El pasado 12 de julio, en el acto conmemorativo de los treinta y cinco años del acuerdo de paz en el occidente de Boyacá, los actores en masculino, que caracterizaron las problemáticas sociales y de reconciliación se reunieron para rememorar los causales de la Violencia en la región minera de las esmeraldas. En la actualidad, las causas del malestar social no corresponden a los antiguos enfrentamientos entre cabecillas y lideres esmeralderos, la raíz atañe a la falta de articulación entre empresas y actores locales en la región para potencializar las oportunidades de este territorio único en el mundo. El interés de las y los guaqueros es el reconocimiento de la “minería de tradición” como una actividad digna, que aparece incluso en el proceso de trazabilidad de la Agencia Nacional de Minería. Sin embargo, el abandono estatal en la región ha dado lugar a múltiples disputas entre empresas, líderes empresariales y mineros tradicionales, a pesar de que estos últimos han avanzado en un proceso de caracterización de su actividad en la Minería de Subsistencia.
Con carrotanques y escuadrones, la UNIMIC, Unidad Especial Contra la Minería Ilegal —que actúa como fuerza al servicio de intereses privados— ha ingresado a las zonas de extracción, desconociendo el trabajo de las comunidades y causando graves daños a herramientas, ventiladores y otros elementos que garantizan la seguridad de los y las mineras tradicionales. No hubo previo aviso ni protocolos adecuados. Esta no es la manera de construir paz en la región. En las zonas saqueadas por la UNIMIC se identificaron incluso explosivos, generando un ambiente de temor y vulneración.
Los defensores de la “esencia verde” que diariamente luchan y dependen de esta actividad extractiva, exigen soluciones reales para la comunidad minera conformada por hombres y mujeres que habitan en contextos de pobreza carentes de alcantarillados, acueductos, con estructuras de viviendas de ranchitos de madera, quienes afirman que, “donde existe hambre nunca existirá la paz”.
La manera para contribuir al cambio es involucrar a las comunidades y a las múltiples organizaciones sociales: Fundación Mujeres con Propósito por Boyacá, Asoguarecol, Asociación de Agromineros de Coscuez… entre otras que existen en el territorio minero en procesos de dialogo y en una caracterización real de los y las actoras que, por décadas, han entregado su vida en las zonas de extracción y al cuidado del territorio, quienes aportan al crecimiento de la región y constituyen la identidad minera. “Los mineros y mineras de tradición del occidente de Boyacá hacemos un llamado urgente al Ministerio de Defensa y a las instancias competentes en Derechos Humanos para que se atienda esta problemática. No somos grupos ilegales. Exigimos el derecho a trabajar con dignidad, el respeto por nuestras labores cotidianas, y la continuidad de las mesas de diálogo. La defensa de nuestros derechos es parte esencial de una paz verdadera”.
Hace falta una rectoría de lo público donde el Estado asuma la responsabilidad de garantizar las necesidades básicas de la población como: alcantarillado, acueducto, energía. La caracterización de una Política Pública Real, que brinde soluciones a las necesidades del territorio, un ordenamiento jurídico en el que se reconozca la actividad de la guaquería: la voladora, el socavón y la minería tradicional en el tambre, como una práctica legitima.
Más de un 80% de las personas que habitan en este territorio viven y dependen de la minería tradicional. A pesar de los múltiples esfuerzos de caracterización realizados por las comunidades, esta actividad aún no cuenta con un reconocimiento dentro de la industria esmeraldera. Sus habitantes siguen siendo vistos únicamente como víctimas de la guerra y herederos de la violencia, etiquetas que continúan marcando este territorio ¿Qué ocurre con las familias que habitan este contexto y dependen única y exclusivamente de la minería tradicional? ¿Qué destino tienen las madres cabeza de hogar que trabajan como guaqueras para sostener a sus familias? ¿Qué futuro espera a las generaciones de jóvenes cuya identidad está profundamente ligada a este espacio y sus particularidades?
Nuestros mineros ancestrales ya no encuentran un espacio en el reconocimiento de sus derechos a una práctica milenaria que al presente parece desvalorada. Se trata de una generación de adultos mayores que diariamente sacrifican y exponen sus vidas para encontrar el sustento diario. La voluntad de los mineros y mineras tradicionales por permanecer en su oficio es incuestionable. Sin embargo, en torno a la minería tradicional persisten numerosos vacíos: ¿qué sucede con estas comunidades?
Los mineros tradicionales, hacen un llamado al diálogo, siempre expresan su deseo por mantener la paz, el interés en que el gobierno deje de tildar de criminales a los habitantes de su propio territorio quienes han heredado conocimientos y saberes por generaciones y que sienten las esmeraldas como suyas. Reclaman su derecho a elegir, como individuos, el deseo de trabajar en el territorio y dignificar la minería tradicional como una práctica social, recordando que la minería de esmeraldas es distinta a las otras minerías que existen en el mundo “no se puede tildar de ilegal a las personas que siempre han mantenido voluntad de caracterizar sus labores, estos territorios han sido descubiertos como óptimos gracias a nuestros antepasados, si nos tildan de ilegales no es por nuestras practicas porque nosotros cuidamos el medio ambiente en el que habitamos, somos ilegales por la mala aplicación de la Ley, porque no ha existido dialogo con los patrones ni con los empresarios” Entonces ¿Por qué se habla de la guerra en pasado y no se cuestiona la realidad actual, marcada por vacíos normativos y el monopolio de la industria minera?
La paz de los acuerdos se alcanzó cuando se permitió a nuestra gente trabajar dignamente. Hoy nos preocupa que, por el desconocimiento de nuestra historia por parte de algunas empresas, nuestros hijos puedan volver a experimentar la violencia. Necesitamos líderes e inversionistas comprometidos con el desarrollo de la región.
Hacemos un llamado al diálogo, a la calma y al reconocimiento. Vivimos la dureza de la ausencia del Estado: sin servicios públicos, viendo cómo se pierde nuestra comida por falta de energía para conservarla, sin agua para preparar nuestros alimentos, y en tierras que no podemos cultivar, pero que seguimos sintiendo como nuestro único hogar.
La paz verdadera no se construye sin reconocer a quienes han sido históricamente invisibilizados. Hablar de inclusión, justicia y dignidad implica visibilizar a quienes —mujeres, hombres y comunidades enteras— han hecho del trabajo minero una forma de vida, sustento y resistencia. Desde la academia, reafirmo mi compromiso con la caracterización de esta práctica ancestral, reconociéndola como legítima, verificable y profundamente enraizada en los territorios y en las luchas históricas de quienes los habitan y los sostienen.
