Aportes al debate público sobre el incremento del 23%
Introducción: el salario mínimo no es un número, es una decisión política
El incremento del salario mínimo en Colombia en un 23% ha sido presentado por algunos sectores como una amenaza para la estabilidad económica. Sin embargo, esta lectura ignora un hecho central: Colombia no enfrenta una crisis salarial coyuntural, sino una crisis estructural de desigualdad.
El salario mínimo no es una variable técnica aislada. Es una expresión concreta del modelo de sociedad que se defiende: uno que normaliza la precariedad laboral, o uno que reconoce el derecho a una vida digna. Este documento aporta al debate público desde una mirada política, empírica y comparada, situando la discusión más allá del miedo económico.
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1. Colombia: crecimiento sin redistribución
Colombia se encuentra entre los países más desiguales del mundo. El 10% más rico concentra cerca del 60% del ingreso nacional y más del 70% de la riqueza, mientras que el 50% de la población apenas accede a una fracción mínima del ingreso y prácticamente no posee patrimonio.
Esta desigualdad no es accidental. Es el resultado de décadas de políticas que privilegiaron la rentabilidad del capital sobre la dignidad del trabajo. En este contexto, hablar de “excesos” en el aumento del salario mínimo resulta profundamente desconectado de la realidad social del país.
2. El salario mínimo como herramienta de justicia social
Los incrementos del salario mínimo implementados por el gobierno de Gustavo Petro no han generado el colapso económico anunciado por sus críticos. No se ha producido un rebrote inflacionario estructural ni un aumento masivo del desempleo. Por el contrario, el empleo ha mostrado mejoras y la inflación ha respondido principalmente a factores externos y monetarios.
Esto revela una verdad incómoda para algunos sectores: el salario mínimo en Colombia estaba artificialmente deprimido, funcionando como un subsidio indirecto al capital a costa del trabajo.
3. México demuestra que el miedo es ideológico, no empírico
México ofrece una lección clave para el debate colombiano. Durante la última década, ese país incrementó de manera significativa su salario mínimo, sin que ello derivara en crisis inflacionaria ni destrucción del empleo.
Mientras Colombia ha profundizado su brecha entre el 10% más rico y el 50% más pobre, México ha logrado al menos contenerla. Esto demuestra que el aumento salarial no es una amenaza, sino una condición necesaria para evitar la fractura social
Tabla: Panorama de la desigualdad – Colombia
4. Pequeñas empresas, tasas de interés y el falso culpable
Cargar sobre el salario mínimo la responsabilidad de los problemas de las pequeñas y medianas empresas es un error político y analítico. Las verdaderas amenazas para las pymes son las altas tasas de interés, la falta de crédito productivo, la informalidad y la concentración de mercados.
Defender salarios bajos no protege a las pymes; protege un modelo económico que
traslada los costos del ajuste a los trabajadores.
5. Desigualdad, capacidades y paz social
Como lo ha demostrado Thomas Piketty, sin redistribución la desigualdad tiende a perpetuarse. Amartya Sen y Martha Nussbaum han insistido en que el desarrollo debe medirse por la capacidad real de las personas para vivir con dignidad.
En este marco, el salario mínimo, el mínimo vital familiar y la renta básica universal no son “excesos ideológicos”, sino instrumentos modernos de cohesión social.
Países que abandonaron estas políticas hoy enfrentan polarización extrema, crisis democrática y violencia social. Colombia, en contraste, tiene la oportunidad histórica de construir paz social por la vía de la justicia económica.
Conclusión: el salario mínimo como apuesta por la paz
El aumento del salario mínimo en Colombia no es el problema: es parte de la solución. La verdadera amenaza para la economía es una sociedad profundamente desigual, fragmentada y sin expectativas de movilidad social.
Defender ingresos dignos no es populismo. Es reconocer que no hay estabilidad macroeconómica posible sin justicia social, ni paz duradera sin redistribución.
