del organismo investigador era que a la testigo le habrían entregado una suma de dinero para lograr revocar una orden de captura contra Rincón Castillo. Para la Corte, el proceder del abogado y exprocurador no se enmarca en ninguna irregularidad.
“No se puede partir de la unidad de propósito legal de la defensa, evidencia en los trámites adelantadas por el procesado, que incluso constituyen un deber profesional de inexcusable observancia, para considerar que dicha coincidencia de objetivos se traslade a una unidad de designio criminal que reclama una acreditación suficiente que no se alcanza en esta actuación”, advierte el sentido de fallo.
Martínez Escandón dijo en su momento en medio de los señalamientos: “Lo único que yo hice lo puse ahí y está estampada mi firma. Yo no llevé a nadie, no llevé a la señora. Le doy gracias a mi Dios que cuando a mí me van a poner a hacer eso estoy en Tunja y tengo cómo robarlo”.
Por el mismo caso, el del empresario esmeraldero, también fueron absueltos Pedro Nel Castro Díaz, exfiscal seccional de Tunja; y Fernando Soler Rojas, ex juez de Pauna, quienes en su momento fueron capturados en un escándalo que tuvo repercusión nacional.
A esos dos funcionarios se les acusó y se les judicializó por supuestos actos de corrupción y de vínculos con el reconocido empresario de las esmeraldas.
Pero el Tribunal del Distrito Judicial de Tunja, a través de la Sala Cuarta de Decisión Penal, mediante una sentencia absolvió a Pedro Nel Castro Díaz, fiscal seccional de Tunja; y a Fernando Soler Rojas, ex juez de Pauna. Para los encartados, entre los que adicionalmente se encontraban otros tres funcionarios de la rama judicial, entre ellos un juez penal del Circuito de Tunja y la secretaria de un juzgado, todo comenzó en abril del 2016 cuando se realizó una redada ordenada por el Fiscal general de la nación (e) Jorge Fernando Perdomo, que incluyó capturas en Bogotá, Ibagué, Tunja, Pauna y Tununguá.
Incluso en ese entonces el Fiscal general ofreció una rueda de prensa y habló de una estrategia de ese ente acusador en contra de la corrupción en la administración de justicia por la posible injerencia de Pedro Nel Rincón Castillo en el trámite y adopción de decisiones en investigaciones que lo comprometían en casos de homicidio y concierto para delinquir, entre otros, por hechos ocurridos entre 2008 y 2010.
Uno de los casos con los que el Fiscal General ilustró las presuntas irregularidades tenía que ver con un proceso adelantado contra Rincón Castillo por un homicidio, en el que los testigos se retractaron; mientras que en otro proceso le fue cancelada una orden de captura por homicidio.
Igualmente, el jefe del ente acusador adelantó que de esa investigación se derivaría otra por posible lavado de activos.
Toda esa investigación y el caso contra los presuntos implicados se derrumbó.
Sobre esta nueva y última decisión a su favor, Martínez dijo que es el final de la pesadilla que tuvo que vivir y señaló que “Los testigos que presentó la Fiscalía eran mentirosos y proclives a delinquir”.
