La Veeduría Ambiental del municipio denuncia como actitud irresponsable, permisiva y criminal del medio ambiente decisión que afecta el Páramo de Pisba.
La reapertura de minas abandonadas y con títulos mineros que caducaron desde el año 2013 en el Páramo de Pisba, con jurisdicción en el municipio de Tasco, tiene en vilo a la población de la región.
Así lo denuncia ante la opinión pública la Veeduría Ambiental de dicho municipio, «es gravísima la situación en este momento en nuestro municipio por tan reprochable hecho. Se están reabriendo socavones en la mina bobate ubicada a 3.500 m.s.n.m., cuyo título minero era el 050-93 y quedó sin vigencia el 20 de octubre del año 2013», dice el comunicado público enviado a través de medios electrónicos.
En el escrito se indica que es totalmente inaceptable que Corpoboyacá y la Agencia Nacional de Minería, a quienes señalan como posibles responsables, hubieran otorgado estos permisos para la reapertura de socavones en zona que es 100 % Páramo.
«También es inaceptable que MinAmbiente esté avanzando en la delimitación del Páramo para protegerlo de esta actividad tan dañina para el ecosistema y el ICA esté pretendiendo expulsar a los campesinos de los Parques Naturales y los Páramos, mientras Corpoboyacá y la Agencia Nacional de Minería posiblemente estén dando vía libre a la explotación de minerales en la zona», continúa el documento.
La veeduría le exige a dichas entidades mencionadas como supuestas dolientes, que se desplacen a la zona y a la vez se le dé a conocer a sus habitantes las razones y bajo qué normas o permisos se están amparando las personas que están reabriendo socavones en el Páramo.
«No puede ser posible que MinAmbiente y el ICA pretendan criminalizar a los campesinos y expulsarlos de la zona para darle total viabilidad a la explotación de carbón, ¿será que esa es la política del gobierno? Es decir, expulsar a los campesinos para que nadie diga nada por la explotación minera en estos ecosistemas naturales y que así sea ilegal ni Corpoboyacá ni la Agencia Nacional de Minería ejerce controles a esta actividad, pero a los campesinos si se les responsabiliza de daños ambientales. Tasqueños y boyacenses, es urgente nuestra voz de protesta frente a la actitud irresponsable de las entidades que deben proteger el medio ambiente y que lo que hacen es permitir su destrucción», asevera la veeduría ambiental.
Por último, se eleva una solicitud a la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, para que intervengan, pues el temor es que se dé reapertura, una tras otra, a las 60 bocaminas ilegales abandonadas en el sector.
Hasta el momento no se conoce voz oficial sobre el tema, por parte de las entidades relacionadas en el comunicado que le da vuelta al departamento.
