Hace poco menos de un año, el 25 de mayo de 2016, el ingeniero Alfonso López asumió, por segunda vez, la rectoría de la universidad, luego de una fugaz encargatura de su actual vicerrector académico, y después de una decisión dividida en el Consejo Superior, para reemplazar al destituido rector Álvarez. Como se sabe, el ex rector aún no se resigna a la anulación de su elección y trata de reinstalarse, a través de una acción de revisión de tutela ante la Corte Constitucional, bajo el peregrino argumento que se violó el debido proceso y, de contera, su derecho al trabajo(¡!).
Como ha sido un ritual anual, este viernes 7 de abril, la administración rinde cuenta ante la Comunidad Universitaria, y la mayor parte de los asistentes a esta audiencia, encabezada por los 27 directivos, 17 asesores y 16 jefes de departamentos y 11 decanos, serán los 931 funcionarios vinculados en la apresurada reforma administrativa, de los cuales, según el informe de 250 páginas, el 25% de los empleados públicos no docentes incorporados[1] manifestaron que fueron desmejorados o se mantuvo igual su inclusión en la “nueva” planta.
No obstante que la rendición de cuentas está fundamentada, en dos documentos, el Plan Maestro Institucional 2015-2018 y el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018, dentro de los cánones de la cuadrícula planificadora (lineamientos, objetivos, programas, proyectos, indicadores, metas[2], etc.), sin embargo, de lo transcurrido de este periodo (2015-2016), tal como ocurrió en el pasado, no se conoce informe o escrito alguno sobre el seguimiento y evaluación por parte del flamante Comité Consultivo de Planeación, a pesar de que esta es una de sus funciones.
Lo primero con que se tropieza un lector desprevenido en este documento, es un sobredimensionado optimismo de la administración, campeando un exceso de autocomplacencia y una ausencia de autocrítica, que, como en todo ciclo de aprendizaje institucional, es clave para (re)orientar los procesos internos en sus diferentes niveles funcionales y de responsabilidad dentro de la rígida jerarquía burocrática universitaria.
Del informe analizado es posible extraer las siguientes observaciones:
- 1. El punto focal de todo el documento es exhibir un cúmulo de cifras que evidencien los arrolladores resultados de la gestión desarrollada por la administración en este periodo. Sin embargo, salvo algunos casos (v.gr., Bienestar universitario), sólo se mencionan indicadores de un solo año (2016), por lo que, no es posible compararlos con el año anterior (2015), un escueto dato sin referente alguno (v. gr. el plan de desarrollo) que permita establecer reales avances. Es una lamentable muestra del malabarismo estadístico.
De otra parte, al examinarse el cumplimiento de los seis lineamientos durante los dos años de esta administración, los aparentes resultados exitosos ya no lo son tantos, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:
Cuadro 1. Cumplimiento de los lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2016
Como se puede observar, el desempeño global el año pasado está por debajo del de 2015, exceptuando dos lineamientos, Extensión y proyección social y Bienestar universitario, dos áreas en que está involucrada la prestación de servicios tanto a usuarios externos (convenios, cursos y asesoría) como internos (servicios de salud y restaurante, becas, prácticas, descuentos por votación a estudiantes, entre otros), y en las que los registros de beneficiarios pueden estar sobredimensionados. Además, el promedio anual resultante (90,3%) es inferior al registrado en el año 2015 (91,9%), que puede ser atribuido al incumplimiento en dos áreas misionales básicas: Formación y docencia e Investigación e innovación.
- 2. Durante los dos últimos años el número de metas puntuales aumentó de 193 a 262[4]; sin embargo, el nivel de cumplimiento de estas metas dentro del rango de excelente (más del 100%), se redujo de 83,2% en 2015 a 77,5% en 2016[5], elevándose el rango de bajo y muy bajo de 6,8% a 9,5%.
Cuadro 2. Cumplimiento de las metas por lineamiento
Al discriminar cada uno de los lineamientos se encuentra que el rango de excelente equivalente al 75% (Lineamiento 1), 60% (Lineamiento 2), 97,9% (lineamiento 3), 100% (Lineamiento 4), 92% (Lineamiento 5) y 72,6% (Lineamiento 6). Sorprende el máximo tope alcanzado por Internacionalización e Interculturalidad (convenios de movilidad académica) que contrasta con el de menor nivel, Modernización de la gestión administrativa y financiera.
- 3. Contrario a lo observado durante la primera administración del actual rector, hace diez años, la universidad atraviesa por una holgura financiera (superávit presupuestal[6]), lo que le ha permitido, inclusive, abrir una licitación para la construcción del edificio de posgrados[7] en Tunja, cuya inversión ($23.583 millones[8]) sobrepasa el promedio de este menguado do rubro en los últimos años, exceptuando el año pasado en que la inversión programada fue de $56.693 millones, pero solamente se ejecutaron $15.898 millones (28,0%), indicio del rezago existente y del moderado avance de la gestión administrativa y financiera.
Cuadro 3. Comportamiento de ingresos y gastos de la UPTC (en millones de pesos)
Como se puede observar en el cuadro anterior, la tendencia hacia el autofinanciamiento ha sido creciente, lo que significa basar el financiamiento de los gastos de funcionamiento y la inversión en los recursos propios, particularmente las rentas procedentes de las matrículas de pregrado y posgrado, así como los programas de educación continuada y los proyectos de extensión, que en los últimos dos años saltaron de $79.478 millones a $85.630 millones, equivaliendo a 54,4% de las rentas generadas internamente. La proporción restante estaba representada en los rendimientos financieros ($55.000 millones), inédita fuente de recursos, además del presupuesto administrado por Unisalud ($16.000 millones), lo que sobreestima los ingresos de la universidad.
Cuadro 4. Nivel de ejecución del gasto en la UPTC (en millones de pesos)
Es sorprendente que, pese a que la universidad, a diferencia de las demás universidades públicas que tienen un saldo en rojo en sus cifras presupuestales, muestra una boyante situación financiera, esta no se ha encauzado hacia las prioridades estratégicas que fortalezcan , además de su planta física,- teniendo en cuenta el aumento de la cobertura de la matrícula universitaria (más de 30.000 estudiantes)-, su nómina docente, dado que de los 1.920 profesores vinculados, el 27,7% son de planta, predominando la contratación docente temporal, que es la que sostiene la apertura de nuevos programas aquí y allá(v.gr. Aguazul, en Casanare donde se pretende crear –con el programa de pregrado de Derecho-la cuarta sede seccional de la UPTC).
- 4. Dentro del informe presentado hay aspectos que son mencionados de soslayo o son omitidos. Uno de esos es la reforma administrativa implantada a rajatabla, incorporándose sólo 735 funcionarios, 70% en provisionalidad, de cara a un incierto concurso de méritos. Asimismo, se convocó a un concurso docente mal concebido, diseñado y realizado, en que únicamente fueron provistas 21 plazas (17% de las vacantes), no obstante pese a la urgencia de disponer de una planta acorde con una población estudiantil que supera los 30.000, a lo que se añade la expedición de una maltrecha norma que reglamenta la vinculación de los profesores ocasionales, esta redujo la estabilidad de los mismos. De igual manera, desató un comprensible malestar la reforma a la reglamentación de los programas de posgrado que ha dificultado su funcionamiento y desmejoró la remuneración docente, no obstante la buena racha financiera de la universidad. No resultan irrelevantes los 70 hallazgos encontrados por la Contraloría General de la República (CGR) al cierre de 2016, en que abundan las menciones a sobrecostos, atrasos en las obras, procedimientos irregulares, incumplimiento contractual, deficiencias en la planeación, supervisión, control e interventoría de los contratos, y así un largo etcétera, que está contenido en los informes periódicos del organismo de control a lo largo del año pasado, los cuales tienen un indudable detrimento presupuestal.
Por último, nada se dice acerca de los protuberantes fallas en el sistema de votación electrónica, que condujo a la suspensión del calendario electoral de 2016 y al retorno del tarjetón electoral. Como si fuera poco, desde diferentes orillas se reclamaba una reorientación en la gestión académico-administrativa de la universidad, reclamación que fue desoída, pues, pese a toda la parafernalia de anuncios e inauguraciones, el anquilosamiento institucional se ha apoderado de la UPTC. Este es el caso de directivos inamovibles, como el ratificado decano de la FESAD[9]. Todo ello hace pensar en un engranaje inmóvil cuya pieza central es una estructura de poder, lubricada con contratos y canonjías. El reciente nombramiento de la nueva directora de Planeación es la evidencia más palpable.
[1] De los 991 funcionarios definidos en la planta de personal administrativo, para la que aún no se ha convocado a concurso público de méritos, 735 fueron incorporados y 256 están sin nombrar.
[2] Como se ha sostenido, las metas formuladas tienen una línea base (año 2015, inicio del actual periodo rectoral) arbitraria y voluntarista, resultante de un diagnóstico superficial. En estos documentos no se diferencian los indicadores cualitativos de los cuantitativos, lo que significa mezclar peras con manzanas. A lo anterior se añade que para financiar los programas y proyectos, el plan no previó ni la magnitud ni la fuente de los recursos requeridos.
[3] En el informe se incluyó un cumplimiento de 100%, pero, a renglón seguido, se precisa que fue de 90,4% (página 10).
[4] Para 2017 se han fijado 155 metas.
[6] En el Plan Maestro Institucional se formularon una proyecciones presupuestales para el periodo 2015-2026, cuyos supuestos (IPC: 3% y crecimiento del PIB: 5,5%) están desfasados, evidenciándose una subestimación de los ingresos y sus principales ítems, como lo refleja la situación observada en los dos primeros años.
[7] El 14 de marzo se declaró desierta esta invitación pública, cuya cuantía había sido fijada en $21.137 millones y una interventoría técnica, administrativa, financiera y contable por la bicoca de $1.351 millones.
[8] Esta cifra corresponde a la apropiación total y es la que aparece reportada en la página 24 del documento de Rendición de cuentas de la vigencia 2016.
[9] A pesar que el Acuerdo 067 de 2015 establece unos requisitos para la designación de los decanos como administradores académicos, cuyo periodo es de dos años, al decano de la FESAD se le ha asimilado como empleado de libre nombramiento y remoción, contrariando lo dispuesto en el artículo 15 de la estructura académica de la universidad.
