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En el Congreso se llevó a cabo una audiencia pública convocada por la senadora Carolina Espitia, en la que las veedurías ciudadanas de los municipios boyacenses de San Luis de Gaceno y Santa María expusieron sus preocupaciones frente a un conflicto socioambiental que, según los testimonios, lleva más de una década afectando a sus comunidades.
Los ciudadanos denunciaron afloramientos de sustancias contaminantes en fuentes de agua, situación que compromete la salud, la producción agrícola y la vida cotidiana de las poblaciones locales. De acuerdo con campesinos asistentes, estos afloramientos comenzaron hace aproximadamente 10 años, coincidiendo con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la región.
Para la senadora Carolina Espitia, quien presidió la audiencia, “La jornada fue muy productiva. Consideramos que fue un espacio valioso de diálogo entre la sociedad civil y las entidades de orden municipal, departamental y nacional que tienen responsabilidad y competencias en la atención a este conflicto”.
Acordaron una hoja de ruta con compromisos concretos orientados a determinar el origen de los contaminantes y a exigir que la empresa responsable —así como las autoridades competentes— asuma acciones de mitigación y responsabilidad social que brinden tranquilidad a la población afectada.
“Entre las conclusiones más importantes queremos destacar la urgencia de adelantar un estudio integral del pozo Medina, estudio que la comunidad reclama que sea realizado por un ente o instituto independiente de las partes interesadas”, señaló la senadora.
Este estudio busca establecer con claridad las causas de los afloramientos y su impacto sobre el territorio y la vida de sus habitantes.
“Asimismo, se les pidió de manera clara y precisa a las autoridades y entidades asistentes que unan esfuerzos y apliquen todas las herramientas disponibles para atender las observaciones, peticiones y reclamos que la comunidad ha expresado por distintos medios”, agregó.
Otra conclusión destacada fue la necesidad de que el Ministerio Público, la Procuraduría y demás entes de control realicen un seguimiento estricto a los compromisos adquiridos por la empresa Nikoil Energy, responsable de las labores de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona.
“Las veedurías ciudadanas expresaron que los compromisos pactados con la empresa no se han cumplido en su totalidad”, puntualizó la senadora Espitia.
Durante su intervención, la congresista también destacó su papel como facilitadora y articuladora entre los sectores público y privado, con el propósito de que las acciones acordadas se implementen sin más dilaciones.
“Se instaló una mesa técnica en la que participaremos activamente y trabajaremos con responsabilidad para que la comunidad cuente con información sobre los avances y pueda acceder a soluciones concretas en el menor tiempo posible”, concluyó.
En el marco de este espacio de escucha, también se informó sobre la posible realización de una audiencia ambiental en mayo. Asimismo, el Servicio Geológico Colombiano anunció que actualmente adelanta un estudio cuyos resultados se conocerían a finales de este año.
Además de las comunidades de San Luis de Gaceno y Santa María, participaron en la audiencia pública alcaldes, concejales y representantes de distintas entidades, entre ellas:
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Boyacá, representada por Fabio Medrano
Nikoil Energy Corp. Sucursal Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)
Agencia Nacional de Hidrocarburos
Servicio Geológico Colombiano
Defensoría del Pueblo
Procuraduría Judicial Delegada para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios
Corporación Autónoma Regional de Chivor (Corpochivor)
