La respuesta es “no, todavía no”, pero la situación legal del mandatario cada vez es más complicada. El 9 de septiembre la Fiscalía le imputará cargos y puede proferir contra él medida de aseguramiento por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos. Podría haber elecciones en el último trimestre de este año.
El alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, se sigue defendiendo de los señalamientos que le hacen señalando que nunca actuó de mala fe e insistiendo que el contrato que firmó a finales del 2022 con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC , fue de docencia, cuando en diferentes instancias está determinado que esa vinculación no tenía nada que ver con la enseñanza del ruso o algún idioma extranjero sino con la redacción, revisión y traducción de documentos.
Quizás ese contrato es el que más tiene a Krasnov ‘en la cuerda floja’ porque ya hay una decisión en su contra por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá y es muy posible que en menos de dos o tres semanas haya un pronunciamiento de fondo por parte del Consejo de Estado.
Los abogados de Krasnov han presentado toda clase de recursos, tutelas y apelaciones, pero el tiempo se le acaba y cada vez tiene menor posibilidad de maniobra.
En el último capítulo dela historia de los líos de Krasnov, ayer, en fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación lo sancionó con destitución e inhabilidad por 14 años por inscribirse y posesionarse en el cargo de elección popular estando inhabilitado.
El ente disciplinario verificó que el administrador municipal suscribió con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia un contrato de prestación servicios, con el objeto de prestar servicios profesionales de magister en economía para la capacitación en revisión en documentos y redacción de los artículos científicos en inglés y alemán dirigido a estudiantes del semillero del grupo de investigación SOECOM, grupo de investigación adscrito al centro de investigación y extensión CENES de la facultad de ciencias económicas y administrativas de la ciudad, con un plazo de ejecución del 06 al 30 de diciembre de 2022 y por valor de $8.129.040.
El Ministerio Público corroboró que el disciplinado inscribió su candidatura para aspirar como alcalde de la capital Boyacense, a pesar de que aproximadamente 10 meses antes de llevarse a cabo las elecciones el 29 de octubre de 2023, era contratista; lo que implica la vulneración del régimen de inhabilidades.
El organismo de control calificó la falta del primer mandatario como gravísima, a título de dolo, contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular.
Anoche Krasnov se dirigió a los tunjanos desde su despacho, aseguró que todavía no ha sido notificado y dijo que está tranquilo, que tiene su conciencia limpia pues nunca actuó de mala fe e insistió que el proceso se deriva de su actividad como docente antes de ser elegido alcalde.
Según indicó Krasnov, previo a su candidatura, consultó a varios abogados que le aseguraron que su profesión no representaba ningún impedimento legal. Agregó que esta evidencia fue presentada durante el proceso y espera que sea tenida en cuenta, argumentando que no hubo mala fe de su parte.
Pero el tema de la Procuraduría no es tan grave para Krasnov porque realmente sí tiene derecho a uno recursos legales y una decisión a su favor o en contra puede tardar varios meses.
Pero el Ministerio Público tiene pendiente un pliego de cargos en control del alcalde y su secretario de Fomento Económico, Gustavo Adolfo López Avella, por posibles irregularidades en un contrato de prestación de servicios profesionales “para brindar apoyo a la unidad de gestión empresarial y competitividad de la Secretaría de Fomento Económico y Servicios”.
Dice el organismo de control que el contratista no cumplía con las condiciones exigidas para la celebración del bilateral, pues para el momento de la firma del contrato no contaba con tarjeta profesional vigente como diseñador industrial, ni habría iniciado trámite alguno para su expedición.
Y para el próximo 9 de septiembre está pendiente una audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra Krasnov por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos. En esta oportunidad se trata de una investigación por haber contratado a la administración a un abogado a cambio de que éste retirara una demanda de nulidad electoral que había presentado ante el Tribunal Administrativo de Boyacá.
El pasado 15 de julio la fiscalía le imputó este mismo delito a Juan Sebastián Ramírez García, por su presuntamente recibir un contrato de la Alcaldía de Tunja y la Empresa Constructora de Vivienda, como contraprestación por retirar una demanda de nulidad electoral contra el mandatario local. Antes ya había sido imputado el exdirector de Ecovivienda, Eduardo Ernesto Camargo Rodríguez.
Pero lo más grave para Krasnov es que está pendiente que la Sección Quinta del Consejo de Estado confirme o revoque la decisión que en febrero de 2025 tomó el Tribunal Administrativo de Boyacá cuando declaró la nulidad de su elección como alcalde para el periodo 2024 – 2027.
